La presidenta legislativa y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, asegura que no escucha “un mensaje de renuncia al acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI); sin embargo, criticó la falta de iniciativa del Gobierno para lograr acuerdos en relación con la agenda convenida con el multilateral y la posición de quienes reniegan de tomar acciones como contrapartida al programa financiero.
“El que algunos crean que se puede aprobar el préstamo y que no hay obligación de aprobar algunas medidas como tales me parece imposible. Usted no va, pide el préstamo y se lo dan a la libre, nada más porque sí”, subrayó en una reciente entrevista con EF.
Para la diputada, uno de los principales problemas con el trámite de los proyectos de ley relacionados con el Fondo es que el Gobierno de la República no ha hecho el trabajo suficiente para negociar sus aprobaciones, a pesar de que apostó por lograr varias votaciones, de distintos momentos, en una Asamblea profundamente segmentada.
La situación es diferente, por ejemplo, a la de la reforma fiscal de 2018, cuando únicamente se trataba de un solo proyecto de ley con varias reformas.
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Contrario al deseo del Ejecutivo, muchas de las iniciativas incluidas en la agenda convenida con el Fondo para ajustar las finanzas públicas en un corto plazo –con excepción del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336)– se encuentran estancadas en Congreso, con sus plazos en comisión ya vencidos (o por vencerse) y sin mayor discusión hasta el momento.
El Ejecutivo recién envió al Congreso, el 9 de setiembre pasado, una serie de propuestas de modificación a los textos para intentar viabilizarlos en la dinámica legislativa. Este movimiento incluyó textos sustitutivos para algunos de ellos y propuestas de modificación para otros, las cuales deberán ser votadas en las próxima semanas para decidir si los textos avanzan al Plenario y con qué redacción.
Sin embargo, la diputada Hernández consideró que el trabajo pendiente por parte del Ejecutivo debe ir más allá de presentar propuestas de cambios, y brindar al Congreso “un real acompañamiento”.
Hernández aseguró que la priorización de la agenda por parte del Gobierno debería visualizarse en mayores esfuerzos de diálogo y negociación, “más aún si apostó a un camino mucho más desgastante, con varias votaciones individuales”.
La presidenta del Congreso dijo pensar que la agenda planteada por el Gobierno contiene algunos proyectos de la agenda que podrían ser factibles de tramitar; sin embargo, únicamente si se trabajan en cuestiones técnicas y políticas, y se generan acercamientos con diputados y sector productivo.
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Ese acompañamiento, según Hernández, es vital si se quieren alcanzar varias votaciones positivas en Cuesta de Moras. Este es un Congreso ampliamente segmentado y en el que varios diputados de fracciones como las del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el bloque independiente Nueva República ya manifestaron que rechazarán reformas en materia de nuevos ingresos.
Sobre esas posiciones, la diputada comentó que reflejan voluntades y que estas no pueden ser ignoradas por el Ejecutivo. “A mí no me salen los votos que algunos proyectos en materia tributaria podrían requerir, de mayorías calificadas. Y no se está haciendo el trabajo para que eso salga”, afirmó.
Un acuerdo “necesario”
Hernández señaló que, desde un punto de vista, el acuerdo con el FMI “es necesario y debe mantenerse”. Dijo que se trata de un proyecto que le pone restricciones a las finanzas públicas y que esto es algo que se ha buscado muchas veces en materia de financiamiento público.
“Una cosa es venir aprobando un conjunto de préstamos, como lo venía haciendo este Gobierno, sin ningún tipo de acuerdo que le pudiera exigir parámetros o frenos al nivel de endeudamiento. Otra es esta, en la que el FMI pone restricciones cuando el Gobierno accede a ir a la negociación”, aseguró.
Para Hernández, lo importante debe ser “materializar con acciones los rendimientos que se esperan, en el tiempo previsto”; ya sea con la agenda actual o nuevas reformas.
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Pese al atraso con la mayor parte de la agenda del Congreso, la presidenta legislativa hizo énfasis en que una primera voluntad de la Asamblea por continuar se manifiesta con el trámite del proyecto de empleo público.
Este ya se había aprobado en primer debate, pero pasó a estudio de la Sala Constitucional. El tribunal hizo señalamientos sobre problemas de fondo y ahora los diputados trabajan en enmiendas para continuar con su trámite.
El futuro del proyecto todavía es incierto, en términos de si podrá ser corregido oportunamente por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y de si se conseguirán o no los votos suficientes para que llegue a buen puerto; pero “al menos culminará su proceso”, según Hernández.
En primer debate, el proyecto recibió 32 votos de 57 diputados (aunque solo 47 estaban presentes); pero tendría que sumar 38 en una votación definitiva si el Poder Judicial alega que incide en su funcionamiento (como es previsible).
Si se le realizan enmiendas, el texto tendrá que votarse de nuevo en primer debate y luego en su restante segundo.
“El resto de proyectos está en comisiones y uno lo que espera es que se dé un acompañamiento por lo menos para que esas comisiones, que son quienes tienen la potestad de tomar una decisión de si avanzan o no, tengan un acompañamiento de la Presidencia que les facilite esas decisiones”, apuntó Hernández.
A dos de los cinco proyectos que buscan aumentar los ingresos del Estado ya se les venció su plazo en Comisión. Los otros tres correrán la misma suerte, entre inicios de octubre y de noviembre.
Una vez vencido el plazo para el análisis en comisión de los proyectos, ya estos no pueden someterse a mayores análisis en dichos foros. Los diputados solo pueden decidir si dictaminan favorable o negativamente y lo envían o no a discusión del Plenario legislativo, y votar las mociones que tuvieran presentadas hasta el momento (sin leerlas, ni razonarlas públicamente).
Evitar un ‘shock’
Los diputados tienen en sus manos, al igual que el Poder Ejecutivo, mucho más que la responsabilidad de generar o no las condiciones para que el FMI mantenga abierta la línea de crédito por $1.778 millones con el país.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, insisten en que el país se juega en este momento la credibilidad de los mercados internacionales y, por ende, la estabilidad de la economía en los próximos meses como un todo.
Tanto Villegas como Cubero señalaron que una suspensión del programa por parte del Fondo, si no encuentra suficiente avance del país de cara a un ajuste fiscal prometido, podría derivar en un shock para indicadores como tasas de interés, tipo de cambio o inflación. Así podría ocurrir por la señal negativa que se enviaría a los mercados sobre la incapacidad para resolver los desequilibrios financieros del Estado, comentaron.
“Son situaciones desagradables para la economía y una afectación en la calidad de vida de la gente a partir de ellas”, declaró Villegas en una reciente entrevista con EF. “Una suspensión podría generar preocupación y ansiedad en los mercados”, añadió Cubero.
Como contrapartida al acuerdo de financiamiento por $1.778 millones con el FMI, el Gobierno acordó con el organismo internacional impulsar una agenda de medidas administrativas y proyectos de ley para ajustar el desequilibrio primario (sin contar el pago de intereses) de las finanzas públicas en el corto plazo.
Sin embargo, las medidas relacionadas con proyectos de ley (que implican una buena parte del ajuste fiscal inmediato que se proyectó) siguen varadas en el Congreso y el Fondo actualmente revisa los niveles de avance de Costa Rica en sus ‘promesas’.
El Fondo haría cinco revisiones como parte del programa de tres años, y esta es la primera.
Costa Rica llegó a esta revisión con indicadores de deuda y balance fiscal por debajo de los techos máximos que pedía el Fondo, pero sin avances significativos en las reformas pendientes de aprobación en la agenda legislativa.