EscucharLas relaciones entre las autoridades de la Presidencia de la República y de la Contraloría General siempre se han caracterizado por la tensión y los desacuerdos. A fin de cuentas, el ente contralor se encarga de fiscalizar el uso adecuado de los fondos públicos y de promover el control político: dos objetivos que son incómodos para cualquier administración.
Sin embargo, las fricciones usuales se han intensificado en los últimos meses, hasta el punto de que la contralora general, Marta Acosta, ha señalado que ella misma y la institución se han convertido en blanco de “insinuaciones negativas” y “constantes señalamientos irrespetuosos” por parte del presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios de su equipo.
El presidente Chaves cuestiona la imparcialidad de la Contraloría para con su administración y, en sus redes sociales, apoya discursos de desprestigio contra la CGR. Además, el mandatario le reprocha a la Contraloría que con “formalismos” han impedido el avance de proyectos que considera claves para su gestión; entre ellos, la construcción de Ciudad Gobierno y la contratación de servicios de escaneo para evitar actividades de narcotráfico en puertos nacionales.
La Contraloría, por su parte, se ha sacudido de las críticas. Según Acosta, las acciones de la institución solo han buscado resguardar el cumplimiento de la ley, lo cual “no es una opción”, según le indicó al mandatario en una reunión que ambos sostuvieron el 1.° de febrero pasado.
La fractura es evidente.
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El presidente Rodrigo Chaves acudió a su reunión de contralora general de la República, Marta Acosta, acompañado de los ministros de Planificación, Hacienda y Seguridad, entre otras autoridades. (Rafael Pacheco Granados)
El estallido del conflicto
Las tensiones entre las autoridades llegaron a su punto más alto (hasta ahora) a mediados de enero pasado.
El 17 de ese mes se filtró una carta enviada por el jefe de despacho del presidente, Gabriel Aguilar, a los ministros y otros jerarcas institucionales, en la cual les solicitaba información sobre todos los casos en los que la Contraloría hubiera “impedido u obstaculizado” la materialización proyectos que consideraran claves. La intención, decía la nota, era “llevar un control sobre el cumplimiento de los objetivos y planes del gobierno”.
Después de la filtración, durante una de sus usuales conferencias de prensa, el presidente Chaves tensó todavía más la cuerda y afirmó considerar que ha habido “cambios en el patrón de comportamiento de la Contraloría, antes laxa y ahora estricta”.
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Carta enviada por Presidencia a ministros y presidentes ejecutivos.
El mandatario además lanzó una primera invitación a la contralora Acosta para reunirse con él el 25 de enero, según dijo, para que ella le explicara “qué es lo que está pasando”. Días después, calificó a Acosta como un “mando medio”.
El encuentro, pactado para el 1.° de febrero en Sabana Sur, fue un intercambio ríspido de dos horas y media en el que se trataron varios temas, exceptuando aquellos relativos a investigaciones en curso por parte del ente contralor.
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Diferendo por diferendo
Pero, ¿cuáles fueron los principales temas de disputa entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría que se trataron en ese encuentro? Estos son algunos de ellos, explicados:
Las supuestas preferencias de la CGR
El presidente Chaves no solo afirmó en conferencia de prensa que, desde su punto de vista, la Contraloría General es más estricta con su gobierno que con administraciones anteriores. También ha sido generoso a la hora de marcar con “me gusta” publicaciones en redes sociales (que dice manejar personalmente) en contra de dicha institución y de Marta Acosta. Son múltiples los ejemplos, incluido un editorial del medio El Guardián que acusaba a la jerarca de “encabezar” una supuesta “rebelión de mandos medios”.
Acosta rechazó nuevamente estas afirmaciones en su reunión del 1.° de febrero. Además, aportó estadísticas para respaldar dicho rechazo. La jerarca de la CGR aseguró que el promedio de informes de auditoría emitidos por la institución en el último lustro fue de 125 documentos por año; mientras que, en los dos últimos años, se publicaron 124 textos. También señaló que el promedio de denuncias tramitadas sobre acciones del Ejecutivo en los últimos cinco años fue de 402 por cada uno de ellos y, en los últimos dos años, se han revisado unas 392 denuncias.
En cuanto al porcentaje de aprobación de proyectos analizados, dijo que fue de un 67% en los últimos cinco años y que dicha proporción también se ha mantenido en el último bienio.
“Los datos demuestran que no se ha realizado un activismo extraordinario por parte de la Contraloría”, puntualizó Acosta. “Lo que hemos estado haciendo es el trabajo que corresponde”.
Ciudad Gobierno
El proyecto de Ciudad Gobierno y sobre la contratación de servicios de escaneo en puertos también estuvieron en discusión.
