El 14 de febrero la Asamblea Legislativa votó en segundo debate el expediente 20.649, iniciativa que será conocida como la Ley 9.668 y que permite reducir el aparato estatal de 330 a 323 instituciones.
Al 5 de marzo, la Ley 9.668 no se había publicado en el diario oficial La Gaceta, por lo que de momento, se conoce como decreto legislativo o una ley que no ha entrado en vigor. El 21 de febrero el texto fue sancionado por el presidente de la República, de acuerdo con información confirmada por Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno comenzó la esperada transformación “por donde no duele”, y para eso eliminó comisiones y juntas poco sustantivas que estaban contempladas en siete leyes.
El Poder Ejecutivo echó a andar el proyecto de ley porque un aparato estatal tan fragmentado es un obstáculo para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así, la administración Alvarado Quesada envía una primera señal al comité de las buenas prácticas con un proyecto de ley, que tras la aprobación del Poder Legislativo, le dio el tiro de gracia a instituciones irrelevantes.
En total, la futura Ley 9.668, contempla la derogación de cinco leyes, la eliminación de cuatro artículos de la Ley Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes y la reforma a la Ley 7582 Creación de Centros Cívicos.
Aunque el texto base pretendía clausurar nueve instituciones, las mociones que se aplicaron durante la discusión legislativa solo permitieron eliminar siete.
Otras entidades, que incluso duplicaban funciones, como la Ley N 7.667 que creó el Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense, pasaron el filtro legislativo.
La reciente aprobación del hoy decreto legislativo (Ley 9.668) abre la discusión para continuar con la reducción del inmenso aparato estatal. Por eso, en marzo el Poder Ejecutivo presentaría iniciativas ante la corriente legislativa para poder ejecutar reformas administrativas.
Muertos vivientes
La Ley 9.668 llegó hasta la Asamblea Legislativa tras un diagnóstico que realizó Ministerio de Planificación Nacional y de Política Económica (Mideplán), que solo permitió reducir el aparato estatal en 2%.
El estudio determinó que las instituciones estaban inactivas, sin personal, sin presupuesto y que no desempeñaban funciones sustantivas para el desarrollo del país.
Las instituciones pertenecían a un conjunto de leyes obsoletas y la mayoría carecían de infraestructura, razón por la que los cierres son simbólicos. En casi ningún caso hubo clausuras con candado.
Una de las que pasó a mejor vida fue la Junta de Fomento Avícola, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La junta nació con la Ley de Fomento Avícola del 26 de mayo de 1972 y funcionaba como un órgano desconcentrado pero sus competencias fueron absorbidas por la cartera mencionada y otras instituciones.
Un caso muy similar sucedió con la Junta de Fomento Porcino, que al igual que la anterior, era un organismo adscrito al MAG.
La institución nació con la Ley de Fomento a la Actividad Porcina del 22 de mayo de 1980.
El Ministerio concluyó que por los cambios del sector las dos juntas solo eran un resabio legal y debían ser liquidadas, así consta en el oficio MAG-AJ-377-2017.
La Comisión Nacional para la Defensa del Idioma también dejó de robar oxígeno.
En este caso se eliminaron los artículos 5,6,7 y 8 de la Ley Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes del 11 de setiembre de 1996.
La entidad era un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), y tenía representantes del Poder Ejecutivo, la Academia Costarricense de Rectores y la Asociación Costarricense de Filólogos.
A pesar de las buenas intenciones para defender la lengua materna, la comisión no funcionaba desde hace años.
La Junta de Fomento Salinero también dijo adiós con la derogación de la Ley de Fomento Salinero del 30 de agosto de 1977.
Su principal función era velar por el adecuado desarrollo de la industria, de los productores y perfeccionar el sector técnicamente.
Al igual que las demás, la institución no existía técnicamente y estaba inactiva.
La Junta Nacional de la Cabuya también feneció con la eliminación de la Ley de Fomento de la Producción de Cabuya del 29 de junio de 1990.
La entidad sufrió cambios con dos tratados internacionales, la Ejecución de Acuerdos Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
Legislaciones impactaron la junta hasta dejarla inactiva.
La Casa Hogar Tía Tere también es cosa del pasado con la derogatoria de la Ley N.° 7.817. La institución brindaba asistencia a menores de edad en condición de abandono, riesgo social o con necesidades físicas al igual que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Desde el 2002 la Contraloría General de la República (CGR) había recomendado cerrarla por distorsiones administrativas. Sin embargo, fue posible hasta 17 años más tarde.
La Junta Administrativa de Centros Cívicos también dejó de existir. Se había creado con la Ley N 7.582 en marzo de 1996 y pertenecía al Ministerio de Justicia.
Algunas de las tareas que tenía a cargo era administrar los centros cívicos, los fondos específicos y los ingresos que se percibían por diferentes conceptos.
Ahora el Estado tendrá facultad para construir los centros cívicos. Además se faculta al Ministerio de Justicia y Paz, así como a sus dependencias, segregar, donar o ceder bienes inmuebles a otras instituciones del Estado.
Esta cartera será la encargada de realizar las tareas que antes tenía la junta, según la ministra de Planificación.
El texto base del Poder Ejecutivo proponía cerrar nueve instituciones, sin embargo, dos lograron sobrevivir a la discusión legislativa.
Se trata de la Ley N 7.667 que crea el Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense.
La institución realiza las mismas funciones que la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape). Situación que podría solventarse con una oficina de la comisión en dicha provincia para evitar la duplicidad de funciones.
También resucitó la Casa de Cultura de Puntarenas a la que la Procuraduría General de la República había calificado como un órgano desconcentrado en grado mínimo.
¿Continuará la reducción?
A pesar de que la jerarca de Mideplán no reveló los detalles del próximo paso del Poder Ejecutivo, sí adelantó que a finales de marzo se presentarán proyectos de ley para implementar reformas administrativas, tema que está ligado con la transformación de empleo público.
También agregó que se trabaja en la reedición de los órganos desconcentrados que están adscritos al Gobierno Central –actualmente existen 76–, para determinar cuántas instituciones deben continuar con vida.
Algunas de las instituciones adscritas son el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Transporte Público (CTP), museos y teatros.
En este momento se trabaja sobre una reingeniería del aparato estatal, mediante análisis técnicos para hacer más eficientes las instituciones públicas, de acuerdo con declaraciones de la jerarca.
La idea es que las entidades estén “a la altura de los tiempos para justificar su existencia”.
Para las eventuales transformaciones se revisarán los problemas que presentan algunas de ellas y se tratarán de mejorar procesos, para tener un aparato más dinámico.
