El presidente Rodrigo Chaves planea vender el Banco de Costa Rica (BCR). Según los cálculos iniciales del Gobierno, la venta dejaría al Estado unos $1.785 millones. Sin embargo, las eventuales ganancias y pérdidas con la transacción van mucho más allá de ese monto. El BCR paga cargas parafiscales que, si deja de ser una entidad pública ya no tendría que aportar al Estado; pero su privatización también podría dinamizar un mercado crediticio y la actividad económica del país.
La privatización de un banco estatal va mucho más allá de la coletilla que finalmente se le ponga a la entidad financiera. Se trata de una transformación de fondo en el sistema bancario y eso mueve muchos más dólares que los de su eventual pago.
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¿Qué representa el BCR y por qué el Gobierno quiere venderlo?
El BCR es una institución histórica, con 145 años de funcionamiento y que llegó a ser el único emisor de dinero en Costa Rica a finales de siglo XIX. Se fundó en abril de 1877 bajo el nombre de Banco de la Unión y luego se identificó oficialmente como Banco de Costa Rica a partir de 1890. La entidad se nacionalizó en 1948 cuando la Junta Fundadora de la Segunda República decretó la nacionalización de la banca.
¿Cuál es su tamaño? El Banco es el segundo banco más grande del país después del Banco Nacional. Según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), acumula una quinta parte de los activos del sistema bancario costarricense.
¿Para qué se propone su venta? El Gobierno plantea la venta del banco para abonar al pago de la deuda pública y reducir el pago de intereses en los próximos años. El gran total de la deuda del Gobierno Central se contabilizó en ¢28,9 billones hasta el 30 de junio pasado, y el pago de intereses y amortizaciones representará un 47% de los gastos presupuestados para 2023. Según el plan de gastos recién presentado por el Poder Ejecutivo para el próximo año, el pago de intereses de la deuda crecerá un 14,9% en 2023, un ritmo que supera por un gran margen el del resto del presupuesto (apenas 0,1%).
¿Cuánto dinero dejaría la venta del BCR?
El monto final en el que se podrían vender los activos y los pasivos del BCR es imposible de determinar a priori. Para definirlo se deberá contratar una firma especializada como un banco de inversión o una consultora internacional, de modo que esta realice las valoraciones debidas e identifique los posibles interesados. Sin embargo, el Gobierno usa como referencia estimaciones del Departamento de Investigación Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esas estimaciones, según cita en el proyecto de ley de venta de la entidad enviado al Congreso, sugieren un valor de $1.785 millones (¢1,15 billones, al tipo de cambio actual).
El economista Gerardo Corrales, exgerente general de BAC, considera que esa valoración es correcta. Según dijo, la eficiencia operativa de los bancos estatales (la relación entre sus ingresos netos y sus gastos administrativos) oscila entre el 65% y el 70%. Eso quiere decir que alrededor de un 30% y un 35% de los ingresos pueden ser dirigidos a ahorro o utilidades de la entidad y, según señaló, un comprador podría estar dispuesto a pagar entre 1,5 y 2 veces el valor en libros del banco. “Eso quiere decir que si el BCR tiene un book value de unos $1.100 millones, podrían recibirse en el peor de los casos unos $1.700 millones o unos $2.200 millones, en un rango más alto”, evaluó.
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¿La ganancia con la venta es sustancial?
El acumulado de la deuda pública del Gobierno Central alcanzó un 65,8% del PIB al primer semestre y la venta del BCR, según las estimaciones realizadas hasta el momento, permitiría reducir ese número en unos 2,6 puntos porcentuales. Además de ese ahorro, Hacienda espera una reducción en el pago de intereses de la deuda.
Esto ocurriría porque, ante menores necesidades de recursos por parte del Gobierno, el mercado debería responder con menores tasas. Asimismo, existe la posibilidad de que la calificación crediticia del país mejore justo por el mismo motivo, lo cual acentuaría esos rebajas.
El presidente Chaves afirmó en conferencia de prensa, el 7 de septiembre pasado, que es por ese motivo que la venta no debería verse como “una curita”. Según los cálculos del Ejecutivo, una disminución de la deuda como la que se propone con la venta del BCR podría derivar en una reducción en el pago de intereses de ¢600.000 millones para el 2030.
El riesgo de ese impacto positivo radica en que se desperdicie. Si bien el proyecto de venta establece que los recursos se usarían solo para pagar deuda pública, el impacto positivo de esa medida y la reducción de la presión de los intereses podría emplearse más o menos responsablemente, y eso aumentaría o disminuiría la rentabilidad de que se privatice el banco.
¿Perdería ingresos el Estado con la venta del BCR?
El BCR gira al Estado diferentes cargas parafiscales que, sin su existencia como entidad pública, podrían perderse. Las participaciones sobre las utilidades representaron ¢22.949,6 millones en 2021, divididas de la siguiente manera:
- ¢11.481,6 millones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
- ¢3.827,2 millones para préstamos de educación de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).