Ciudad Gobierno es una iniciativa que se impulsa sin éxito desde hace varias administraciones y cuyo objetivo principal es reducir el pago de alquileres por parte de diversas instituciones de Gobierno Central. Según las estimaciones más recientes, el ahorro sería de unos $23 millones.
Sobre este proyecto, la CGR giró una advertencia, el 6 de septiembre sobre una serie de errores relacionados con la forma las que se pretendía desarrollar y administrar.
La CGR afirmó que sería incorrecto realizar la construcción y la inversión de $450 millones bajo la figura de “arrendamiento de inmuebles por construir” (un mecanismo especial del artículo 67 de la ley de contratación). Según la Contraloría, no tendría sentido hablar de un alquiler, al tratarse de una construcción en un terreno del propio Estado.
Según la Contraloría, el proceso planteado por el gobierno además le facultaría para realizar el trámite sin concurso público y con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin pasar por los trámites ordinarios; algo que la contralora Acosta señaló como un eventual “retroceso” en materia de transparencia.
Chaves explicó que su molestia con este tema se debe a que, desde su punto de vista, en el pasado se han permitido gestiones similares. “En el pasado, (en la Contraloría) refrendaron un montón de situaciones en las que se diseñaron y construyeron en terrenos públicos”, afirmó.
Sin embargo, la contralora adujo que se han usado otras figuras pero que “la literalidad del (artículo) 67 no habla de diseño y construcción” en terrenos del Estado.
Asimismo, el gerente de Contratación Administrativa de la CGR, Roberto Rodríguez, explicó que las normas cambiaron en años recientes y se eliminaron figuras como la contratación directa con sujetos de derecho público internacional. “Cuando el señor presidente dice qué cambió, bueno, el marco jurídico cambió”. También le señaló que otros casos mencionados por el Ejecutivo como “similares” realmente emplearon figuras distintas como fideicomisos.
El presidente Chaves, sin embargo, cuestiona los criterios de la CGR y asegura que impiden tener acceso al mecanismo más directo y rápido posible. “La forma pareciera matar el fondo”, dijo. Además, aseguró que la interpretación de la Contraloría solo beneficia a “cuatro o cinco familias del país”, sin mencionar directamente a cuáles.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, también acusó a la CGR de “adelantarse a emitir un criterio”. Además, señaló que la imposibilidad de usar el mecanismo considerado hasta ahora por la administración afecta todo el perfil del proyecto, pues este parecía ser el modelo de mejor rendimiento. “Nosotros lo que hemos hecho es buscar el mecanismo financiero y la norma habilitante, que es este (artículo) 67, para buscar que cada colón de los costarricenses se maximice”.
Sin embargo, en la Contraloría consideran que el plan no se ha detenido sino que, en palabras de Rodríguez, solo se encontraron problemas con “una opción de las tantas que existen en la ley para hacer el proyecto de Ciudad Gobierno”. Además, la gerente de la División de Fiscalización de la entidad, Amelia Jiménez, señaló que se han detectado inconsistencias en las estimaciones de ahorro con el proyecto y que tampoco queda claro en la redacción actual de la iniciativa que la nueva construcción sea con opción de compra, por lo que podría terminar ocurriendo el cambio de alquileres actuales por alquileres nuevos en el futuro.
Según el presidente Chaves, el mecanismo extraordinario también tenía sentido para no endeudar de más al país y para no exceder los límites de deuda convenidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los escáneres
Otro gran proyecto que, según Presidencia, se ha visto entorpecido por acciones de la CGR es la entrada en operaciones de escáneres para la inspección de cargas en los puertos del país, con los cuales se buscan eliminar riesgos de salud, infracciones tributarias y, sobre todo, actividades del narcotráfico.
El 20 de diciembre de 2023 la CGR ordenó al gobierno frenar un plan mediante el cual se pretendía que la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa) brindara los servicios de escaneo al Estado, a través de una alianza con una empresa del sector privado.
Según explicó Acosta, la ley sí faculta la contratación directa entre entes públicos, sin necesidad de licitación. Sin embargo, no cuando se trata de una vía para contratar a un tercero de manera indirecta.
En ese sentido, la CGR consideró que Racsa carecía de “idoneidad” para brindar los servicios porque no operaría directamente los escáneres, ni los proveería. “La norma es muy estricta en señalar que la excepción no podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos”, subrayó Marta Acosta, en su reunión con el presidente.
Chaves, por su parte, consideró que esta es una interpretación errónea de la CGR, basada en “formalismos” que impiden aplicar soluciones urgentes. También criticó que la ente contralor haya ordenado la suspensión inmediata del plan, sin siquiera preguntar al Ejecutivo cuál era el “modelo de negocio” que pretendía aplicar para determinar si era viable.
