Por: María Luisa Madrigal, Laura Ávila, Manuel Avendaño Arce.   8 febrero

Atrás quedó la reforma fiscal. El nuevo proyecto de ley protagonista en la agenda del Congreso es el que pretende cobrar el impuesto de renta a los excedentes de las cooperativas. Una iniciativa que contaba con el apoyo de diputados de las siete bancadas y que ahora se tambalea.

El sector cooperativo quedó libre de pagar por las ganancias que producen, después de que la única moción sobre el tema se rechazó en el Plenario, durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La fallida enmienda fue impulsada por la legisladora María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El 19 de octubre un nuevo proyecto de ley se coló en el directorio legislativo, con la promesa de cobrar impuestos a los excedentes de las grande cooperativas. El texto se llama “Impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas".

Los principales promotores eran en ese entonces –casi al 100%– los mismos que dieron sus votos para la aprobación del plan fiscal. Cuatro meses después ese apoyo masivo parece haber quedado en palabras y firmas en un papel sin ninguna vinculación.

EF encuestó 39 legisladores, 35 de ellos aprobaron la reforma fiscal, para conocer posición sobre el proyecto. En la consulta se añadió a las diputadas Franggi Nicolás y Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Shirley Díaz, del PUSC, quienes estuvieron en contra del plan de impuestos, pero cuyos partidos apoyaron el gravamen a las cooperativas inicialmente.

Se dividió a los legisladores usando los colores de un semáforo. 56% dan luz verde al proyecto, 11% rechaza el texto y el 33% se detiene en amarillo y piden más tiempo para analizar la propuesta.

Los diputados Laura Guido, del PAC; Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz y María Inés Solís, del PUSC, y Yorleny León, del PLN (de izquierda a derecha), presentaron el proyecto de ley para cobrar impuesto sobre los excedentes de las cooperativas. (Foto: PLN para EF).
Los diputados Laura Guido, del PAC; Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz y María Inés Solís, del PUSC, y Yorleny León, del PLN (de izquierda a derecha), presentaron el proyecto de ley para cobrar impuesto sobre los excedentes de las cooperativas. (Foto: PLN para EF).
A favor de honrar la palabra

En octubre del 2018 con la reforma fiscal cociéndose en el Plenario, el proyecto de ley para gravar a las grandes cooperativas se presentó como un acuerdo entre fracciones. Los diputados dieron su palabra de que el proyecto se iba a convertir en ley, un simple trámite que, una vez aprobada la reforma, iba a pasar veloz por la Asamblea sin trabas.

En el bloque de bancadas que dieron sus votos a la reforma fiscal, el PUSC parece tener menos divisiones internas respecto al tema. De los nueves diputados socialcristianos siete están completamente a favor del proyecto.

María Inés Solís, Pedro Muñoz, Erwen Masís, Pablo Heriberto Abarca, Aracelly Salas, Rodolfo Peña y Óscar Cascante se mantienen firmes en su apoyo a la iniciativa

El documento está en la Comisión de Asuntos Económicos de la que Abarca es presidente. Aunque el congresista se declaró a favor del texto, detalló que a partir de lo estudiado en comisión y de las audiencias que recibieron –en muchos casos de grupos cooperativistas– es más complicado dar una respuesta contundente.

El principal “pero” es la definición de qué es una cooperativa grande.

El proyecto detalla que las cooperativas con excedentes que superen los 581 salarios base –¢250.411.000, según el salario base de Ministerio de Hacienda para 2018– pagarán un 10% sobre el exceso de esa cifra.

Las que tengan excedentes anuales mayores a 1.740 salarios base –¢749.974.800, según el salario base de Ministerio de Hacienda para 2018– tributarán el 20% sobre el exceso.

Los oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) se manifestaron en una línea similar. Seis de los diez legisladores mantienen su apoyo al proyecto. La diputada y subjefa de fracción, Nielsen Pérez, detalló que el objetivo es “honrar un compromiso adquirido" para aprobar la ley.

