La batalla por el Presupuesto Nacional 2021 marcó un nuevo punto de inflexión entre las bancadas de oposición y un Poder Ejecutivo urgido de la aprobación de créditos con multilaterales.
El Plan de Financiamiento para Apoyo Presupuestario para mitigar los efectos de la COVID-19 consta de nueve préstamos, que juntos sobrepasan los $3.000 millones, pero solo tres han recibido ya el aval de la Asamblea Legislativa.
Los seis restantes dependen de la voluntad de los congresistas y las alianzas que la fracción oficialista de 10 miembros logre pactar.
Estos créditos son la piedra angular del financiamiento para un Gobierno que enfrenta la caída en sus ingresos tributarios, vencimientos por cerca de ¢500.000 millones de aquí al final del año y la necesidad de cubrir los gastos estacionales en su planilla como los aguinaldos en diciembre y salarios escolares en enero.
Fuego cruzado
El trámite del presupuesto 2021 vino a exacerbar tensiones entre las fracciones de oposición en la Asamblea y el Poder Ejecutivo. Una relación que anteriormente había fluido de manera ágil, especialmente durante los primeros meses de la emergencia por la COVID-19.
De entrada, el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda que asciende a ¢11,4 billones fue considerado por la oposición como demasiado elevado y sin suficientes esfuerzos de recorte de gasto.
Por el contrario, el Gobierno anunció que el texto de ley tenía una “baja histórica” de ¢368.000 millones, una reducción del 5,3% del gasto primario, sin incluir intereses ni amortizaciones de la deuda.
El choque sacó chispas en la Comisión de Hacendarios, donde las representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron mociones de recorte por más de ¢203.000 millones, mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), planteó cambios para ahorrar cerca ¢165.000 millones.
La tijera de las mociones pasaba por distintos ministerios y entes: Cultura, Salud, Educación, Presidencia, Poder Judicial y la misma Asamblea Legislativa eran solo algunos de los que verían sus presupuestos disminuidos con las enmiendas de los diputados.
Zapote fraguó un aluvión de pronunciamientos de la entidades afectadas denunciando los efectos de los recortes y las diputadas del oficialismo en la Comisión de Hacendarios optaron por dilatar el proceso de debate de las mociones. En el primer día de revisión, los legisladores lograron votar 33 de 183 enmiendas (18%).
La ofensiva del Ejecutivo pareció desinflarse con el ofrecimiento del Ministerio de Hacienda de recortar ¢150.000 millones en un presupuesto extraordinario en enero, pero la reacción de los diputados fue que se debía realizar de manera inmediata.
En primera instancia la bancada oficialista decidió que darían espacio para que las mociones avanzaran en el segundo (y último) día de votación, al dejar de usar tácticas dilatorias. Pero horas después, con el reloj avanzando hacia las 11:30 p.m. que marcaba la hora límite, los oficialistas y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, atrasaron la votación.
Reclamos y acusaciones marcaron la dinámica. Pero, sobre todo, una pérdida de confianza entre los mismos legisladores que al inicio de su gestión lograron aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
Esta brecha de los diputados podría estar permeada por la cercanía de las elecciones nacionales, en febrero del 2022.
“Ya cada partido quiere hablarle a la tribuna”, explica Sergio Araya, politólogo y coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer.
Sin embargo, según Araya, también es cierto que hay un pulso importante en el contexto de la apremiante situación económica del país. El presupuesto se convierte en ese escenario, en una forma tangible de ver la voluntad política de un Gobierno.
“Donde usted pone el dinero, pone su interés”, declaró Araya.
El Gobierno puede decir en discurso que tiene un interés fuerte por ser austero, pero no demostrarlo en la práctica y la asignación presupuestaria para cada área es la prueba más evidente, de acuerdo con el politólogo.
Cada fracción, y en medio de ese ambiente pre electoral, está tratando de poner en evidencia esa incongruencia oficialista.
