José Eduardo Alvarado, gerente general de la Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae), expresa abiertamente su rechazo al proyecto de ley que pretende gravar con el impuesto de renta los excedentes que generan estas instituciones.
Acepta que visitó numerosas veces la Asamblea Legislativa para reunirse con al menos 40 diputados. Muestra el carné que le dieron en la Unidad de Seguridad del Congreso: “fecha de entrega: 26-09-2018, fecha de vencimiento: 26-09-2019”, se lee en el documento.
Está seguro de que en el país “no existen cooperativas grandes” y de que el texto presentado por los legisladores “se hizo con ligereza”. A continuación la entrevista que brindó a EF.
—¿Qué les parece bien y qué no les gusta del proyecto de ley?
—El proyecto de ley, todavía a estas alturas y después del tiempo que ha pasado, nos cuesta entender un poco cómo nace, por qué nace, de quién nace. Aunque sí está muy claro el hecho de que en una necesidad de recursos que tiene el Estado, una crisis fiscal como la que vivimos, pues hay que buscar plata de donde sea y traerla para tratar de solucionar el problema del país. Esa parte sí la entendemos.
—¿Que cosas todavía no entienden sobre esta discusión?
—Nosotros ya nos habíamos sentado con la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) y con todo su equipo y ya habíamos construido un acuerdo formal, serio, que hoy día forma parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Fue tan serio que ahí está, plasmado con puntos y comas.
“Entonces de esa manera el movimiento cooperativo se hizo presente, una vez más dijo aquí estamos y construimos un acuerdo. ¡Sorpresa! De repente un día apareció un nuevo proyecto, que es el 21.017, apareció en forma inesperada, de la noche a la mañana”.
—Pero no es inesperado, un acuerdo de las siete fracciones del Congreso permitió construir el proyecto. ¿Entonces no sé con cuánta sorpresa los pudo tomar el texto?
—A ver, la sorpresa viene de que ya existía un acuerdo, o sea, si yo me siento con cualquier persona y firmo un acuerdo y digo, ok vamos a ir por esta dirección, ¿por qué mañana el acuerdo no vale unilateralmente?
—El acuerdo se firmó con el Ejecutivo no con el Legislativo
—Correcto. El acuerdo fue con el Ejecutivo, con el Ministerio de Hacienda. El tema es ese, que el Ministerio de Hacienda en ningún momento levanta la mano y dice: ‘Sí ya tenemos un acuerdo y ya eso no’ (en relación con el proyecto de ley para gravar con renta los excedentes de las cooperativas). Al contrario, Hacienda más bien asume una posición de aliado a una idea que surge, repetimos, y nos cuesta entender por qué y de dónde sale.
—¿Ustedes lo conversaron después con la ministra de Hacienda o con algún jerarca del Gobierno?
—No, ya no fue posible. Fue demasiado radical el cambio de postura. Sin explicación, sin nada. Nada más hay un nuevo proyecto de ley.
“(...) Lo cierto del caso es que es una iniciativa que finalmente no se construye correctamente, se construye con mucha ligereza, con mucha precipitación. Finalmente, lo que presentan como un nuevo proyecto de ley, aparece lleno de inconsistencias inconstitucionales y legales desde todo punto de vista. Todo esto se pudo haber evitado".
Fricciones con el Gobierno
—¿Después de la presentación del proyecto ustedes buscaron conversar de nuevo?
—Tratamos de buscar el diálogo y se levantó toda una campaña del tema del lobby cooperativo. ¡Dios santo! ¿Con quién hablamos o cómo vamos a hablar si no vamos nosotros personalmente a buscar el diálogo? Eso no fue posible.
“Más bien se censuró, más bien se nos recriminó y lo cierto es que el diálogo no se logró recuperar. El proyecto inició su trámite y nosotros de cualquier manera hemos tratado de dejar bien clara nuestra posición y mensaje. Me parece que en enero, en el mes que se dedicó a escucharnos y a concedernos espacios en la Comisión (de Asuntos Económicos), todo el material quedó en manos de los señores diputados y ahora ellos tienen criterio suficiente”.