Además de Pérez, están a favor Víctor Morales, Enrique Sánchez, Mario Castillo, Laura Guido y Catalina Montero.

La bancada más disonante es Liberación Nacional. Años atrás los verdiblancos demostraron ser una fracción con disciplina parlamentaria, en este periodo legislativo la reforma fiscal evidenció las primeras fisuras dentro del bloque.

El proyecto para gravar las cooperativas resquebrajó aún más al PLN. Solo seis de los 17 diputados de esta fracción apoyan la idea. Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales, Yorleni León y David Gourzong fueron los únicos encuestados que mantuvieron su posición inicial.

Luego están los tres diputados que dieron de manera individual su voto para que pasara la reforma fiscal. Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC); Erick Rodríguez Steller, declarado independiente, y Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), completaron los 35 votos con los que el plan fiscal se convirtió en ley. Estos legisladores se mantienen dentro del grupo que apoya el impuesto a las cooperativas.

El argumento entre quienes están a favor es el mismo: gravar únicamente los excedentes de las grandes cooperativas y asegurarse de que queden fuera las medianas y pequeñas.

En contra

Aunque son minoría, algunos diputados que se oponen completamente.

Impuesto a cooperativas
Impuesto a cooperativas

En las filas del PAC, Welmer Ramos es el único en contra. El legislador dijo que nunca firmó el documento inicial y que solo estaría a favor de cobrar los excedentes distribuidos a los afiliados, que no es lo que plantea el proyecto de ley.

En el PLN tres diputados se ubican en la parte roja del semáforo. Luis Antonio Aiza apuntó que votaría en contra de la iniciativa, porque la agrupación ha sido garante del movimiento cooperativo en el país. Él mismo informó a la fracción verdiblanca que votaría en contra.

Lo cierto es que Liberación Nacional ha estado históricamente ligado con el cooperativismo. El expresidente del partido Jorge Pattoni fue gerente general de Dos Pinos.

Otro verdiblanco en contra del proyecto es Luis Fernando Chacón, quien tiene un pasado cooperativista. El congresista espera un análisis para sugerir cambios al texto.

María José Corrales, quien también se declaró en contra del proyecto, cree necesario que se haga el análisis del proyecto a lo interno de la fracción verdiblanca, porque podría tener aspectos inconstitucionales.

En amarillo

Solamente las socialcristianas Shirley Díaz –opositora a la reforma fiscal– y María Vita Monge evitaron dar su posición sobre el proyecto.

En el caso del PAC Paola Vega, Luis Ramón Carranza y Carolina Hidalgo –presidenta del Congreso– también se mantienen al margen, mientras analizan los escenarios.

Además, ocho diputados verdiblancos están indecisos sobre cómo votar.

Wagner Jiménez, Paola Valladares, Jorge Luis Fonseca, Aida Montiel, Franggi Nicolás, Karine Niño, Roberto Thompson y Daniel Ulate son los diputados liberacionistas en el amarillo del semáforo. Los últimos tres son parte de la comisión encargada de dictaminar el proyecto.

El argumento es prácticamente el mismo en todos los casos: esperar que el texto salga de la comisión y determinar si solo se gravarán las grandes cooperativas. La diputada Nicolás detalló que estaría más dispuesta a apoyar una ley que busque ponerle tributos a las cooperativas financieras, que a las del sector productivo.

Dentro de los proponentes de este proyecto se contabilizan legisladores opuestos a la reforma fiscal, como José María Villalta, del Frente Amplio; Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional, y las independientes de Nueva República, Carmen Chan y Marulin Azofeifa, entre otros.

El proyecto de ley representaría ingresos frescos para un urgido Ministerio de Hacienda. Más de 380 cooperativas tienen excedentes menores a los ¢250 millones, por lo que quedarían libres del impuesto. Sin embargo, esa cifra representa apenas un 10% del total de los excedentes de este sector, según el texto.

La recaudación estimada por Hacienda superaría los ¢6.000 millones.