Por: Manuel Avendaño A..   2 enero
Comisión de Reforma Fiscal, en un abarrotado Salón de Beneméritos. (Foto: Rafael Pacheco).
Comisión de Reforma Fiscal, en un abarrotado Salón de Beneméritos. (Foto: Rafael Pacheco).

Los diputados lo prometieron durante la discusión de la reforma fiscal. Cinco proyectos complementarios se aprobarían “inmediatamente” después de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas viera la luz en el Congreso.

Estas iniciativas vendrían a “arreglar” algunos vacíos que quedaron en la normativa fiscal que entró en vigor el 4 de diciembre, luego de superar su paso por la Sala Constitucional y de aprobarse en segundo debate con 34 votos a favor de 51 posibles.

Los temas no son menores, se trata de gravar con el tributo de renta los excedentes de las grandes cooperativas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) a los insumos que compren las empresas de zonas francas para producir bienes que se comercialicen en Costa Rica.

Los otros tres ajustes que se hará al plan fiscal son permitir el pago del incentivo por recargo de funciones administrativas que reciben los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP), el desenganche de los salarios de los médicos y garantizar transferencias específicas a instituciones como universidades públicas.

¿Cómo avanzan?

La aprobación de la reforma fiscal hasta convertirse en ley de la República implicó una construcción de mayorías políticas en la Asamblea Legislativa. El ajedrez en el Congreso dejó algunas grietas que ahora se deben subsanar.

Las fuerzas políticas y los intereses de las diferentes fracciones legislativas se alinearon para crear cuatro proyectos de ley que tienen como objetivo corregir y mejorar la reforma fiscal.

Es así como el expediente 20.976, que pretende desenganchar los aumentos salariales de los médicos de los que se aplican al resto de los empleados públicos, ya se encuentra en el puesto 11 del orden del día del plenario legislativo y está a la espera de modificaciones para someterse a votación.

Esta iniciativa fue presentada el 5 de setiembre y entró al plenario el 12 de diciembre. El enganche de los médicos está estipulado en la Ley de Incentivos Salariales para los profesionales en Ciencias de la Salud.

El proyecto para eliminar el enganche nació a la luz de un acuerdo entre las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Restauración Nacional (PRN).

Erwen Masís, jefe de bancada de la Unidad, considera que esta iniciativa se podría aprobar antes de marzo del 2019.

Otro de los proyectos promesa de los diputados es el expediente 21.007, que protege el pago del incentivo salarial que se reconoce a los docentes cuando asumen tareas administrativas como recargo de sus funciones.

El transitorio “r” del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas redujo el pago del sobresueldo de un 50% (como estaba fijado antes) a un 25% para cada categoría.

El nuevo proyecto, presentado por el diputado liberacionista Wágner Jiménez, propone que se elimine ese transitorio con el fin de mantener el pago del incentivo por recargo en el 50%.

Este texto que ingresó a la corriente legislativa el 9 de octubre ocupa el sexto lugar en el orden del día del plenario legislativo y está dispensado de todo trámite, por lo que podría ser aprobado en primer debate en las primeras semanas de enero.

Pulso por las cooperativas

La intención de gravar los excedentes de las grandes cooperativas del país con el impuesto sobre la renta fue una de las discusiones más álgidas durante el paso de la reforma fiscal por Cuesta de Moras.

Un acuerdo suscrito por las fracciones del PUSC, PLN, Restauración Nacional, Frente Amplio y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), permitió la elaboración de un proyecto de ley para cobrar renta a las grandes cooperativas.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de la fracción liberacionista, aseguró que se aplicará a unas 24 instituciones de este tipo –las más grandes– dentro de un grupo de casi 1.200 cooperativas que operan en el país.

Existen tres proyectos de ley presentados para cobrar renta a las ganancias de las entidades cooperativas, el más avanzado es el expediente 21.017 de la diputada María Inés Solís, del PUSC, quien logró 31 firmas de apoyo de diferentes legisladores.

Erick Rodríguez, diputado independiente, señaló que en el Congreso existe un fuerte lobby del sector cooperativo para tratar de aliviar el contenido del proyecto que gravará las utilidades de estas instituciones en dos tramos.

Las cooperativas con excedentes superiores a los ¢250 millones pagarían un 10% sobre el exceso de esa cifra. Mientras que las entidades de este tipo que obtengan ganancias anuales que superen los ¢750 millones tendrían que cancelar un impuesto del 20% sobre el exceso.

El pasado 20 de noviembre la fracción del PLN mostró un cambio de posición sobre este proyecto. Benavides aceptó que dentro de la bancada hay opiniones divididas, pero recalcó que él mantendrá su palabra y votará a favor del texto.

Víctor Morales, jefe de fracción del PAC, hizo énfasis en que existe un acuerdo previo entre las diferentes agrupaciones del Congreso y que se debe respetar. “Es un asunto de responsabilidad”.

Este texto que se presentó el pasado 10 de octubre logró avanzar a la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso y todavía debe recibir dictamen en este foro para llegar al plenario. Algunos jefes de fracción esperan que se apruebe en febrero del 2019.

Destinos específicos e IVA

La cuarta iniciativa de ley para arreglar la reforma fiscal es el expediente 21.043, que garantiza la asignación de recursos mediante transferencias a algunas instituciones públicas como las universidades.

La regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas faculta al Gobierno a limitar la asignación de recursos en función del nivel de deuda y del crecimiento de la economía del país.

Esto despertó temores en instituciones como universidades públicas que pidieron a los diputados mayor seguridad y garantías de que recibirán el dinero que necesitan en las transferencias.

Benavides detalló que este texto asegura que la asignación de transferencias no podrá ser inferior al presupuesto vigente, es decir, al que se aprobó un año antes.

El único arreglo que le queda pendiente a los diputados es concluir el proyecto de ley para cobrar el IVA a las materias primas que importan las empresas de zonas francas para fabricar productos que se venden dentro de Costa Rica.

En el plan fiscal se aprobó una exoneración a estos productos, lo que genera una ventaja competitiva de las compañías del régimen especial con respecto a las empresas privadas que fabrican y venden sus bienes en el país.

Los legisladores todavía adeudan la conclusión y presentación de este texto, aunque se trabaja desde hace varias semanas por acuerdo del PAC y Restauración Nacional.

Mientras estos proyectos complementarios avanzan para convertirse en leyes que permitirán arreglar algunos rubros de la reforma fiscal, los focos del Congreso se vuelcan hacía una iniciativa que pretende acelerar el trámite de los textos a lo interno de la Asamblea Legislativa, lo que abriría la puerta para futuras modificaciones en menor tiempo.