—De hecho se notó un cambio, cuando se hizo el proyecto de ley se dio una alianza de las siete fracciones del Congreso para aprobar el texto cuanto antes, y ahora, después del lobby cooperativista y de las audiencias en la Comisión de Económicos, ese apoyo se tambalea. ¿Les satisface el resultado de estos procesos de diálogo?
—Totalmente satisfechos porque de lo único que se trató fue de que nos abrieron el espacio para explicar lo que somos. Algo tan elemental como que aprobar una ley que aplique por igual a todo el cooperativismo no es posible, porque los sectores cooperativistas somos diferentes, uno es el sector de autogestión, otro es el de ahorro y crédito, otro el agroindustrial, otro el de electrificación, y los mundos de cada uno de los sectores no se pueden tratar en forma plana o igual.
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—¿Cómo fue el proceso de diálogo en el Congreso?
—Hubo de todo. Hubo diputados que en ningún momento se abstuvieron de conversar con nosotros, hubo diputados que nos da la impresión de que se asustaron por el ataque mediático que sufrieron, verdad.
“A ver, había diputados que te expresaban ‘aquí yo atiendo a todo el mundo, mi tarea como legislador está en escuchar a todo el mundo’, completamente claros y bien ubicados en su realidad. Hubo otros que después como que el espacio se cerró, pero bueno, lo cierto del caso es que en las audiencias (en la Comisión) ahí no había margen para una posición diferente, había que conversar. Nos escucharon y nos hicieron muchísimas preguntas. Al final del proceso terminamos realmente satisfechos".
Argumentos para oponerse
—¿Cuáles son las observaciones puntuales por las que ustedes se oponen al proyecto?
—Por definición, por la naturaleza jurídica de las cooperativas, estas instituciones no son dueñas de los excedentes. Nadie puede disponer de los excedentes. (...) La Ley establece que todos los excedentes, sean brutos o netos, le pertenecen al asociado y como tales, la cooperativa debe darles ese destino final.
“Es ahí donde cualquier aplicación de renta es consistente, de hecho desde 1982 los excedentes de los asociados están gravados con impuesto de renta, sin ningún inconveniente, cada vez que se hace la liquidación del ejercicio nosotros retenemos el porcentaje correspondiente (5% según la Ley y con la reforma fiscal aumentará primero al 7% hasta llegar al 10% progresivamente) y lo transferimos al Estado sin ningún problema”.
—¿Ese es un punto que ustedes consideran que podría ser inconstitucional?
—De hecho así lo dicen los expertos. Así lo ha dicho Rubén Hernández (abogado constitucionalista), lo llevamos como un criterio experto a la Comisión y él explicó con lujo de detalles desde el punto de vista constitucional, pero muy simple en el sentido de decir que la cooperativa no es dueña de los excedentes, el Estado no puede gravar a la cooperativa, la cooperativa es el medio de producción, pero el dueño de los excedentes es el asociado.
—¿Cuál es la posición sobre que se graven las grandes cooperativas?
—Cuando no se conoce la esencia, el fondo, nosotros que somos asalariados vemos una cifra de miles de millones y nos impresiona, a un diputado probablemente lo impresione. Las cifras por sí solas no dicen la realidad de lo que hay detrás de ellas y los casos particulares de cooperativas como Coopenae y seguramente como Dos Pinos, pueden conducir a un error de interpretación a cualquiera.
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"(...), tomemos un ejemplo de Coopenae. Nuestra cooperativa es la que genera mayor volumen de excedentes en el sector nuestro. En 2018, el excedente neto a distribuir que lo llevaremos a la asamblea próxima es de ¢5.000 millones. Claro esa cifra parece mucho, pero cuando la dividimos entre casi 120.000 asociados el promedio es de entre ¢30.000 y ¢50.000 por persona, ¿quién es grande con ¢50.000 de excedentes en un año?
“Ese es un ejemplo que nos ayuda a entender que el concepto de grandeza que pusieron con ligereza en el proyecto de ley.
—¿Por qué no quieren que se le cobre el impuesto sobre la renta a los excedentes de las cooperativas?
—Dentro de todo esto hay un concepto que es fundamental entender. La cooperativa es una asociación voluntaria de personas y eso es diferente de una empresa mercantil que se constituye para lucrar, para generar utilidades y el que pone dinero ahí, lo pone para multiplicarlo.
