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La empresa Meco, junto con la española Puentes y Calzadas, construyó la nueva estructura del puente sobre el río Virilla, conocido como el Puente del Saprissa. El mismo consorcio se iba a encargar de la rehabilitación de la vieja estructura. Foto: José Cordero (Jose Cordero)
Las empresas Meco y H Solís –investigadas por el Caso Cochinilla– recibieron un nuevo golpe, con la cancelación de dos contratos para obras por $34 millones (¢21.000 millones) que ya tenían a su nombre.
Esta decisión se suma a la de no ampliar los contratos de conservación vial, mayoritariamente asignados a estas entidades.
Según el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, la decisiones se toman ante “las dudas que han surgido” sobre los contratos y con “el mayor asesoramiento legal posible”, para evitar que “se conviertan en reclamaciones que perjudiquen a la ciudadanía y la hacienda pública” en el futuro.
Los dos contratos ahora cancelados son el de las obras adjudicadas a H Solís para ampliar la radial de Lindora; así como una adenda al contrato con el consorcio Virilla Ruta 32 S.A., conformado por las empresas Meco y Puentes y Calzadas, para rehabilitar la estructura vieja del puente sobre el río Virilla, conocido como el ‘puente del Saprissa’.
El primero de los contratos representaba una inversión de $13 millones; mientras que el segundo alcanzaba los $21 millones, indicó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a través de un comunicado de prensa.
La decisión la tomó oficialmente el Consejo de Administración del Conavi, este 8 de julio, informó la propia entidad.
Consultada por EF sobre la decisión, la empresa Meco únicamente indicó que “respeta las de decisiones” de Conavi; mientras que el vocero de H Solís, Carlos Carmiol, aseguró que, hasta el momento, “la empresa se encuentra valorando a lo interno todo lo relacionado con el tema, para determinar posteriormente sus alcances”.
Caso Cochinilla
El Caso Cochinilla es una investigación judicial sobre presuntos sobornos y otros delitos que habrían cometido distintas empresas constructoras, para obtener beneficios en la gestión de obra pública.
Las pesquisas se dieron a conocer este 14 de junio, fecha en que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó casi 60 allanamientos en distintas partes del país y detuvo a 30 personas, entre ellas representantes de empresas y funcionarios públicos, principalmente del Conavi.
Según indicó el director del OIJ, Walter Espinoza, empresarios habrían dado a funcionarios del Conavi sobornos en dinero, regalías y hasta favores sexuales para hacerse con tratos preferentes en concursos públicos y pagos de facturas.
El OIJ estimó, según dijo Espinoza, que se habrían malversado unos ¢78.000 millones en favor de las empresas investigadas solo entre 2018 e inicios de 2020.
Entre las personas detenidas estuvieron el presidente de Constructora Meco, Carlos Cerdas; y la dueña de H. Solís, Mélida Solís; entre otros representantes de estas y otras empresas como Constructora Herrera y laboratorios de control de calidad.
Los dos empresarios actualmente salieron de prisión con medidas cautelares, tras cancelar fianzas por $5 millones y $3 millones, respectivamente.
Sin contratos de conservación
La decisión de cancelar la firma de los contratos para el ‘puente del Saprissa’ y la radial de Lindora se suma a la medida anunciada, el 24 de junio pasado, de no renovar los contratos de conservación de rutas nacionales, en su mayoría en manos de Meco y H Solís.
La mayoría de esos contratos estaban suspendidos y, según dijo el ministro Méndez Mata al periódico La Nación, el MOPT buscará una “modalidad distinta” para atender la red vial hasta que se otorguen nuevos contratos.
La Nación también informó de que solo en 2020 se pagaron ¢110.000 millones por contratos de conservación vial y que Meco y H Solís se dejaron un 90% de las 22 zonas nacionales, en este rubro, desde 2009.
Esteban Alfaro, especialista en Derecho Administrativo de Caoba Legal, y Mario Hidalgo, socio legal de Grant Thornton, explicaron recientemente a EF que es poco probable que el proceso judicial seguido por el Caso Cochinilla frene el desarrollo de las obras de infraestructura que tienen a su cargo empresas como las constructoras investigadas en el corto plazo.
Sin embargo, comentaron que estas obras podrían sufrir por cuestiones reputacionales o de financiamiento; o por eventuales medidas cautelares (menos probables).
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Meco y H Solís desarrollan –solas o en consorcio con otras empresas– una gran cantidad de las principales obras viales que actualmente se construyen en el país. Se trata de dos gigantes de la construcción de obras viales en Costa Rica e incluso gestionan obras fuera de suelo costarricense.
H. Solís, por ejemplo, tiene en sus manos la construcción de Circunvalación Norte (desde Calle Blancos hasta La Uruca), los trabajos de ampliación en Barranca-Limonal y La Angostura; dos fases del proyecto de Obras Impostergables (OBIS) en la ruta que conecta a San José con San Ramón, y los pasos a desnivel en Taras y La Lima, en la entrada de Cartago.
Meco, por su parte, se ha encargado del viaducto de las Garantías Sociales y de la construcción de la nueva estructura del ‘puente del Saprissa’, entre otras obras.
El Gobierno indicó que los contratos de estas obras viales continúan vigentes y destacó que la mayoría de los recursos de estas obras son manejados fuera del Conavi, hoy investigado e intervenido.
“Por lo tanto, se debe comprender que el desembolso de los dineros a las empresas adjudicatarias son realizados por unidades externas que administran esos recursos, distintas a aquellas que han sido sujeto de una investigación en el Conavi”, afirmó en un comunicado de prensa publicado el 16 de junio pasado.
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