El presidente de la República, Rodrigo Chaves, atacó este 7 de julio a La Nación S.A.(La Nación), en su conferencia de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno. El mandatario puso en duda la capacidad de la empresa –dueña de medios escritos como La Nación, El Financiero y La Teja– para repagar una serie de bonos que emitió la compañía en el primer trimestre de 2014, en los cuales invirtió parcialmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las series de bonos salieron al mercado primario (por primera vez) en octubre del 2013, y luego en el 2014 en marzo, abril y setiembre.
A pesar de que el presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, afirmó en la misma conferencia de prensa que La Nación ha pagado hasta ahora todas sus obligaciones puntualmente; Chaves insistió en la supuesta existencia de motivos para dudar sobre su capacidad de pago e insinuó riesgos para la eventual restitución de los ¢3.700 millones que invirtió la Caja, hace más de ocho años, de los que reditúa con cuantiosos intereses.
EFrevisó la situación real de las emisiones de La Nación a las que hizo referencia el presidente Chaves, quien dijo en campaña electoral que causaría “destrucción” en medios como La Nación y Teletica. A continuación explicamos: ¿tienen algún sentido las insinuaciones del presidente?
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— ¿Qué es una emisión de bonos en la bolsa?
Una emisión de bonos en la bolsa es un mecanismo de financiamiento mediante el cual una entidad (en este caso, La Nación S.A.) solicita recursos y se compromete a retribuir dicho “préstamo” con su respectivo pago de intereses. De esta manera, la entidad que emite los bonos recibe el dinero que necesita para un proyecto específico, mientras quien compra los bonos recibe a cambio los intereses que cobra periódicamente como ganancia por su inversión y, eventualmente, los propios principales invertidos al cierre de un plazo negociado.
Para poder realizar emisiones, la entidad que las ofrece debe someterse al escrutinio público, comunicar todos los hechos relevantes de su actividad a los inversores y someterse a las supervisiones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval). Es por ese motivo que, se dice, las empresas que cotizan en la bolsa se convierten en ”empresas públicas”.
La colocación de bonos de deuda se realiza por medio de los intermediarios bursátiles o puestos de bolsa. Es decir, son estas entidades las que hacen las transacciones de compra o venta de los instrumentos a otros puestos por pedido de los clientes finales, por lo que incluso en ocasiones ni las propias entidades bursátiles conocen quién es el comprador del bono.
Este sistema hace que los emisores de bonos desconozcan quiénes son los compradores cuando realizan sus emisiones por primera vez, pues en el mercado tiene a los intermediarios, que son los que actúan en nombre de sus clientes.
Además está el mercado secundario, organizado también en plataformas de la Bolsa Nacional de Valores. En esta plaza solo participan los dueños o tenedores de los bonos o cualquier otro instrumento y sirve para transar valores en circulación sin que exista participación alguna de los emisores.
En el mercado secundario las operaciones las hacen los puestos de bolsa entre ellos por pedido de sus clientes. Aquí es posible que un propietario pueda vender un bono en caso de que necesite los recursos y el instrumento aún tenga varios años de plazo pendiente.
— ¿Por qué la CCSS invierte dinero público de esta manera?
La Caja invierte sus recursos en la compra de bonos como estos para incrementar y diversificar sus ingresos financieros; es decir, para generar ganancias por intereses y evitar que el dinero que tiene a su disposición quede ocioso en sus cuentas. Las inversiones de la CCSS se concentran principalmente en bonos del propio gobierno, pero también se realizan en empresas del sector privado, como bancos y otras entidades. Ese fue el caso en 2014 con La Nación.
Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la institución, declaró el 4 de noviembre de 2020 en la Asamblea Legislativa que realizar este tipo de inversiones busca cumplir el mandato que tiene la institución de “invertir los fondos de pensiones para el mejor provecho de los afiliados, buscando un balance entre diversificación y riesgo”.
— ¿Por qué la CCSS invierte sus recursos en la compra de bonos de empresas privadas y no solo estatales?
