Con la aprobación legislativa del programa para una facilidad de servicio ampliado (SAF, por sus siglas en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica se comprometió a ser evaluado periódicamente por el organismo internacional a partir del segundo semestre del 2021.
Como contrapartida del financiamiento por $1.778 millones por un período de tres años, el FMI revisará que el país cumpla con una serie de metas cualitativas y cuantitativas que –según las estimaciones de ambas partes– permitirían estabilizar la deuda pública costarricense a partir de 2023.
EF le explica qué implican estas revisiones para Costa Rica.
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¿Qué tipos de metas implica un SAF-FMI?
Como parte de un programa SAF, el país que opta por el financiamiento debe comprometerse a aplicar “medidas orientadas a superar los problemas económicos y estructurales”, según establece el propio organismo en su ficha técnica sobre este tipo de operaciones.
Estas metas bien pueden ser la adopción de medidas estructurales (reformas a largo y mediano plazo) o condiciones cuantitativas (como logros fiscales o de política monetaria).
¿Qué condiciones pactó Costa Rica?
Costa Rica recién accedió a un financiamiento por $1.778 millones, los cuales se desembolsarían a través de seis tractos casi idénticos en tres años.
El Fondo dará su primer desembolso sin condiciones y de manera “automática”; sin embrago, los siguientes cinco dependerían precisamente de la revisión de las metas convenidas.
En cuanto a las referencias cuantitativas, la carta de entendimiento entre FMI y Costa Rica establece una serie de indicadores. Los principales para la primera revisión serían sostener un déficit financiero primario menor a los ¢390.000 millones; un mínimo de reservas internacionales netas (RIN) de $3.660 millones; y un techo de la deuda pública de ¢26,6 billones.
Además de esos criterios meramente cuantitativos, el acuerdo incluye una serie de medidas estructurales de referencia. Para la primera revisión, que ocurriría en octubre, se analizaría la aprobación del plan de empleo público, que busca corregir las dinámicas crecientes que en la actualidad caracterizan el gasto en remuneraciones del sector público.
El Gobierno además propuso al Fondo impulsar varios proyectos de ley de corte recaudatorio, con el objetivo de reducir la brecha entre gastos e ingresos del Estado. Estos proyectos ya se discuten en el Congreso; sin embargo, caminan a paso lento.
Las iniciativas de ley no son metas en sí mismas sino una especie de herramientas para cumplir las metas cuantitativas, según explicó a EF el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero.
El FMI las considera esenciales para que el país pueda cumplir con dichos objetivos fiscales. La jefa de la misión del FMI que visitó a Costa Rica en enero pasado, Manuela Goretti, incluso dijo en conferencia de prensa que para el Fondo sería importante contar con aprobaciones antes de junio.
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¿Cuándo se revisará a Costa Rica?
El Fondo realizará revisiones semestrales de Costa Rica, las cuales permitirán al organismo analizar el avance del país en sus metas cuantitativas y estructurales, y así determinar si realiza o no los desembolsos del programa de financiamiento.
Los desembolsos son por montos casi idénticos, de entre $290 y $300 millones.
Estas revisiones, según la carta de entendimiento, se realizarán en referencia a los datos de julio y diciembre de 2021, junio y diciembre de 2022, y junio de 2023; siempre a mediados del siguiente semestre.
¿Cómo funcionan las revisiones?
Para cada revisión semestral, el Fondo enviará –presencial o virtualmente– una misión encargada de analizar los pasos de Costa Rica, y solo este grupo técnico decidirá si el país es o no merecedor de continuar con el flujo de la línea de crédito.
Si el Fondo considera que no existen suficientes avances en la agenda convenida, puede suspender la operación; con las implicaciones que ello tendría para la confianza de los mercados nacionales e internacionales en el país.
Según Cubero y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, un movimiento de ese tipo no solo encarecería las tasas de interés que paga el país por su deuda, sino que además podría trasladar tensiones a indicadores clave para el bienestar de la población, como las tasas que ofrece el sector financiero al sector privado, el tipo de cambio o la inflación.
¿Es posible modificar el programa?
El FMI siempre deja abierta la puerta para “adaptar” los programas bajo la modalidad de SAF ante nuevas condiciones. Según la ficha técnica de estas operaciones, en cada revisión ambas partes pueden “usar los exámenes para modificar el programa en función de la evolución económica”, en conjunto.
Esa flexibilidad, según Cubero, existe porque la situación económica “puede sugerir o indicar un cambio en diferentes direcciones”.
“Eso es normal y se entiende que en cada división se pueden replantear incluso las metas mismas, y también las políticas para alcanzar esas metas”, describió el jerarca, quien en el pasado trabajó para el Fondo y se desempeñó como jefe de misión en algunas operaciones.
Cubero explicó que el Fondo además podría comprender cambios que se introduzcan en los proyectos planteados en el Congreso, siempre y cuando existan medidas remediales para garantizar que no se pierdan sus efectos fiscales.
¿Cuál es la meta final del SAF para Costa Rica?
Más allá del financiamiento en condiciones blandas, el programa busca generar las condiciones para que Costa Rica revierta su déficit financiero primario, que en 2020 fue del 3,5% del PIB; y más bien alcance un superávit del 1% de la producción en 2023.
Ese cambio, según los equipos técnicos del Fondo y del Gobierno de Costa Rica, sería esencial para que el país reduzca sus necesidades de financiamiento y, como consecuencia, sus niveles de endeudamiento interno y externo.
