El Poder Ejecutivo echó marcha atrás y ya no buscará aumentar la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en las rentas por ahorros o excedentes que distribuyen cooperativas y asociaciones solidaristas.
Estos son parte de los cambios que propuso el Gobierno para darle viabilidad política a los proyectos de ley que impulsa en el Congreso, en el marco de su programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.778 millones en tres años, atado a un ajuste de las finanzas públicas.
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La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) estableció que la tasa del gravamen sobre rentas de excedentes sería gradual en el caso de las cooperativas. La ley estableció que pasaría de un 7% a un 10%, con un aumento de un punto porcentual (p.p.) cada año, a partir de la entrada en vigencia de la reforma fiscal en 2018 (la tasa hoy es de un 9%).
Las asociaciones solidaristas, por su parte, cobran una tarifa escalonada de 5% hasta un salario base (¢462.200), de 7% hasta dos salarios base (¢924.400) y de 10% a partir de ese monto, también en materia de excedentes.
En cuanto a los ahorros a plazo en ambos tipos de entidades, la Ley 9.635 estableció que estas retendrían una tasa del 8%, a partir de un límite exento de medio salario base (¢231.050) sobre el monto de la operación.
Con el nuevo proyecto, el Gobierno pretendía ir más allá y pasar a un impuesto general del 15% para todas estas operaciones. Con este movimiento pretendía que todas las rentas de capital pagaran por igual la tarifa básica del impuesto.
No obstante, ahora todo quedaría como estaba.
El Ministerio de Hacienda no ha brindado detalles de en cuánto mermará esta modificación las pretensiones fiscales de la iniciativa de ley, que –junto con otras medidas– buscaba incrementar los ingresos del Estado en unos ¢120.000 millones anuales (0,34% del PIB). De cualquier manera, el ministro Elian Villegas comentó que los cambios se consultaron técnicamente con el Fondo y que los objetivos fiscales de la agenda se mantienen aún si se aplican.
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El proyecto
El proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste en Tarifas de Rentas de Capital (22.369) se propone aumentar la recaudación del Estado a través de tres medidas: homologar en un 15% la tasa de las rentas de capital (algunas hoy tienen tratos diferenciados), eliminar la no sujeción del ISR que existe sobre el salario escolar que se paga cada año a los empleados del sector público y aumentar en 5 p.p. las tarifas sobre las remesas.
Además, plantea que la tasa para todas las rentas de capital aumente en 1,5 p.p. por los próximos dos años.
Otro de los aspectos en que retrocedió el Gobierno fue precisamente sobre la posibilidad de aumentar las remesas relacionadas con reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros; así como las de utilización de películas, grabaciones, discos, historietas, noticias internacionales y similares.
En cuanto al cobro de renta sobre el salario escolar, el Ejecutivo mantiene la propuesta, con una reforma en su modelo de cobro. La intención es equiparar el pago que se haría sobre este monto con el de cualquier otro salario.
Esta medida, asegura Hacienda, permitiría acceder a un 0,12% del PIB anual.
Los cambios propuestos al proyecto de ley buscan convencer a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que dictaminen positivamente el proyecto y para que le permitan continuar su trámite legislativo. El plazo para que ese foro tome una decisión vence el día 16 de este mes de setiembre, indicó la presidenta legislativa Silvia Hernández, en reunión de jefaturas de fracción del 26 de agosto pasado.
La iniciativa ha sido adversada por el sector asegurador y por el sector cooperativo, entre otros, cuyo rechazo también adoptaron varios diputados.
En el caso del sector asegurador, los cambios propuestos por el Gobierno solucionarían sus observaciones; sin embargo, en el caso del sector cooperativo solo parcialmente.
Si bien ahora el Gobierno excluiría la repartición de excedentes y las rentas por ahorros del aumento tarifario, se mantendría la intención de aumentar directamente al 15% (como tarifa base de rentas de capital) la carga sobre todos los títulos valores que emitan estas entidades.
También se mantendría el aumento a un 15% para los rendimientos de títulos valores emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que hoy están en un proceso de aumento gradual de 1 p.p. cada año (actualmente en 9%).
La decisión final sobre el proyecto y sobre si los cambios que propone el Ejecutivo al mismo serán o no suficientes será responsabilidad de los diputados. Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la comisión de Jurídicos, dijo a EF el 6 de agosto pasado que hasta ese momento no había ambiente para avanzar con la iniciativa tal como estaba planteada en ese momento.
El Gobierno inicialmente también planteó en este mismo proyecto eliminar en un 50% la exoneración de renta sobre los rendimientos de fondos de pensiones complementarias; sin embargo, se retractó ante el rechazo de muy diversos sectores.
Agenda FMI en apuros
El Gobierno corre para viabilizar el trámite político de los proyectos de ley relacionados con el ajuste fiscal convenido con el FMI. La urgencia se explica porque el país será evaluado en las próximas semanas por el organismo internacional, en un proceso que tomará en cuenta el avance de estas reformas y otras metas que se plantearon para balancear las finanzas públicas en el corto plazo.
Esta evaluación es esencial para que el país pueda mantener abierta su línea de financiamiento con el Fondo y también se prevé como una señal de gran impacto (positivo o negativo) para los mercados y las calificadoras de riesgo por parte de las autoridades.
La agenda está compuesta por medidas administrativas y legislativas.
Dos tercios del ajuste fiscal se alcanzarían a través de la aplicación de la regla fiscal, medidas administrativas de contención y la entrada en vigencia de la reforma al empleo público (pendiente de trámites en el Congreso, a la espera de la resolución completa de la Sala Constitucional sobre su contenido).
El tercio restante correspondería a cinco proyectos de ley relacionados con ingresos, incluido el 22.369.
Todas estas iniciativas se presentaron desde finales del 2020 e inicios de 2021. Por este motivo, vencerán su plazo máximo para dictamen entre mediados de este mes e inicios de noviembre.
No obstante, el panorama para ellos es complejo. Diputados de corrientes mayoritarias en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Restauración Nacional (PRN) y el bloque independiente Nueva República, entre otros, se han manifestado en contra de aumentar los ingresos estatales con reformas en materia de impuestos y en el resto de grupos legislativos persisten dudas y divisiones de criterio.
Incluso algunas de las propuestas del Ejecutivo son adversadas por el candidato presidencial del partido de gobierno, Welmer Ramos; como la imposición de renta sobre el salario escolar, entre otras.
Pese a ello, el Gobierno sostiene que buscará las mayorías necesarias para seguir adelante con las medidas. Así lo indicó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, en una reciente visita al Congreso.
Por este motivo el Gobierno presentó distintas propuestas de cambios a sus iniciativas, el 9 de setiembre pasado. El objetivo de estas es atender algunas de las cuestiones señaladas por congresistas para oponerse a algunos de los proyectos.