Cualquier inversionista, incluida la Caja, busca diversificar su portafolio de emisores tanto como le es posible. El hecho de que un solo emisor domine todas las inversiones de una institución estatal, reduce la competencia en materia de tasas de interés y, al mismo tiempo, acrecienta los riesgos que se derivan de depender de un solo actor.
En una nota publicada por este medio el 12 de noviembre pasado (precisamente sobre la estrechez del mercado de valores costarricense para los fondos de pensión), el exsuperintendente de Pensiones, Javier Cascante, mencionaba la importancia detrás de la diversificación de los portafolios de los fondos y las operadoras de pensiones.
“Las operadoras deben administrar los recursos correctamente, de alguna manera buscar brindarme la mayor pensión posible cuando me voy a jubilar, eso depende de la rentabilidad y de la gestión de riesgos. Lo sano, lo técnico, es que usted tiene que diversificar ese ahorro. Y en una operadora es aún más delicado, está manejando la pensión de las personas”, dijo entonces.
Según explicó el gerente Barrantes en 2020, alrededor de un 90% de los recursos invertidos hasta ese momento en títulos valores por parte de la Caja se encontraban en manos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central (BCCR), ante la dificultad de encontrar otros actores en el mercado. El resto, por otra parte, se distribuía entre otras entidades estatales como los bancos públicos, y empresas del sector privado autorizadas para emitir títulos valores, “procurando que estas emisiones tengan un adecuado balance riesgo-rendimiento”.
“El principio básico es que no todos los huevos se pongan en una misma canasta“, detalló el funcionario.
— ¿Por qué la Caja invirtió específicamente en La Nación S.A.?
La Nación S.A. es una de las pocas empresas que emiten bonos en el reducido mercado de valores costarricense. Por ese motivo, la oferta de bonos que realizó la compañía entre 2013 y 2014, con el objetivo principal de financiar el proyecto de Parque Viva en La Guácima de Alajuela, llamó la atención de diversos inversionistas.
En aquel momento se emitieron cuatro bonos en el mercado bursátil, por un total de ¢39.000 millones y, entre los inversionistas, la CCSS se hizo con una parte (entre 2013 y 2014).
Del monto al que finalmente accedió la Caja, apenas quedan por cancelarse ¢3.700 millones aproximadamente: ¢2.950 millones correspondientes al IVM y ¢750 millones a la operadora de pensiones complementarias. Otra parte, incluidos ¢1.756 millones del IVM, ya fueron cancelados por La Nación en su debido momento.
Según explicó Barrantes en 2020, la Caja tomó la decisión de invertir en La Nación de la misma manera en que lo ha hecho antes con múltiples actores privados de la bolsa costarricense, pues el mercado es “muy limitado”. “En este caso hablamos de La Nación, pero en el pasado la Caja ha invertido en empresas privadas como Atlas, Durman”, observó. “No es una decisión de una persona o un acercamiento del emisor con nosotros, sino ofertas públicas”, dijo.
A septiembre de 2020, cuando Barrantes dio esas declaraciones en el Congreso, el monto invertido por la CCSS en La Nación representaba apenas un 0,13% de todo el portafolio de inversiones del IVM en títulos valores. La emisión, además, tenía una calificación de riesgo triple A (el máximo posible), aunque más tarde bajó algunos escalones, siempre dentro de los rangos admitidos por la Caja.
“¿Por qué se toma esa decisión (invertir en La Nación)? Precisamente porque es una de las pocas opciones que había en ese momento para diversificar la cartera en el sector privado que cumplía con todo el marco normativo institucional y no solo la Caja invirtió, sino que también lo hicieron muchas operadoras y fondos de trabajadores de otras instituciones”, puntualizó Barrantes.
— ¿Cuál ha sido el rendimiento en favor de la CCSS tras comprar los bonos emitidos por La Nación?
Desde que la CCSS adquirió parte de la emisión, la entidad ha obtenido rendimientos por intereses de al menos un 8%. El dato es el que actualmente cobra la entidad, según indicó este 7 de julio el presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos.
En 2020, por su parte, el gerente Barrantes había dicho que los montos de intereses oscilaban entre el 8% y el 13%. Esto quiere decir que, además del reintegro de los montos “prestados” con la compra de bonos, la CCSS ha obtenido un rendimiento constante por sus inversiones. La Nación, además, no ha fallado en sus pagos desde el momento de las colocaciones.
