Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron una nueva versión del proyecto de ley para autorizar al Gobierno a emitir nuevos títulos valores de deuda externa, popularmente conocidos como “eurobonos”. El texto –que luego podrá recibir más modificaciones que proponga el Plenario legislativo– plantea un permiso para que el Gobierno coloque cuatro tractos de hasta $1.500 millones, a partir de la eventual aprobación de la ley.
Los $6.000 millones del nuevo texto sustitutivo son un monto récord e incluso superarían el permiso dado al gobierno de Laura Chinchilla, al cual se le autorizó emitir $4.000 millones de deuda externa en cuatro tractos.
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¿Cómo se harían las emisiones?
La nueva versión del texto que autorizaría al Gobierno para que coloque hasta $6.000 millones en títulos valores en el mercado internacional durante los próximos cuatro años.
Establece que se podría hacer una primera colocación de $1.500 millones durante el primer año de vigencia del permiso y que, luego, los $4.500 millones restantes se podrían colocar en otros tres tractos anuales, si se cumplen una serie de condiciones relacionadas con las finanzas del gobierno central.
¿Qué requisitos se requerirían por colocación?
Para poder hacer las colocaciones, el Gobierno deberá certificar en marzo de cada año que su balance de cuentas primario (ingresos menos gastos sin contar el pago de intereses) alcanzó una relación positiva al cierre del período anterior, que sus niveles de deuda pública decrecieron y que también cae la presión que ejerce el pago de intereses de la deuda pública sobre el presupuesto.
Estos indicadores deberían de ser verificados por el Banco Central y por la Contraloría General de la República.
Según señalan los diputados, estos montos van de la mano con los indicadores que propone el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo de financiamiento que mantiene en marcha para Costa Rica.
¿Qué uso se permitiría para los recursos?
El proyecto de ley señala textualmente que el uso del dinero al que se acceda en los mercados internacionales podrá usarse para dos fines: “sustituir colocaciones de deuda bonificada interna por externa y/o cancelar vencimientos de deuda”.
En cuanto a los ahorros que se registren por pago de intereses de deuda derivados de las operaciones internacionales, se señala que los dineros se deberán usar “exclusivamente” para amortizar la deuda restante o pagar intereses.
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¿A qué plazo se podrá fijar el endeudamiento?
Las emisiones que se realicen a través de esta autorización deberán hacerse a un plazo mínimo de pago de cinco años.
¿Y a qué tasas?
Las tasas de interés de las operaciones, como máximo, tendrían que ser de:
- Hasta la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos más un máximo de 750 puntos base para el plazo respectivo, en el caso de la primera emisión de $1.500 millones
- Hasta la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos más un margen promedio del histórico al plazo de colocación registrado para los títulos de deuda externa costarricense, en el caso de las siguientes tres posibles emisiones
¿Se permiten renegociaciones?
El proyecto de eurobonos, además, permite al Gobierno canjear, consolidar, convertir o renegociar viejos títulos valores colocados en el mercado internacional, “siempre y cuando derive en un beneficio para la gestión del portafolio de pasivos del Gobierno Central”.
Según el proyecto, la gestión se puede realizar “en términos de tasas de interés, alargamiento de plazos, disminución de riesgos financieros y otros que se generen dentro de la práctica internacional de gestión de la deuda y resulten favorables”.
El trámite legislativo
El proyecto de Ley de Autorización para Emitir Títulos Valores en el Mercado Internacional (23.036) todavía sigue lejos de su votación final.
Ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos y pasa al Plenario Legislativo, en donde los 57 legisladores podrán presentar propuestas de cambio adicionales y después tendrían que entrar a conocer, discutir y votar la versión final del texto.
La negociación promete ser intensa, pues la aprobación de cualquier proyecto de financiamiento externo –como es el caso de los “eurobonos”– se necesita el visto bueno de al menos dos terceras partes del Congreso; es decir, 38 diputados, y las dudas sobre el texto persisten en fracciones como las de Liberación Nacional y Frente Amplio, que juntos suman más de un tercio de las curules.
El monto de $6.000 millones, por ejemplo, es una de las cuestiones que podría variar en el trámite.
Además del tiempo que tome este trámite, la puesta en operación de los bonos no es automática. Se deben realizar una serie de contrataciones internacionales, conformar un documento de oferta para concretar la captación de los recursos y otros trámites. Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, todo ello debería tomar al menos unos dos o tres meses, en el mejor de los casos.
El Gobierno corre por los recursos en el mercado externo para enfrentar sus necesidades de los próximos años. Según el portal web del Ministerio de Hacienda se requieren $6.453 millones durante los próximos cuatro años para hacer frente al servicio de la deuda en moneda extranjera. Buscar el grueso de ese dinero en el mercado local significaría una presión especial por parte del Gobierno sobre las tasas de interés locales y el tipo de cambio.
Además, la utilización de bonos en el mercado externo buscaría establecer la deuda a más largo plazo y reducir las presiones presupuestarias de corto plazo.
Una de las principales obligaciones a las que deberá hacer frente el Ejecutivo en 2023 es un bono que vencerá y deberá cancelar a más tardar el 26 de enero próximo por $1.000 millones. Sin embargo, apenas quedan menos de cuatro meses para ese momento y la factibilidad de realizar la colocación de nuevos “eurobonos” antes parece cada vez más compleja.