El proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas de rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal (22.369) es la iniciativa de la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que avanza con mayor fuerza en el Congreso.
Aún así, su panorama es poco prometedor y más bien parece acercarse cada vez más a un posible rechazo.
La iniciativa pretende tres objetivos: estandarizar en 15% las tasas a las rentas de capital y aumentarlas en 1,5 puntos porcentuales (p. p.) por dos años; gravar con el Impuesto sobre la Renta (IsR) el salario escolar que reciben los empleados del sector público; y aumentar en 5 p. p. todas las tasas de renta sobre las remesas.
El Ministerio de Hacienda sostiene que estas tres medidas permitirían al Estado incrementar en 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB) sus ingresos para el año 2023; es decir, unos ¢120.000 millones anuales.
LEA MÁS: Costa Rica aprueba programa de financiamiento con FMI y recibirá primer desembolso por $296 millones
Esa cifra es la segunda mayor del ajuste convenido con el FMI en materia de nuevos ingresos, solo por detrás del eventual establecimiento de un sistema de renta global para las ganancias personales, que además aumentaría la base de contribuyentes.
A pesar de ser un texto pequeño, el proyecto 22.369 toca puntos controversiales y ya genera la resistencia de una gran cantidad de legisladores.
Por ejemplo, la homologación de rentas de capital en 15% implicaría mayores cargas para los inversionistas de los sectores cooperativo y solidarista; mientras que la eventual aplicación del impuesto de renta al salario escolar implicaría una carga para los trabajadores del Estado. Asimismo, el aumento en las rentas de remesas tocaría mercados como el de los reaseguros, otro punto que produce anticuerpos.
El proyecto es el que ha recibido una mayor cantidad de audiencias en el Congreso y en cuanto a su procedimiento avanza a buen ritmo. Sin embargo, según explicó a EF el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la comisión de Jurídicos (que tramita el proyecto), Jorge Fonseca, parece tener por delante un posible rechazo. Según comentó, el texto simplemente “no tiene ambiente” y previó un dictamen negativo, tomando en cuenta las posiciones que ha escuchado en el foro: incluida la suya.
Múltiples objeciones
Para que el proyecto avance con un dictamen positivo de mayoría al plenario legislativo tendría que convencer al menos a unos tres diputados de oposición y sostener el apoyo de las dos oficialistas en la comisión de Asuntos Jurídicos.
Ese foro lo integran Franggi Nicolás (presidenta), Jorge Fonseca y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Paola Vega y Carolina Hidalgo, de Acción Ciudadana (PAC); Mileyde Alvarado, de Restauración Nacional (PRN); Pedro Muñoz, de Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).
El proyecto no podría sumar los votos suficientes para un dictamen positivo con esa integración, según dijo a EF el diputado Fonseca, quien aseguró que los diputados acogen en su mayoría las observaciones en contra que realizaron sobre el proyecto representantes del sector de las aseguradoras, de las cooperativas y del sector público, entre otros.
“Este proyecto, desde mi óptica y desde la óptica de varios otros diputados que he oído en la comisión, sencillamente no tiene ambiente”, subrayó.
Esto se suma a la negativa que de igual manera habían anunciado la mayor parte de las fracciones del PUSC, del PIN, del PRN y del bloque independiente Nueva República (sin presencia en la comisión) ante cualquier reforma tributaria en los próximos meses; incluida la que se analiza en Jurídicos.
La presidenta de ese foro, Franggi Nicolás, indicó recientemente a EF que la situación de los proyectos de la agenda con el Fondo que se tramitan en la comisión que dirige es delicada, pues –desde su punto de vista– el Ejecutivo no se ha preocupado por buscar acuerdos y viabilizar los convenios con el organismo internacional.
Incluso la oficialista Paola Vega enfatizó en una audiencia con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, el 30 de junio pasado, que ella no tendría problema en apoyar la propuesta; pero que aún en ese momento requería mayor información para descartar que sus efectos no fueran peores que los de no aprobarla, para cada uno de los sectores clave.