“(...), entonces cuando se habla de cooperativas grandes, no, no existen cooperativas grandes. Lo que existen son cooperativas de un tamaño grande a los ojos naturales, pero compuesta por muchos pequeños, de tal manera que si vas a aplicar un impuesto, ¿para quién se crean los impuestos? Los impuestos se crean para los ricos, para los que tienen más poder (...), entonces cuando hablamos de aplicar impuestos a personas que devengan un excedente de ¢50.000 eso no tiene sentido, eso es una forma regresiva de impuestos, es gravar al que menos tiene”.
—Pero finalmente las cooperativas desarrollan actividades lucrativas como una empresa, ustedes, por ejemplo, hacen intermediación financiera y colocación de créditos igual que un banco, entonces sí existe una estructura que busca lucrar y que debe contribuir al fisco.
—Todo eso está definido en la Ley y resulta que eso no es lucro. En la ley está establecido que ese es el resultado de las operaciones entre los asociados de la cooperativa y eso, en el caso de nuestro sector, aplica literal. Aquí nosotros no hacemos operaciones con no asociados.
“Ve lo que dice el artículo 78 de la Ley de Asociaciones Cooperativas: ‘se estimará que las cooperativas no tienen utilidades. Los saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico correspondiente, son ahorros o excedentes que pertenecen a sus miembros, producidos por la gestión económica de la asociación, y por ello no se pagará el Impuesto sobre la Renta”.
—¿Qué esperan que salga de la Comisión de Asuntos Económicos sobre este proyecto de ley?
—Yo siento que quedó demostrado ante la Comisión, con los insumos que ellos tienen, con el trabajo investigativo que se realizó a lo largo de un mes que fue intenso, es que el proyecto se deseche y que construyamos un nuevo proyecto.
—¿Cuál sería el objetivo de este nuevo proyecto si ustedes se oponen a que se les grave con el impuesto sobre la renta?
—Algunas de las cosas que se han señalado están enfocados en temas de gobernanza, todo esto también está mezclado con este deterioro de la imagen tan fuerte que ha tenido el movimiento cooperativo por algunas situaciones que están resolviéndose en estrados judiciales, por denuncias. Todo eso permeó y atizó una hoguera que probablemente contribuyó con la ligereza y precipitación en el Congreso, entonces uno de los señalamientos fuertes es el tema de ordenar el movimiento cooperativo y fortalecer el gobierno corporativo.
—También los altos salarios que se pagan a los jerarcas del sector cooperativo generaron molestia durante la discusión del proyecto de ley.
—Aquí se pagan salarios competitivos, no hay más. Entonces ahora resulta que los gerentes son los que estamos enriquecidos por el salario, entonces nosotros los gerentes seguro tenemos que trabajar de gratis (...), el salario es el salario y lo inventa el mercado. Nadie se enriquece en esto.
Para entender mejor
- Durante la discusión del plan fiscal en el Congreso se presentó una primera versión del texto en el se proponía gravar con el impuesto sobre la renta los excedentes que generaran las asociaciones cooperativas en el país.
- Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el sector cooperativo eliminó esa parte del texto por lo que la reforma fiscal aprobada el 3 de diciembre del 2018 no grava con renta directamente a las cooperativas, pero en su lugar se aumentó la tasa que se cobra a los excedentes declarados que reciben los socios. Esa tasa actualmente es del 5% y pasará al 7% hasta llegar al 10% progresivamente en los próximos años.
- La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas también gravará con una tasa del 7% los certificados de ahorro a plazo que se emiten en las cooperativas.
- Con estas medidas, Hacienda estima que recaudará ¢20.000 millones anuales, frente a los ¢8.000 millones que recibe en la actualidad procedentes de este sector.
- El 10 de diciembre de 2018, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, hizo un llamado a los diputados para que graven una mayor cantidad a las cooperativas.
- Los legisladores presentaron, el 19 de diciembre, el proyecto de ley “Impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas”, que cobraría 10% a las cooperativas con excedentes entre ¢250 millones y los ¢750 millones y un 20% a aquellas que generen más de ¢750 millones.
- En Costa Rica operan 633 cooperativas que generan más de 350.000 empleos directos y aportan más de ¢8.000 millones anuales al fisco por concepto de retenciones a los excedentes que entregan a sus asociados, según datos de Luis Corella, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).