“Hubiera sido bonito, por el interés nacional común que tenemos, que la Contraloría hubiera llamado y decir ‘qué están pensando’ en lugar de precipitarse, mandando una orden que dice ‘me paran eso’ (...) desde nuestro punto de vista, la norma permite a Racsa de manera explícita hacer contratación entre entes de derecho público, como es Servicio Fitosanitario y como es Racsa, y a Racsa le permite hacer alianzas con una empresa que busque, que tenga la mejor tecnología del mundo”, puntualizó el mandatario.
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La contralora Marta Acosta asegura que la institución que dirige ha atendido la misma cantidad de denuncias y ha generado la misma cantidad de fiscalizaciones sobre el gobierno actual que en los últimos cinco años. (Albert Marin)
El plan del gobierno también se vio empañado por cuestionamientos ajenos a la Contraloría. Por ejemplo, el periódico La Nación publicó el 18 de diciembre que el expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas, había sido quien enlazó a Racsa con el representante de la empresa que finalmente se consolidó como su “socio estratégico” para ofrecer el negocio de los escáneres en los puertos, mediante un proceso que se declaró confidencial.
Esto generó revuelo porque Venegas, a su vez, había tenido que renunciar a su cargo en noviembre de 2023 cuando el mismo periódico dio a conocer que había gestionado una reunión con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para un sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero. Se trataba del abogado Francisco Montes, quien fue detenido por las autoridades judiciales a mediados de noviembre por el “Caso Corona”: una investigación sobre un presunto entramado para enviar cocaína en estado líquido a Europa a través de refrescos.
En la investigación del Caso Corona, según publicó La Nación, el OIJ captó llamadas telefónicas en mayo de 2023 en las que dos miembros de una presunta banda narco hablaron de aprovechar el negocio de los escáneres. En una de ellas, el abogado Montes dijo que se involucrarían mediante un amigo “que mueve todo por detrás” y citó que hablaría con una persona de nombre “Braulio” para que les consiguiera una cita con Racsa y con la empresa.
La CGR también advirtió en noviembre de 2022 de que el Ejecutivo tiene acceso desde hace varios meses a $25 millones para la adquisición de escáneres propios, a través de recursos del crédito BIRF-9075 con el Banco Mundial (conocido popularmente como el crédito de “Hacienda Digital”) pero que, aún así, no ha hecho las gestiones para iniciar un concurso internacional.
No obstante, según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, la vía de la licitación para obtener escáneres propios no es vista como la más adecuada por parte del Poder Ejecutivo, pues no se tienen los recursos propios para gestionar la operación, su mantenimiento y hasta el eventual repago del crédito.
De acuerdo en el desacuerdo
La reunión entre Chaves, Acosta y sus equipos de este 1.° de febrero se centró principalmente en todos esos temas y no sirvió para que llegaran a un solo acuerdo de criterios. Por el contrario, fue la exposición de una grieta.
Así se notó en el intercambio final de la discusión sobre el proceso de los escáneres
Acosta cortó la conversación diciendo que el asunto no se iba a resolver en ese momento y que, en la institución, se seguía pensando que el asunto se gestionó “al margen de la ley”; a lo cual el presidente respondió que “estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo”.
Antes, el mandatario ya había asegurado en tono de queja que le parecía “muy interesante saber que la Contraloría se puede parar en la manguera cuando la casa está ardiendo” y se había preguntado, retóricamente, “¿por qué Costa Rica sigue obstaculizándose por cosas de forma, de interpretación, cuando algo urge?”.
A la caldera de los temas ya mencionados se han venido sumando criterios de la Contraloría que han generado molestia en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, las órdenes para frenar contrataciones para concentrar el manejo de la publicidad estatal en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) o las indicaciones sobre la ilegalidad del salario recibido por la actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, quien habría devengado más de lo permitido por ley desde que asumió sus funciones.
La contralora Marta Acosta, quien es titular del cargo desde 2012 y antes había sido subcontralora por ocho años, afirmó que “la diferencia de criterio técnico es por supuesto válida y necesaria” y que “así ha sido a lo largo de la vida institucional de esta Contraloría con diferentes administraciones”. Sin embargo, “no así el comportamiento ofensivo hacia nuestra labor”. Así lo redactó la funcionaria en la misma carta en que aceptó reunirse con el mandatario.
Al finalizar el encuentro de este inicio de mes, el presidente aseguró que “hay gente que dice que su carácter vehemente es irrespetuoso”, pero “lo que siente es una urgencia por el país”.
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