La comisión apenas alcanzó a votar enmiendas con ajustes por menos de ¢7.000 millones, de los ¢150.000 esperados. Esto concluyó en dictamen negativo de mayoría que rechaza el presupuesto 2021. El documento pasará al Plenario ya que por ley debe votarse en segundo debate antes del 29 de noviembre.
La encrucijada
¿El pulso que se dio en la Comisión de Asuntos Hacendarios podría salpicar la discusión de los seis créditos con los multilaterales? Es posible, pues los legisladores muestran cautela ante la posibilidad de que el Gobierno aumente la deuda, promueva el gasto y muestre resistencia al ahorro.
En este momento se encuentran en la corriente legislativa cuatro préstamos: uno por $250 millones con el BID-SDL que se tramita con el expediente N° 22.131; otro por $245 millones también con el BID (denominado BID Proteger) expediente N° 22.132; también hay dos líneas de financiamiento por $300 millones cada una que se tramitan con el expediente N° 22.214 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial.
Según información confirmada por el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa.
Dos líneas de financiamiento restantes que forman parte del plan de apoyo presupuestario aún no han ingresado a la corriente legislativa.
Pablo Heriberto Abarca y María Inés Solís, diputados socialcristianos, se manifestaron abiertamente en contra de aprobar más préstamos.
“Nosotros hemos estado votando en contra de los empréstitos por el desorden que tiene el Poder Ejecutivo, no tiene ni una sola ruta clara. Ni siquiera tiene una agenda de recuperación económica, la oposición seguirá armada en contra de aprobar créditos y mucho menos impuestos. El problema es que al PAC ya nadie le cree”, manifestó Abarca.
La discusión del tercer presupuesto extraordinario dejó en evidencia que todo el ahorro que genera el Gobierno se pretende utilizar en gasto corriente, agregó la diputada socialcristiana.
El 6 de octubre el Gobierno pidió permiso al Congreso para gastar ¢51.000 millones, una suma que se había ahorrado gracias a una disminución de intereses en el pago de la deuda pública. La intención era usar el dinero en giros al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social, hacer una reserva para la vacuna contra el coronavirus y compensar vacaciones a funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), según dio a conocer el diario La Nación.
Sin embargo, tres días después ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios frenaron las intenciones de sumar los recursos al gasto público.
Lo único que es seguro, hasta el momento, es el apoyo que la bancada verdiblanca le dará al préstamo para financiar la modernización de los sistemas del Ministerio de Hacienda. Iniciativa que se tramita bajo el expediente N°. 22.016 conocido como Hacienda Digital y que no forma parte del plan de apoyo presupuestario.
Este es un crédito de $156,6 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Banco Mundial. “El PLN impulsa directamente el de Hacienda Digital al considerar que viene a poner orden la hacienda pública para luchar contra la evasión y la elusión”, afirmó Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN.
Existe una imposibilidad de que los créditos con multilaterales sigan su avance mientras el Gobierno no presente medidas sensatas de querer contener y reducir el gasto, considera Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista.
La posición de la bancada más grande del Congreso pone serias presiones sobre el Ejecutivo. Explorar medidas alternativas y que puedan generar soluciones, es la opinión que dio la subjefa de fracción socialcristiana, Shirley Díaz. La diputada dio su criterio de manera personal pues asegura que la bancada aún no ha tomado una posición oficial.
Analizar los créditos para saber si le generan recursos al país, como los de canje de deuda, es la valoración que hace Carlos Avendaño, diputado de Restauración Nacional, quien exige transparencia y eficiencia en la ejecución de los préstamos. “No se trata de ayudar al partido de gobierno, sino al país”.
La discusión de los créditos se da desde hace meses en el Congreso. El pasado 16 de mayo la Asamblea dio el aval al préstamo por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El crédito estaba originalmente destinado a financiar el plan de descarbonización del Gobierno, pero las necesidades de recursos provocadas por el impacto del coronavirus hicieron que el Ejecutivo redireccionara el dinero para atender la emergencia sanitaria y para pagar la deuda pública.
