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Costa Rica suscribió una facilidad de servicio ampliado por $1.778 millones con el FMI y, como contrapartida para obtener los desembolsos de la línea de crédito, deberá cumplir con metas cuantitativas y reformas estructurales. Foto: Casa Presidencial.
Costa Rica cumple por el momento con las principales metas cuantitativas de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la primera revisión que realizará el organismo prevista en octubre y de la cual dependerá un segundo desembolso por unos $300 millones de los $1.778 millones totales convenidos.
Sin embargo, existe una piedra en el zapato: el trámite del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) depende aún de su consulta de constitucionalidad, a pesar de que se definió como una meta estructural del acuerdo (de relevancia mayor). Además, las iniciativas que se plantearon para incrementar los ingresos del Estado apenas caminan en el Congreso.
El presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el Fondo, Rodrigo Cubero, aseguró en entrevista con EF que la buena marcha con respecto a las metas cuantitativas auguran un resultado favorable para cierre de 2021; sin embargo, reconoció que existe gran expectativa de qué pueda ocurrir con el plan de empleo público en consulta de los magistrados constitucionales.
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Este es un texto fundamental para los objetivos del programa con el Fondo, que busca sanear la creciente deuda pública del país; pues permitiría estabilizar de la inversión del Estado en materia salarial y eliminar el efecto multiplicador de los actuales pluses.
Pese a ello, el Ministerio de Hacienda espera un resultado favorable de la primera revisión. El ministro de la cartera, Elian Villegas, opinó que los resultados fiscales son alentadores, a pesar de que ciertamente el avance en la batería de proyectos de ley de corte fiscal y para obtener nuevos ingresos siguen lejos de ser aprobados y más bien acumulan anticuerpos entre legisladores.
Los límites
Costa Rica acumula, hasta el 30 de junio, ¢26,2 billones de deuda pública (Gobierno Central), un superávit primario (diferencia positiva entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses) de ¢170.000 millones y reservas internacionales netas (RIN) de $3.727 millones.
Estos son resultados alentadores para cumplir con las tres principales metas cuantitativas o criterios de evaluación que estableció el FMI para su primera evaluación del programa. Esta tomará como referencia el desempeño del país hasta el 31 de julio próximo.
Según dicta la carta de entendimiento suscrita por el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario, la deuda pública tendría un techo de ¢26,6 millones hasta esa fecha; mientras que el balance primario a lo sumo podría alcanzar un déficit de ¢390.000 millones y las reservas netas no podrían caer por debajo de los $3.660 millones.
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Este cumplimiento, según Cubero y Villegas, permiten vaticinar una buena evaluación por parte del Fondo. El problema surge cuando se analizan los requisitos prácticos de ajuste.
Uno de los principales pilares del acuerdo es la aprobación de una ley que regule el empleo público y detenga el impacto creciente de las remuneraciones estatales en el balance fiscal del país. La reforma en esa materia está bajo análisis de constitucionalidad y de ese proceso dependerá que pueda llegar a su votación en segundo debate y en qué plazos.
Si la reforma supera esta consulta, deberá conseguir el respaldo de al menos seis legisladores más de los que lo hicieron en primer debate; cuando recibió el apoyo de 32, 15 la rechazaron y otros 10 se ausentaron.
Asimismo, el resto de proyectos que se plantearon para aumentar los ingresos del Estado, incluidos una reforma estructural del impuesto popularmente conocido como el impuesto “a las casas de lujo” y otra al impuesto sobre la renta para personas físicas, apenas avanzan en sus primeras etapas legislativas; a pesar de que la jefa de misión que visitó a Costa Rica en enero de este 2021, Manuela Goretti, advirtió de su importancia para la primera revisión que haría el organismo.
Optimismo
Rodrigo Cubero opinó que los resultados fiscales de Costa Rica son buenos y hablan bien del compromiso del país para mejorar sus finanzas, a pesar de la tardanza en cuestiones legislativas. Dijo que los resultados financieros representan una recuperación económica mejor de la esperada y esfuerzos de contención del gasto público.
“Hay buenas noticias por ambos lados y esa marcha firme hacia el cumplimiento de las metas cuantitativas del primer corte, al 31 de julio, es un paso que nos permitirá llegar a esa primera revisión con una buena nota”, comentó.
Cubero sí señaló que todavía queda camino por recorrer en materia de reformas tributarias y estructurales, pero consideró que los mercados y el FMI “entienden” que “en una democracia madura como la costarricense los procesos de discusión legislativa a veces pueden alargarse”.
El ministro Villegas, por su parte, añadió que es evidente que el Gobierno se ha comprometido con la agenda legislativa del Fondo, hasta el punto de que le dedicó gran parte de sus sesiones extraordinarias al trámite exclusivo del plan de empleo público.
“Este proyecto además es una parte importantísima en el ajuste estructural y para mantenerlo en el futuro, porque nos permite contener un gran problema que tenemos en este momento, y desde ese punto de vista es fundamental para el equilibrio fiscal, sobre todo con una contención muy importante del crecimiento del gasto en remuneraciones”, afirmó el jerarca.
Villegas además destacó que el país ha venido realizando esfuerzos para disminuir sus pagos en intereses, y que ahora solo falta “un empujoncito en el lado de los ingresos” que permita consolidar superávits primarios.
Ese “empujoncito” se refiere a los cinco proyectos para allegar nuevos ingresos a la Hacienda pública pendientes en el Congreso.
Sobre la reticencia de fracciones como de Restauración Nacional (PRN), del bloque independiente Nueva República y una mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC), entre otras menores, a avanzar con iniciativas de nuevos ingresos, Villegas analizó que se trata de una postura que no debería generalizarse para que el país alcance un equilibrio financiero que necesita.
En enero pasado, la jefa de misión del Fondo, Goretti, aseguró que cada medida señalada en el acuerdo representa una herramienta para alcanzar los objetivos esperados del programa: estabilizar la deuda pública y reducir su acumulado a partir de 2023.
Pese a ello, la presidenta del Congreso, SIlvia Hernández, ya advirtió al Gobierno de que si quiere que la agenda avance deberá conversar y negociar en Cuesta de Moras. Ella señaló tras la aprobación del acuerdo macro con Fondo en segundo debate que el programa busca materializar una agenda que evite un “sendero explosivo” de la deuda, pero que el Gobierno debe ”ser congruente” y buscar acuerdos políticos viables en esa línea.
