Gobierno se queda sin espacio de maniobra en gasto ante inflación, inflexibilidad y regla fiscal

¢545.000 millones representan, para ponerlos en contexto, una quinta parte del presupuesto que tendría el MEP en 2023 y más de todo el que se destinaría para el Poder Judicial.

El impacto de la inflación será duro y así lo reconoció el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, este 1.° de septiembre, durante el acto de presentación del instrumento de planificación financiera de 2023 en la Asamblea Legislativa.

El jerarca señaló que el escenario únicamente se podrá enfrentar con un uso más eficiente del dinero público, ante unas finanzas públicas que ya de por sí están restringidas por una deuda asfixiante, un gasto mayoritariamente inflexible y una regla fiscal que se ve como la principal herramienta para aplacar el endeudamiento del país, no solo desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa sino también de los organismos internacionales que dan financiamiento al Estado.

¿Dónde se encoge más el gasto?

El “tijeretazo” por la inflación, entre el presupuesto de 2021 y el que se propone para 2023, afecta a casi todas las instituciones que reciben dinero del Presupuesto Nacional. Sin embargo, el impacto es más sustancial en algunas entidades que otras.

Una de las que más sufre es el Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual estaría registrando un recorte de 8,7% en términos reales de 2021 a la fecha, si se aprueba el plan de gastos para el próximo año que presentó el Poder Ejecutivo este jueves.

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Mientras que el presupuesto del MEP respondía a un 6,3% del PIB en 2021, la estimación que realizó para el próximo año es de apenas un 5,3% de la producción.

El dinero destinado al Ministerio de Educación también presenta una merma en la comparación entre el plan en ejecución en este 2022 y el propuesto para el 2023. Esta reducción es de 1,56%, unos ¢40.000 millones y podría acentuarse en los próximos meses, con una subida en los precios que continúa.

Aún así, el MEP es el ministerio al que el Gobierno Central plantea destinar más recursos el próximo año, pues con ¢2,5 billones se deja el 20,5% del total.

Otro presupuesto con una alta caída es el Ministerio de Salud. Si se revisa su presupuesto de 2021 y se compara con el propuesto para 2023, de nuevo en colones actuales, se aprecia una disminución del 25,7%; aunque dicha rebaja cobra mayor sentido ante menores necesidades de las que se tuvo en pleno pico de la pandemia de la covid-19.

Esta merma ha sido escalonada y se atenuaría en el plan para el próximo año; es decir, la mayor reducción habría ocurrido ya este año, en términos reales.

El total de dinero para el Ministerio de Salud cayó 18% entre 2021 y 2022 y registra una contracción del 8% entre lo gastado este año y la propuesta para 2023.

Las mermas también son la tónica en ministerios como los de Trabajo (-6,2%); Obras Públicas (-6,8%), Seguridad (-9,3%) o Justicia (-6,2%); y solo algunas carteras se escapan de las reducciones, aunque por casos especiales.

Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda presenta un crecimiento engañoso del 41,6% entre 2021 y 2023 (monto propuesto), pero eso realmente responde a la inclusión de recursos para hacer una capitalización a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y no a proyectos específicos de inversión pública.

También crece el dinero que se planea asignar al Ministerio de la Presidencia, en comparación con lo aprobado para este 2022, en un 7,57%. El aumento se mantiene al comparar el gasto de 2021 traído a valor presente y el plan para 2023, con un 3%.

No obstante, con una proyección de gasto de ¢12.164 millones, el Ministerio de la Presidencia apenas representa un 0,1% del total del presupuesto para 2023.

De los 18 ministerios, el de Vivienda es el que recibiría la menor cantidad de dinero en 2023, de aprobarse el plan de la administración Chaves, con ¢5.732 millones. El monto representa un aumento del 0,43% con respecto al plan de gastos en ejecución este año, pero una caída del 34% al comparar el gasto del 2021 traído a valor presente con el plan para el año próximo.

Todas las comparaciones que se hacen en este trabajo contra los datos de 2021 se hacen trayendo sus registros de ese año valor presente, por dos razones: ese fue el último año antes de la crisis inflacionaria de los últimos meses y, además, el primero en que se incluyeron 50 órganos desconcentrados al plan de gastos por disposición legal.

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Margen estrecho

Los “recortes” por la inflación (en términos reales) ocurren a pesar de que la regla fiscal permite un espacio, aunque muy ligero, para el crecimiento del gasto (2,56% para el gasto sin contemplar las amortizaciones), y ello se explica porque el pago de la deuda pública y la inflexibilidad de otros rubros de gasto siguen asfixiando a un Gobierno Central.

La presión de la deuda ha sido la tónica de los últimos años, pero ahora se acrecienta con la subida de las tasas de interés a nivel nacional e internacional, que buscan poner freno a la subida de los precios que hace estragos a nivel mundial. Ese es un factor, dijo Acosta, que permea los nuevos datos.

