El Gobierno de la República logró, este 12 de octubre, el respaldo mayoritario de la Comisión de Asuntos Económicos para emitir $6.000 millones en títulos de deuda externa –popularmente conocidos como eurobonos–.
Los diputados aprobaron un texto sustitutivo para el proyecto de Ley de Autorización para Emitir Títulos Valores en el Mercado Internacional (23.036), el cual abriría la puerta para que el Gobierno realice cuatro colocaciones de hasta $1.500 millones anuales, a partir de la eventual aprobación del proyecto.
A favor de autorizar los $6.000 millones votaron seis de los nueve diputados en el foro de Asuntos Económicos: Waldo Agüero, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD); María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP); Olga Morera, del Partido Nueva República; y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
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En contra se manifestaron Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, del PLN, Vanessa Castro del PUSC y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA); quienes consideraron que el gobierno no da suficientes garantías todavía sobre su responsabilidad financiera como para darle acceso a una cantidad tan alta de financiamiento externo.
El proyecto de endeudamiento externo lo había dejado en corriente legislativa el gobierno anterior y luego lo retomó la actual administración. Además de la emisión de $6.000 millones en cuatro bonos durante los próximos años, el texto contemplaba un permiso para autorizar la colocación de nuevos bonos, por el mismo monto, al momento de su vencimiento; y pretendía dar al Ministerio de Hacienda una nueva facultad para acceder a líneas de crédito ‘exprés’, de hasta un año plazo, para enfrentar urgencias de liquidez. No obstante, estas dos últimas intenciones fueron eliminadas del texto por parte de los actuales congresistas.
La nueva redacción aún no se dictamina. Eso ocurrirá en los próximos días y luego pasará al Plenario legislativo, en donde podrá recibir nuevas modificaciones si los diputados las consideran pertinentes.
¿Qué significa esta votación?
Pese a que la votación en favor de los $6.000 millones fue mayoritaria en la Comisión de Asuntos Económicos, esta todavía no significa un espaldarazo definitivo para el proyecto.
Todo proyecto de endeudamiento externo debe ser aprobado por al menos dos terceras partes del Congreso, por mandato constitucional, y alcanzar esa suma de 38 congresistas implicaría la necesidad de negociar con legisladores que todavía se oponen a permitir el acceso a $6.000 millones.
Según dijo la diputada Kattia Rivera, jefa de fracción del PLN, había hasta 17 de los 19 congresistas verdiblancos que estaban en contra de autorizar un monto tan alto hasta hace solo unas semanas. Además, el Frente Amplio se compone por otros seis legisladores adicionales.
En la comisión de Económicos, las diputadas Rivera, Ruiz y Guillén alegaron la conveniencia de aprobar solo los primeros $1.500 millones, en un solo tracto, ante la ausencia de compromisos claros del gobierno con un uso más eficiente del gasto público y una mejor recaudación tributaria, entre otras cuestiones.
Además, las diputadas criticaron la confección apresurada del nuevo texto, el cual se les presentó hasta este 11 de octubre, pocos minutos antes de que iniciara la discusión definitiva.
Un monto tan alto como $6.000 millones en bonos de deuda externa nunca se aprobó en un solo proyecto a ninguna administración anterior. El gobierno de Laura Chinchilla recibió aval legislativo para colocar $4.000 millones en cuatro tractos (dos se colocaron en el gobierno de Luis Guillermo Solís), mientras que la administración de Carlos Alvarado apenas contó con el visto bueno para acceder a $1.500 millones en un solo año.
Pese a las diferencias, la diputada Rivera aseguró que era necesario zanjar la discusión en Asuntos Económicos y traspasarla por fin al Plenario legislativo, pues se había llegado a un “punto muerto” en el foro.
Una vez que el proyecto pase a manos del Plenario, los 57 diputados podrán presentar nuevas propuestas de modificación hasta alcanzar un texto que reúna el apoyo no solo de los miembros de la comisión sino de todo el Congreso. Este proceso puede tomar semanas o meses, dependiendo del éxito o fracaso de las negociaciones.
La colocación de los bonos ya una vez aprobados, además, podría implicar entre dos y tres meses adicionales, según ha dicho el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Requerimientos importantes
El Gobierno considera crucial conseguir una autorización de endeudamiento externo para evitar mayores presiones sobre el tipo de cambio y las tasas de interés locales. Según el ministro de Acosta, el país debe acceder a unos $14.000 millones como parte de su servicio de la deuda en los próximos cuatro años, y buscar todos esos recursos a través de deuda interna implicaría un impacto directo en ambas vías, al aumentar la demanda del gobierno central de moneda extranjera.
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Asimismo, el jerarca ha dicho que acceder a plazos más extensos de pago en el mercado internacional reduciría los requerimientos para el pago de intereses en el corto y mediano plazo, lo cual liberaría recursos que podrían ahorrarse o utilizarse para cubrir necesidades más apremiantes, incluida la amortización de otras obligaciones adquiridas con anterioridad.
Como mecanismos de endeudamiento externa, el país puede recurrir a la colocación de bonos en el mercado internacional y a créditos con organismos multilaterales.
En ese sentido, la estrategia que plantea la administración del presidente Rodrigo Chaves es similar a la que ya había empezado a aplicar el gobierno pasado. Hacienda ha anunciado diversas negociaciones de crédito blando con organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entre otros; los cuales se sumarían a la emisión de bonos en el mercado externo por el monto que finalmente se autorice.