Fonseca considera que el Gobierno ya debe dar por perdidas las iniciativas y que, según estima, “quiere dejarle la torta al próximo gobierno”.
El ambiente negativo para este proyecto era esperable si se toma en cuenta que los mismos diputados de este cuatrienio fueron los que establecieron las tarifas reducidas de rentas de capital, como parte de la reforma fiscal aprobada a finales de 2018; y además rechazaron tramitar, desde finales de 2020, un proyecto de ley que proponía el Ejecutivo para gravar el salario escolar.
LEA MÁS: Pese a la aprobación del ‘programa FMI’, proyectos relacionados caminan entre tensiones
Cambios conflictivos
Pese a que el proyecto de ley únicamente consta de siete artículos, generó reacciones negativas de distintos sectores. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, así como el sector de los seguros, realizaron observaciones en diferentes audiencias legislativas.
En su primer artículo, la iniciativa pretende aumentar las tarifas del impuesto a las remesas al exterior en 5 p. p.; entre ellas las de los reaseguros, que pasarían de pagar 5,5% a 10,5%.
Este punto “obligaría a subir entonces las tarifas a los asegurados”, según indicó a los diputados Giancarlo Caamaño, presidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP), el 23 de junio pasado.
A ese criterio se sumó el de Tomás Soley, superintendente general de Seguros, quien añadió, este 21 de julio, en audiencia con los legisladores, que el cambio podría afectar la estabilidad y la eficiencia del mercado.
Los artículos segundo y el tercero homologarían las tarifas del IsR a las ganancias de capital en un 15%; lo cual tendría un impacto directo sobre los cobros que retienen el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, las cooperativas de ahorro y crédito, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y las asociaciones solidaristas por sus valores, los ahorros a plazo y la repartición de excedentes.
Esos importes actualmente son menores, de manera transitoria o permanente.
Este punto, según el sector cooperativo, podría desincentivar la participación de ahorrantes y afectar a rentistas de “supervivencia”. Según dijo en audiencia legislativa el gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac), Adrián Rodríguez, el 9 de marzo pasado, 60% de los ahorrantes a plazo cooperativos tienen acumulados menos de ¢75 millones y son personas de más de 55 años que utilizan sus ganancias del ahorro, en su mayoría, para cubrir gastos básicos.
Este sector, dijo Rodríguez, sufriría un incremento directo porque en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (9.635) se estableció que las rentas no bursátiles de ahorrantes cooperativos pagarían siempre 7% y eso es menos de la mitad de lo que ahora se plantea.
Por otra parte, los artículos cuarto, quinto y sexto se encargarían de eliminar la no sujeción del salario escolar al IsR. Esta modificación ha sido objetada por representaciones sindicales desde hace varios meses, pues se trata de una intención que el Ejecutivo ha venido planteando desde 2020 sin mayor éxito en el Congreso.
Además de los seis primeros artículos, el proyecto establece en uno séptimo que da al Poder Ejecutivo un plazo de un mes para reglamentar los cambios propuestos. Un único transitorio también plantea aumentar en 1,5 p. p. la tasa de las rentas de capital (a un 16,5% general) por un periodo de dos años.
En una reciente conversación con EF, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que la posición de las fracciones que rechazan los proyectos relacionados con el FMI dejan al país “en un escenario difícil”, pues se trata de proyectos esenciales para cumplir con las metas fiscales de recuperación que se pactaron con el organismo internacional y que son necesarias para evitar una crisis por los acumulados de deuda pública en el mediano plazo.
En esa línea, dijo que si se mantiene la oposición a los proyectos el Gobierno esperaría escuchar planes remediales por parte de los diputados, pues “no se vale solo decir que no”.
“Si están diciendo que no, está bien; pero yo quiero ver una propuesta concreta de ajuste fiscal, porque no se vale hablar sin números, no buscamos eslóganes de campaña, buscamos números”, subrayó.
