Costa Rica parece dirigirse por cuarta vez en lo que va de este siglo a una segunda ronda de elecciones para definir quién ocupará su Presidencia de la República. Los balotajes se han convertido en un paso casi infranqueable, que genera costos políticos y que significa más gastos económicos para el Estado y los partidos.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) advirtió a partir de su último estudio de opinión política que la segunda ronda parece “inevitable” en este 2022, como ya ocurrió en 2002, 2014 y 2018, a partir de la ruptura del bipartidismo tradicional.
A dos semanas de las elecciones, las encuestas del centro especializado de la Universidad de Costa Rica (UCR) indican que ninguna de las candidaturas supera el 15% de intención de voto en las encuestas, mientras que los niveles de indecisión alcanzan hasta un 40% de las personas que piensan salir a las urnas.
La Constitución Política ordena que el Presidente de la República y sus dos vicepresidentes deben ser elegidos con el respaldo de al menos un 40% de los votos válidos emitidos. El artículo 138 señala que se tendrá que realizar un desempate dos meses más tarde si ninguno de los contendientes alcanza esa cantidad.
Esta situación implica costos políticos y económicos; sin embargo, con un sistema político fragmentado, amenaza con convertirse en algo casi permanente.
Retos políticos
Las segundas rondas significan una extensa lista de retos políticos para las diferentes candidaturas presidenciales.
Solo en el plano electoral, las candidaturas se ven obligadas desde muy temprano a ceder y establecer acuerdos con otras corrientes políticas; lo cual muchas veces significa alejarse de su propuesta inicial al electorado.
Este es un desgaste, además, que no siempre es productivo. El politólogo del CIEP, Jesús Guzmán, recordó que si algo han dejado claro las últimas elecciones es que los partidos políticos pueden comprometer sus apoyos, pero esto no siempre cala en un electorado cada vez más alejado de cualquier compromiso con las agrupaciones en sí mismas.
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Las segundas rondas también abren retos de gestión política, para los eventuales presidentes electos.
Como la disputa de cara al balotaje implica mayores niveles de enfrentamiento, y suelen formarse bloques con posiciones muy antagónicas, el resultado es un ambiente tenso de cara al ejercicio del poder. “Esto pone a prueba la capacidad de liderazgo de quien resulte electo”, apuntó Guzmán.
El tiempo que ocupa la segunda ronda (que actualmente es de dos meses) también recorta el margen de maniobra del partido y el aspirante vencedor para definir sus nombramientos en ministerios o presidencias ejecutivas clave; o para establecer sus primeras líneas de acción al llegar a Zapote.
Precisamente por este motivo, diputados de diversas fracciones impulsaron proyectos de reforma constitucional en los últimos dos cuatrienios proyectos para reducir el plazo de la segunda ronda. Sin embargo, ambos intentos fracasaron.
El primer proyecto lo presentaron diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), en 2014; e incluso llegó a ser aprobado. No obstante, la Sala Constitucional encontró un error de trámite legislativo por ausencia de una consulta al TSE, lo cual supuso su archivo.
El segundo proyecto lo presentaron legisladores de diversas fracciones en 2018, pero luego la comisión que lo analizó en el Congreso decidió sepultarlo, con la única oposición oficialista.
Los diputados se basaron en algunas alertas del entonces presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado. Él comentó que usualmente la declaratoria formal de los resultados electorales en primera ronda toma unos 15 días; pero cuando los resultados son más ajustados puede tomar una o dos semanas adicionales. Dijo que este es un escenario poco probable, pero posible.
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Retos económicos
El desarrollo de segundas rondas también implica costos y cálculos económicos adicionales para el Estado y para los partidos políticos.
Las autoridades electorales presupuestaron ¢7.359 millones para la realización del proceso electoral en primera ronda y ¢2.616,6 millones adicionales para un eventual desempate.
Estos gastos incluyen la organización y la impresión de las papeletas, entre otras cuestiones indispensables.
Los números son similares a los que se presupuestaron en 2018. En aquel entonces, el TSE dispuso de ¢6.929 millones para la primera ronda y ¢1.539 millones para la segunda.
Además de los retos para las autoridades electorales, la politóloga Eugenia Aguirre, del del Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la UCR, señaló que los mismos partidos políticos también entran en una encrucijada entre gastar más recursos para su campaña en primera ronda o actuar con más cautela y dejar parte de su arsenal para el balotaje.
El dinero electoral se reparte según los resultados de los primeros comicios, y puede ser más o menos suficiente para una segunda ronda, dependiendo de cuánto se gastó en la primera.
Una realidad infranqueable
Una segunda ronda parece “inevitable”, según el CIEP. A día de hoy y con las encuestas disponibles, todo parece apuntar a un desempate en abril.
El politólogo del CIEP e investigador del Programa Estado de la Nación, Ronald Alfaro, explicó en una reciente entrevista con EF que es fácil llegar a esta conclusión porque el voto indeciso tiende a diluirse entre varias candidaturas.
“Solo en situaciones en que se presente un evento extraordinario podría ser que el voto se concentre en algunos pocos candidatos, pero aquí no tenemos ese evento o ese factor hasta el momento. Puede aparecer, sí; pero no lo vemos por ahora”, comentó.
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El 40% de personas con intenciones de votar dice que aún no se deciden por alguna candidatura. Tal número representa a un grupo de la población que tiene que ser diverso. Esto quiere decir, advierten distintos analistas, que se trata de personas con distintas características sociales y económicas, cuyas preferencias finales se pueden mover en múltiples direcciones.
La última encuesta del CIEP, que entrevistó a 1.207 personas entre los días 19 y 22 de enero, encontró que hasta un 25% de los electores indecisos incluso cree que tomará su decisión de voto hasta el último momento, ‘papeleta en mano’, ante las urnas.
¿Una reforma?
La complejidad que suponen las segundas rondas siempre deja en el aire la pregunta de si sería conveniente o no reformar el artículo 138 de la Constitución Política, para reducir el mínimo de votos requerido para una victoria en primera ronda.
El politólogo Guzmán señaló que ciertamente el 40% se aplica en muchos otros países y en algunos incluso alcanza el 50%; pero se trata de un umbral que se pensó para modelos bipartidistas.
La idea de ese umbral es generar el mayor respaldo posible para la persona que resulte electa, pero esto cada vez ocurre menos, con un sistema que ahora privilegia el descarte y voto “en contra del otro”.
Una posible salida para el problema de los bajos respaldos y para reducir las posibilidades de eventuales segundas rondas en el futuro, según Guzmán, podría estar en el impulso de las coaliciones entre partidos políticos. Facilitar su desarrollo podría desembocar en mayores niveles de respaldo temprano.
“Tenemos un multipartidismo asentado y la lógica del 40% era garantizar un mayor respaldo al presidente electo, pero eso no se está cumpliendo. Hoy más bien vemos un fenómeno de ‘votos prestados’”, concluyó.