— ¿Cuánto ha pagado La Nación de sus colocaciones hasta el momento?
La Nación colocó seis series de bonos entre 2008 y 2014, por un total ¢44.700 millones. De ese gran total, ya se cancelaron dos emisiones de 2008, una de 2013 y otra de 2014, por un total de ¢23.700 millones. En relación con esas emisiones, la empresa además pagó puntualmente ¢13.130 millones en intereses a los inversionistas.
El saldo por pagar son entonces ¢19.015 millones de dos series adicionales, una por ¢10.000 millones, cuyo vencimiento está programado para marzo de 2024, y otra por ¢9.015 millones cuyo pago deberá realizarse en abril de 2025, según información de la Caja.
Los montos de estas otras emisiones deberán cancelarse oportunamente y, hasta el primer trimestre de este 2022, han implicado la erogación por parte de La Nación S.A. de ¢14.050 millones en intereses.
— ¿Tiene La Nación S.A. flujo de caja para pagar las series restantes?
Sobre el repago de las obligaciones de 2024 y 2025, La Nación informó desde el año 2020 que ya cuenta con la totalidad de los recursos para hacer frente al primer pago de ¢10.000 millones, en 2024. Según detalló la empresa, se trata de fondos que actualmente tiene invertidos principalmente en bonos del gobierno.
En total, según los estados financieros del trimestre cerrado en marzo del 2022, la empresa cuenta con recursos para cancelar el 72% de sus obligaciones de deuda de largo plazo y la empresa todavía tiene por delante un plazo de tres años para llenar el 28% restante.
La compañía sostiene que la fuente específica de recursos para ese fin dependerá de la situación económica del país y de su propio giro de negocio, pero sostiene que no identifica mayores riesgos, como los que insinúa el presidente Chaves. La empresa desarrolla nuevos negocios como Parque Viva, que recientemente reactivó sus operaciones ante la evolución favorable de la pandemia de covid-19. Pero este 8 de julio, solo un día después de la conferencia de Chaves, el Ministerio de Salud anunció su clausura por supuestas denuncias relacionadas con el tráfico de vehículos. El grupo empresarial también posee activos inmobiliarios valiosos en diversas partes del país.
En ese sentido, el director ejecutivo de Grupo Nación, Pedro Abreu, recordó en una reciente entrevista otorgada al periódico La Nación,que parte del patrimonio empresarial incluye cinco hectáreas en Tibás y 35 más en La Guácima, en las cuales existen edificaciones por hasta $30 millones (unos ¢21.000 millones).
“Estamos hablando de que la deuda restante podría andar ahorita entre $8 millones y $9 millones, depende del tipo de cambio; entonces, en garantías, tenemos más que suficientes”, afirmó. “Tenemos los activos suficientes para hacerle frente, no solo contamos con la propiedad en Tibás, sino que tenemos la propiedad de Parque Viva, una propiedad que está en Zurquí, de 15 hectáreas, y los negocios siguen generando flujo de caja positivo, así que no tenemos ninguna preocupación en ese sentido”, subrayó.
— ¿Cómo hace La Nación para pagar sus obligaciones hasta ahora?
La Nación paga sus obligaciones de intereses y principales a partir de su flujo de caja. El propio presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, afirmó en conferencia de prensa, este 7 de julio, que los pagos de intereses están al día. En su intervención de 2020, además, el gerente Barrantes afirmó ante los diputados que la CCSS “ha derivado las ganancias que fueron pactadas” de manera oportuna.
“Han vencido títulos ya de estas colocaciones, los cuales el emisor ha pagado puntualmente y, a día de hoy, ha pagado puntualmente los rendimientos”, dijo entonces. “Estamos siempre dándole seguimiento porque, al igual que nos ha pasado con otros emisores, incluido el gobierno, ha bajado la calificación; pero a día de hoy se mantienen las ganancias pactadas”, enfatizó.
— ¿Es verdad que La Nación solo tiene pérdidas y va en “caída libre”, como dijo el presidente?
