El gobierno de Carlos Alvarado prometió que impulsaría una reforma integral a las instituciones del Estado. Lo hizo en diferentes ocasiones e incluso en intervenciones de sus jerarcas del Ministerio de Hacienda en el Plenario Legislativo, pero finalmente pocos proyectos avanzaron. La promesa de simplificar y achicar el entramado de las más de 300 entidades estatales se quedó en poco más que una promesa.
El tiempo habría sido el factor que impidió realizar una reestructuración de proporciones, según la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido. Ella considera que se hicieron los estudios correctos y que queda camino adelantado para la nueva administración, pero que la atención de la pandemia y la priorización del plan de empleo público impidieron ir más allá en ese tema durante los últimos años.
“Quizás los cuatro años nos hubieran rendido un poco más (sin eso)”, opinó.
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Una vez más, la complejidad del organigrama estatal será un reto que se herede de administración a administración. Los problemas que genera la dispersión instituciones son un tema recurrente en los informes de estudios económicos que realiza periódicamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el país, y van más allá de una cuestión estrictamente fiscal o de gasto público. También dificultan la atención eficiente y oportuna de la población para beneficio de la cual existen esas instituciones.
El diagnóstico
Según redactó la OCDE en su más reciente publicación de Estudios Económicos de Costa Rica, la fragmentación institucional costarricense “se combina con una coordinación, dirección y responsabilidad limitadas”, y se traduce en “duplicaciones, asignación de responsabilidades poco clara y falta de liderazgo en algunas áreas de política”.
También genera un problema de gestión presupuestaria y de recursos, añadió la misma entidad en 2018. “La gran fragmentación del sector público en numerosas instituciones desconcentradas y descentralizadas obstaculiza la capacidad del Ministerio de Hacienda para controlar el presupuesto y asignar el gasto de acuerdo con las prioridades identificadas y las necesidades cambiantes”, anotó.
De las 322 instituciones en Costa Rica, un 45% corresponde a entes públicos no estatales y gobiernos locales. Sin embargo, un 25% corresponden a entidades adscritas a los ministerios de gobierno o a instituciones autónomas, las cuales en muchos casos generan duplicidades de funciones y una dispersión de la autoridad.
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Una compromiso maltrecho
La actual administración señaló en varias ocasiones que impulsaría una reforma institucional. Una de las primeras fue en el propio mes de mayo de 2018, recién en los primeros días del actual cuatrienio, cuando la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, acudió al Plenario de la Asamblea Legislativa a exponer los planes fiscales y económicos por parte del Ejecutivo para el siguiente cuatrienio.
Según mencionó en aquel entonces, el plan inicial era impulsar la reforma fiscal que se aprobó en 2018 e inmediatamente buscar dos reformas estructurales más. Dijo que se impulsaría el plan para reformar el empleo público en 2019 y luego una reforma institucional en 2020. Sin embargo, la reforma al sistema de contratación estatal tuvo un trámite mucho más lento del esperado y finalmente no se concretó ningún proyecto de fondo sobre le segundo pilar.
Lo que sí se aprobó en 2019 fue una ley que eliminó seis entidades inactivas: la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Junta de Fomento Salinero, la Junta Nacional de la Cabuya, la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma y la Casa Hogar de la Tía Tere, que pasó a manos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
En otras palabras, solo se eliminaron entidades con un nombre, pero sin personal, sin presupuesto y sin funciones sustantivas; a pesar de que en aquel entonces la ministra Garrido, de Planificación, aseguró que se trataba de “un primer momento que abría el camino para reformas más sustantivas”.
Luego, en febrero de 2020, el entonces nuevo ministro de Hacienda (y ahora candidato presidencial), Rodrigo Chaves, llegó también al Plenario Legislativo con otra promesa. Durante una audiencia sobre la agenda de estabilidad macroeconómica del Gobierno en medio de la pandemia, el entonces jerarca aseguró que el gobierno presentaría una iniciativa para reducir duplicidades institucionales y redundancias en organismos descentralizados. Sin embargo, el texto nunca llegó a Cuesta de Moras.
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Según Chaves, el proyecto consistía en una iniciativa para reducir redundancias y duplicidades por un monto de ¢16.000 millones, en aquel entonces.
Ese proyecto parecía estar listo y el Gobierno de la República incluso lo añadió a su primera propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual luego fue abortada tras disturbios sociales. No obstante, no vio la luz en la segunda propuesta al organismo, ni tampoco se impulsó desde entonces fuera de ella.
En un documento oficial, el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por el actual jerarca, Elian Villegas, indicó que la intención de ese proyecto era alcanzar un diseño institucional más eficiente y ahorrara anualmente alrededor de un 0,05% del PIB al Estado.
Según el documento, la idea era eliminar absolutamente cinco órganos desconcentrados y sus funciones, eliminar otros nueve órganos desconcentrados y trasladar sus funciones a ministerios, y trasladar dos órganos a otros ministerios, entre otras reformas.
Si bien finalmente eso no ocurrió, en 2020 sí se cerró otra entidad. Se trató del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), cuyas funciones se movilizaron al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Según el gobierno, ese movimiento se planteó para una gestión más eficiente de los programas de becas y generar un ahorro de unos ¢1.000 millones anuales.
Mucho tiempo después, ya en mes de febrero de 2022, el presidente Carlos Alvarado también comentó su interés de enviar a discusión de la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para fusionar las instituciones del sector vivienda. Según comentó, le gustaría dejar avanzadas las discusiones antes de finalizar su mandato, pero no profundizó más en ello y el texto aún no llega a manos de los diputados.
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‘Camino adelantado’
El proyecto relacionado con la reducción de órganos desconcentrados (la principal promesa de reestructuración, fundamentada en una serie de estudios realizados por Mideplan en los últimos años) está listo para ser presentado desde hace mucho tiempo, según explicó a EF la ministra Garrido. Sin embargo, ella señaló que la estrategia política del gobierno fue priorizar la discusión de la reforma al empleo público y no mezclar ambas cuestiones.
Desde su punto de vista, el camino ya está adelantado y el proyecto podría presentarse al cierre de esta administración o bien quedar para estudio de la próxima administración.
“Esperaremos al final, a ver si (el proyecto de reforma de órganos desconcentrados) llegará a ser presentado y si puede avanzar. Pero creo que hay suelo fértil si se consideran manifestaciones de algunos candidatos para retomar algunas de estas discusiones en la Asamblea Legislativa próxima”, apuntó. “Creo que Mideplán ha abierto camino y se contará con estudios técnicos para plantear las discusiones y hacerlo con evidencia”.
Hasta el momento, los candidatos presidenciales en la segunda ronda electoral han mencionado poco del trabajo hecho por Mideplán de los últimos años. Sin embargo, el expresidente José María Figueres (Liberación Nacional) se muestra más renuente que el exministro hacendario Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático) a realizar reformas de peso, al menos en su discurso.
Figueres dijo en entrevista con EF, de cara a la primera ronda del 6 de febrero pasado,que “con 500.000 personas sin empleo no está por llegar al Estado para despedir a colaboradores” y que tampoco quiere “conmocionar más al país diciendo que va a cerrar instituciones”.
Chaves, por su parte, indicó en otra entrevista con este medio que él ya propuso como ministro concesionar la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), porque apoya revisar la existencia o el diseño de entidades que no estén logrando sus objetivos de manera eficiente.
La dispersión institucional, al menos por el momento, seguirá siendo un lastre.