- ¢3.721,5 millones al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
- ¢2.826,8 millones a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
- ¢1.092,5 millones a operadores de pensiones de capital público.
Estos números se calculan como proporción de las utilidades del banco todos los años, por lo que varían en cada período. El monto general fue de ¢6.642,4 millones en 2018, ¢16.953,3 millones en 2019, y ¢10.819,3 millones en 2020, según los estados financieros consolidados a diciembre de cada unos de esos años.
Según Fernando Naranjo, presidente de Cefsa y exgerente general del Banco Nacional, privatizar el banco implicaría para el Estado tener que suplir esas necesidades por otras vías. Sin embargo, la economista y gerente de puesto de bolsa de Grupo Acobo, Adriana Rodríguez, considera que existen otras dos posibles salidas para esa complicación.
Por un lado, el país podría suprimir del todo esas cargas parafiscales y asumirlas presupuestariamente, tomando en cuenta que reducir las cargas bancarias podría dinamizar el crédito y aumentar la recaudación por otras vías. Por otro lado, podría dejarlas, partiendo del hecho de que las rentas del Banco Nacional podrían crecer una vez que el BCR ya no cuente con ventajas estatales, como la recepción exclusiva de los depósitos de instituciones públicas, y eso impactaría al alza la recaudación de las cargas sobre sus ganancias (que actualmente se usan para los mismos fines).
¿Existen beneficios no monetarios de una eventual venta?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha resaltado la falta de competencia en el sector bancario costarricense en reiteradas ocasiones. La entidad llegó a mencionar en 2018 que este era el “principal problema” de la banca del país, a pesar de la apertura del monopolio estatal sobre las cuentas corrientes y de ahorro desde 1995, y explicó que se traduce en “mayores márgenes de intermediación y a una falta de capacidad de respuesta a los movimientos que se dan en la tasa de política monetaria, afectando negativamente el desempeño económico del país”.
El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular acumulan todavía un 56% de los activos totales del sector bancario (aunque el dato ha decaído en 7 puntos porcentuales desde 2017) y, además, los tres suman el 54% de la cartera crediticia.
Rodríguez explicó que el Banco Nacional y el BCR cumplen papeles muy similares y que, en ese sentido, el segundo no parece tener un rol particularmente estratégico. Por eso, la entrada de un actor internacional en su lugar podría derivar en mejores condiciones para los consumidores.
“Si existe un comprador internacional de algún grupo diferente a los que ya tenemos, siempre hay una ganancia por mayor oferta en políticas comerciales, públicos meta, prácticas, y estilo. Por ejemplo, si hablamos de un banco estadounidense o uno europeo, que tenga líneas de fondeo muy baratas, podría abaratar la oferta de crédito y eso puede trasladarse al resto del mercado”, anotó.
El BNCR y el BCR, además, son los dos principales competidores por fondeo en colones y, según la economista, eliminar esa disputa podría reducir las presiones sobre las tasas de interés en esa moneda y fortalecer el papel del BNCR. “Por eso”, explicó, “la pérdida de ingresos con el BCR no puede verse como algo definitivo”.
¿Qué perjuicios no monetarios podría provocar la venta?
Fernando Naranjo, sin embargo, considera que proponer la venta de una entidad como el BCR es una espada de doble filo. Por ejemplo, si no existe interés en el mercado por una entidad como el BCR, que es muy grande para el contexto costarricense pero muy pequeña en el marco regional (el mercado costarricense es de apenas cinco millones de personas), este podría ser un golpe reputacional fuerte. Según afirmó, ese riesgo se acrecienta aún más en momentos en que la economía teme por los efectos desaceleradores de la guerra en Europa del Este, que incluso amenaza con eventuales recesiones.
“Hay que recordar que la institución, además, tiene múltiples edificios que probablemente ya no valen lo mismo que hace unos años y cuenta con unos 4.000 empleados, de difícil remoción”, observó. “No es que yo quiera desconocer las bondades de la venta del BCR, pero sí pienso que se debe tener mucha prudencia y cuidado en una decisión como esta porque podríamos vernos envueltos en un ejercicio muy fuerte de tratar de vender la institución y que realmente no haya clientes interesados en comprarlo”.
La venta de un banco estatal requiere, además, una amplio acuerdo legislativo y luego el trámite de la transacción puede tardar varios meses o años adicionales, dependiendo de la calidad de la información disponible, según explicó Gerardo Corrales. De hecho, es una idea que ya se ha plantado años atrás e incluso fracasó en el Congreso cuando se impulsó a finales de siglo pasado.
Abogados constitucionalistas coinciden en que la eliminación de una institución autónoma, como el BCR, requeriría el visto bueno de al menos 38 diputados (los mismos que para crearla). Sin embargo, el presidente Chaves ha manifestado dudas sobre esa interpretación, pues afirma que técnicamente no se estaría extinguiendo la personería jurídica de la entidad.