El estallido de las investigaciones sobre presuntos sobornos en la gestión de infraestructura pública le inyecta cierto grado de incertidumbre obras viales clave y que desarrollan las empresas Meco y H. Solís.
Las consecuencias de las pesquisas judiciales sobre estos proyectos no tienen por qué ser directos, ni inmediatos, coinciden especialistas en Derecho consultados por EF. De hecho tanto las constructoras como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) han comunicado el avance normal de los trabajos en este momento.
Sin embargo, sí cabe la posibilidad de que decisiones judiciales posteriores o efectos colaterales de los procesos judiciales sobre la reputación de las empresas o sobre sus posibilidades de financiamiento, afecten el desarrollo de las obras.
Solo por citar algunos ejemplos, Meco tiene a su cargo —en consorcio con la empresa española Puentes y Calzadas— la rehabilitación del puente antiguo sobre el Río Virilla, conocido como el puente ‘Saprissa’. Por su parte, H. Solís recientemente recibió la autorización para hacerse cargo —en conjunto con la empresa dominicana Estrella— de una nueva ampliación por $60 millones en Circunvalación Norte.
Las empresas aún no enfrentan acusación alguna. Por el momento, solo saben que existe un proceso de investigación, tal como se reveló este 14 de junio.
La tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es que un grupo de empresas constructoras habría generado un entramado de sobornos para facilitar su operaciones comerciales con el Estado. Según comentó el director de la policía judicial, Walter Espinoza, esto no solo habría encarecido el costo de algunas obras, sino también movilizado recursos de otros proyectos constructivos en favor de esas empresas particulares.
Peritajes provisionales de las autoridades presumen una malversación de al menos ¢78.000 millones entre 2018 (momento de la denuncia) e inicios de 2020, en favor de las empresas que habrían gestionado los supuestos sobornos y en perjuicio de proyectos manejados por otras empresas.
Entre las personas detenidas e investigadas estuvieron el presidente de Constructora Meco, Carlos Cerdas, y la dueña de H. Solís, Mélida Solís. También otros trabajadores de estas y otras empresas privadas, y funcionarios públicos, principalmente del Conavi.
Más allá de los contratos
Para Esteban Alfaro, especialista en Derecho Administrativo de Caoba Legal, y Mario Hidalgo, socio legal de Grant Thornton, las posibles implicaciones del proceso sobre las obras de infraestructura que desarrollan ambas empresas van más allá de la continuidad de los contratos.
Esta continuidad debería estar garantizada, siempre y cuando los contratistas mantengan el cumplimiento de las obras y no se les inhabilite, tomando en cuenta su principio de inocencia.
No obstante, los posibles efectos de un proceso como el que recién detonó en allanamientos y detenciones pueden ir más allá de los contratos. Así lo recordó Alfaro, quien explicó que siempre existen “otros temas de plata o reputacionales que son imposibles de prever”.
Para una detención de los proyectos tendría que existir una orden judicial muy bien justificada, algo que es poco común en casos tan grandes como este, según el abogado. “Ahora, si la crisis reputacional sumerge a la empresa en una crisis económica y empieza a fallar, la Administración podría sacarla, sancionarla o buscar un cambio, a mediano plazo”.
Algo similar mencionó Hidalgo. Él aseguró que, si bien es poco probable una afectación directa del proceso legal en el corto plazo, sí existen medidas cautelares que podrían incidir sobre el funcionamiento de las entidades y su cumplimiento de contratos. “Si el Ministerio Público le pide al juez, por ejemplo, que se embarguen cuentas corrientes o que se haga otras limitaciones o detenciones que pudieran impedir el buen desempeño de la empresa, eso es otra cosa”, detalló.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indicó ante una consulta de EF que los proyectos a cargo de estas empresas “siguen en marcha con normalidad”, en respeto de sus contratos.
El MOPT podría suspender los contratos ante incumplimientos o imposibilidad de las empresas, pero eso no ha ocurrido. Las empresas tampoco han comunicado ningún problema hasta el momento a las autoridades.
Este miércoles 16 de junio, el ministerio señaló que las obras continuarán con normalidad y aclaró que varios de los principales proyectos en marcha son ejecutados administrativa y financieramente por unidades externas al Gobierno (como el Banco Interamericano de Desarrollo, UNOPS, entre otros); distintas a las que han sido sujetas de investigación en el Conavi.
Entre esos proyectos mencionó las obras de Cañas-Limonal; Limonal-Barranca; La Angostura; los pasos a desnivel en Taras-La Lima, Rotonda de las Garantías Sociales, los puentes sobre el Río Virilla y las OBIS de Ruta 1.
Según el abogado Alfaro, en el caso de obras que se realizan en consorcio, casi en todos los contratos se deja abierta la puerta para que una empresa del grupo pueda dejar su participación y que la asuma otra entidad. Los consorcios son un modelo que utilizan tanto Meco como H. Solís en varios de sus proyectos.
Entidades internacionales que financian algunos de estos proyectos también podrían tomar medidas en contra de las empresas, como inhabilitarlas para financiamientos suyos; sin embargo, esto dependería de que se comprueben hechos delictivos en su contra, según el especialista.
El presidente Carlos Alvarado afirmó a través de una declaración pública a la ciudadanía, este 14 de junio, que “no se detendrán los esfuerzos para tener infraestructura de calidad”.
Grandes obras hechas y en camino
Meco y H. Solís han protagonizado total o parcialmente la construcción de gran cantidad de los principales proyectos viales en el Valle Central y provincias costeras. Actualmente, ambas empresas cuentan con obras de infraestructura pública en etapas de construcción; varias de ellas para descongestionar el casco central de San José.
A Meco se le adjudicó la rehabilitación y ampliación del antiguo puente sobre el río Virilla, que se encuentra al lado de la estructura inaugurada en septiembre del año anterior. El aval para realizar la remodelación del puente está listo; pero las obra aún no dan inicio.
En cuanto a H. Solís, esta empresa tiene a su cargo los trabajos de construcción y ampliación de Circunvalación Norte (desde Calle Blancos hasta La Uruca), la ampliación de Barranca-Limonal y La Angostura; dos fases del proyecto de Obras Impostergables (OBIS) en la ruta que conecta a San José con San Ramón, así como los pasos a desnivel en Taras y La Lima, en Cartago.
Las obras en Circunvalación Norte constan de cinco unidades funcionales, con distintos niveles de avance constructivo. Algunas casi completan el 100% y al menos dos tramos aún no cuentan con orden de inicio, según los reportes del Conavi.
Los trabajos para la construcción de los pasos a desnivel de Taras-La Lima iniciaron en enero de este año y el tiempo estimado de duración es de dos años y tres meses. Además, la carretera Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal, se ejecuta con atrasos y lentitud en las expropiaciones necesarias.
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El vocero de H Solís, Carlos Carmiol, señaló que la empresa se encuentra trabajando con normalidad y que los proyectos de la constructora continuarán en operación para cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos. Por su parte, el asesor legal de Meco, Jonatan Picado, comunicó que la operación y la participación en las obras viales que tiene la constructora en este momento a cargo continúan con normalidad, en cumplimiento con los contratos firmados.