Tras un intenso debate en el pleno legislativo, los diputados acordaron modificar el artículo 3 del texto para destinar $60 millones “a mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva” que afectará la posición financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Financiamiento complejo
La incapacidad de los actores políticos para concretar un mecanismo de diálogo nacional que permita avanzar en la búsqueda de soluciones ante la crisis fiscal proyecta malas señales sobre las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda debe correr para conseguir recursos que le permitan enfrentar los cuantiosos gastos de cierre de año y un 2021 cargado con vencimientos de deuda pública doméstica.
Los ingresos corrientes del Gobierno caen por el impacto de la pandemia y el déficit fiscal cerrará el año en 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB) ―el más elevado en la historia del país―.
El panorama no es sencillo. Para ponerlo en perspectiva, sólo para noviembre y diciembre, Hacienda deberá pagar vencimientos de deuda interna por ¢500.502 millones que representan 1,45% del PIB.
Los canjes de deuda trajeron poco alivio a los vencimientos del Gobierno, en la última operación realizada entre el 19 y 20 de setiembre, solo se lograron intercambiar ¢57.000 millones, de los cuales, ¢17.000 millones corresponden a los bonos que se deberán liquidar entre noviembre y diciembre. El monto bajó a ¢485.500 millones.
El Ejecutivo también necesita dinero para cubrir el pago de aguinaldos. Isaac Castro, viceministro de egresos de Hacienda, explicó que el monto proyectado para este rubro ronda entre los ¢200.000 millones y los ¢210.000 millones (0,6% del PIB).
Una tercera parte de los recursos para aguinaldos del sector público ya se obtuvo por medio de operaciones en ventanilla de Tesoro Directo.
“Estamos conversando con los inversionistas para buscar lo que nos hace falta entre octubre y noviembre, como tradicionalmente se hace cada año”, indicó el viceministro.
La contracción de la economía del 5% para este año tiene efectos adversos sobre los ingresos corrientes, con un mayor impacto sobre la recaudación de impuestos como el de renta y el del Valor Agregado (IVA).
La caída en los ingresos totales de Hacienda entre enero y setiembre es en promedio del 5,2%, pero si se revisa mensualmente, se puede ver una profundización a partir de agosto cuando la comparación interanual muestra reducciones del 11%.
Un factor adicional que exacerbaría la brecha entre ingresos y gastos, es la aprobación final del proyecto de ley que reduce el pago del impuesto a la propiedad de vehículos en un 50% para todos aquellos cuyo valor fiscal sea menor a ¢20 millones.
Este proyecto que se tramita en el Congreso generaría un faltante de ¢93.500 para el cierre del 2020 e inicios del 2021. Ese dinero tendría que financiarse con otras fuentes como la deuda doméstica.
Las necesidades de financiamiento del Gobierno rondaron en el último lustro un promedio del 14% de la producción nacional. Este año Hacienda se apoyó en nueve préstamos con organismos internacionales para bajar ese promedio a entre 9% y 10% del PIB.
A la fecha solo dispone de $1.381 millones, de los cuales ya utiliza dinero del CAF, el BID y el FMI para atender compromisos principalmente en dólares.
Los $1.500 millones de dólares en eurobonos, aprobados a mediados del 2019, ya se agotaron durante el primer semestre del 2020, por lo que el Gobierno no puede contar con esa fuente de recursos a menos que se consiga el aval del Poder Legislativo para una nueva emisión, iniciativa que se valoraría para el próximo año.
La apuesta para el próximo año se basa en buscar nuevas fuentes de financiamiento como préstamos internacionales y no descarta el acuerdo de ajuste fiscal por $1.750 millones con el FMI y la posibilidad de eurobonos, afirma Castro.
Sin embargo, es enfático en que el mercado doméstico tiene capacidad suficiente para financiar las necesidades del 2021, eso sí, con presiones a las tasas de interés.