La escalada en los tipos de interés eleva las erogaciones del Estado costarricense, que enfrenta peores condiciones crediticias al obtener los recursos prestados que sigue necesitando.

De hecho, aún trayendo a colones de 2022 los recursos presupuestados para el servicio de la deuda en 2021, el monto destinado a ese rubro sería un 9,6% mayor en 2023. En otras palabras, el dinero que se paga por la deuda no solo sube a tono con la inflación, sino que le supera en el ritmo de esa subida de precios.

“Un 47% de los recursos del presupuesto es para la amortización o el pago de intereses y la pregunta entonces es qué espacio tenemos para dedicarle a otros gastos”, se preguntó Acosta, de modo retórico. Además, recordó que hasta un 48% del dinero del presupuesto se va en transferencias a instituciones y en remuneraciones: cuestiones muy acotadas legalmente que impiden mayor flexibilidad en el gasto público.

Esos rubros de gasto inflexibles, como remuneraciones y transferencias corrientes, se dejan el 45,5% de los ¢12,26 billones del presupuesto 2023.

Acosta también señaló que hasta un 85% del presupuesto se lo dejan la deuda pública, el MEP, las pensiones con cargo al presupuesto, el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial; y que, en medio de esas obligaciones, se debería crear espacio para otras tareas como la construcción de obra pública.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de que el Congreso continúe aprobando crédito externo al Gobierno, que generalmente ofrece menores tasas de intereses y mayores plazos de pago. Ello, indicó, haría más ligero el pago de las obligaciones del Estado en el corto y mediano plazo.

Entre otras posibilidades en esa dirección, recordó la emisión de $6.000 millones en títulos de deuda externa, popularmente conocidos como eurobonos, por los que puja la administración en Cuesta de Moras. “100 puntos base que aumente la tasa promedio de la deuda costarricense en el mercado local significan ¢62.000 millones que hay que quitarle a alguien”, dijo.

El panorama no es alentador para las instituciones y el Gobierno señala que la decisión está tomada: se buscará cumplir el contrato social, pero con menos recursos.

Rodrigo Arias, diputado de la principal bancada de oposición en el Congreso (Liberación Nacional) y presidente de la Asamblea Legislativa, ya lo aceptaba con resignación este mismo 1.° de septiembre.

“Yo creo que en Costa Rica todos debemos de estar conscientes de que todos queremos tener un Estado Social de Derecho que realmente pueda satisfacer las necesidades del pueblo en materia de educación, de salud, de infraestructura y ambiental; pero todo eso, que son conquistas, ambiciones, deseos y anhelos fundados de los costarricense tiene que tener un sustento en los ingresos con los que debe contar el Gobierno para hacerle frente a todos esos gastos”, afirmó.

“Las metas que aspiramos es a tener un superávit primario (este año), de manera que ya podremos comenzar a ver una línea descendente de esa deuda que tanto nos está asfixiando, que tanto nos cuesta y que es necesario y bajando, para poder ir liberando recursos para gastar más en mantener ese Estado Social de Derecho que tanto nos ha enorgullecido por muchos años”, remarcó el político de larga trayectoria.

Sobre ese mismo superávit, Hacienda proyecta ingresos propios para 2023 que por primera vez en años superarían los egresos (sin contar el pago de la deuda) estimados en el mismo presupuesto. Las entradas que espera el Gobierno se estiman en ¢7,3 billones y los gastos en ¢6,5 billones; y la diferencia se usaría para disminuir el endeudamiento público.

La restricción del gasto, en ese sentido, se ve como una medicina amarga que no debería evitarse, al menos por ahora.

Con esa estrategia, que se delineó desde el gobierno pasado, es que la nueva administración espera reducir el endeudamiento en los próximos años y, con ello, liberar algunos recursos para otros fines.

“La inflación genera pobreza y el Gobierno tiene que responder a esas necesidades, pero creo que desde el punto de vista práctico lo que tenemos que hacer más con lo que ya tenemos”, explicó Acosta, consultado por una periodista sobre las implicaciones del nuevo presupuesto sobre el gasto social. “Estamos consientes de que las transferencias de gobierno le permiten a la gente no caer en pobreza, pero creemos que a la par de lo que podemos hacer con los recursos que tenemos hoy, también se debe crear espacio para la inversión privada, para que no suban las tasas de interés y para que se puedan abordar proyectos de inversión; debe haber un balance entre lo que hacemos con los recursos que tenemos y la gestión de la deuda”, concluyó sin más.

El país está en momento de pagar su deuda, las necesidades y obligaciones legales siguen siendo las mismas, y la inflación quita el poco espacio que queda para cualquier gasto ‘extra’.