Chaves afirmó en conferencia de prensa que “la rentabilidad de La Nación es pública, va en caída libre y eso significa que está incurriendo en pérdidas constantes, constantes, constantes”.
La Nación, sin embargo, ha enfatizado que las pérdidas de la entidad son contables, pero el flujo de caja se mantuvo incluso a pesar de la pandemia. En ese sentido, el Ebitda de la compañía (las ganancias antes de contabilizar el pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de ¢1.202 millones en el período de 15 meses del año fiscal 2020 y de ¢1.485 millones en el de 12 meses de 2021. El Ebitda se utiliza para evaluar la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios, teniendo en cuenta únicamente su actividad productiva.
Los pasivos por endeudamiento de la empresa, además, se reducirán una vez que se efectúe el pago de la emisión de 2014, para la cual ya están los recursos.
— ¿En qué consiste el fideicomiso que mencionó Chaves y cómo afecta los activos de La Nación?
El presidente Chaves también mencionó en sus alegatos contra La Nación sentirse preocupado por “algunas acciones contables y desviación de activos o contribución de activos a otros, que debilitan la probabilidad de que el pueblo de Costa Rica, desde su punto de vista, pueda recuperar los recursos (de la Caja), que son sustanciosos”.
La “desviación de activos”, indicó Abreu, podría relacionarse con el desarrollo de un proyecto inmobiliario ya comunicado desde 2020 que tramita La Nación en conjunto con la empresa Portafolio Inmobiliario, en el cual aportará el espacio físico para la construcción que coordinará la desarrolladora.
“Este es un proyecto con un potencial enorme. Podría alcanzar un valor de hasta $200 millones y lo más interesante es que nosotros no tenemos que aportar flujo de caja, por el modelo que tenemos con Portafolio” apuntó Abreu. “Entonces, en realidad no entendemos cuál es la preocupación con el fideicomiso. En todo caso, nuestro balance se va a fortalecer cuando desarrollemos un edificio de estos en el corto plazo, porque vamos a agregar muchísimo valor al patrimonio de la empresa”, remató.
— ¿Ha incumplido La Nación con sus obligaciones de informar hechos relevantes al mercado financiero, como la realización del fideicomiso?
La superintendenta de valores, María Lucía Fernández, afirmó ante una consulta de EF que La Nación “cumple a día de hoy con toda la normativa requerida”. “Eso significa que todo lo que se requiere como la divulgación de información, comunicados de hechos relevantes, calificaciones de riesgo (deben actualizarse periódicamente), la actualización de su prospecto y en todo ese checklist, como le llamamos nosotros, el emisor lo está cumpliendo”, afirmó.
La superintendenta además declaró que no se registran incumplimientos de pago de la compañía en sus intereses y en sus principales. “Inclusive se puede decir algo importante. Muchas veces las empresas que han colocado bonos y que no necesariamente tienen dentro de las condiciones de la emisión amortizaciones o redenciones anticipadas, tienen un mecanismo para acceder a subastas inversas, o sea, recomprar parte de la emisión en lugar de colocarla, y casualmente La Nación hizo una recompra en su momento”, concluyó.
Las subastas inversas a las que hizo referencia la superintendenta son una por ¢500 millones en julio de 2019 y otra por ¢1.485 millones en febrero de 2020.
La Sugeval no regula el riesgo, la bondad o la solvencia de los emisores de deuda. Es decir, no garantiza su capacidad de repago. Los negocios de emisión y de inversión son responsabilidad única de los actores involucrados en cada operación. Sin embargo, la entidad sí regula la transparencia de las operaciones entre los participantes del mercado, para protegerlos en su toma de decisiones.
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En su conferencia de prensa de este 7 de julio, el presidente de la Caja, Álvaro Ramos, afirmó que “de ninguna manera se estaba indicando, a priori, que (La Nación) no van a poder repagar” sus obligaciones. Ante las palabras de Ramos, Chaves optó por decirle a su jerarca designado en la entidad administradora del seguro social que era “muy diplomático” con sus declaraciones.
Colaboró el periodista Sergio Morales.