La administración Chaves Robles cerró este 2023 su primer año natural completo en Zapote en medio de luces y sombras.
El respaldo popular que recibe el gobierno sigue siendo alto y las valoraciones positivas del presidente Rodrigo Chaves continúan por encima de las de sus predecesores. Sin embargo, el desgaste de su gestión empieza a hacerse evidente, en medio de escenarios críticos en campos esenciales como la educación o la seguridad, y la percepción ciudadana de que la corrupción empeora.
Ha sido un año de claros y oscuros para el Ejecutivo.
En su última conferencia de prensa del año, el presidente Rodrigo Chaves calificaba el 2023 como un año “milagroso” en términos económicos. Pero, en ese mismo acto, salía a dar explicaciones sobre las publicaciones del periódico La Nación sobre audios en los que se le involucra con actos presuntamente irregulares relacionados con su intención de incidir en el manejo de la pauta publicitaria de instituciones autónomas y con la contratación de una consultoría con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las luces
Valoración positiva
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves cerró el 2023 (es decir, su primer año y medio de gestión) con una valoración positiva por parte del 48% de la población. Este es un dato atípico que se desprende de la última encuesta de opinión política publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), a mediados de noviembre.
Este capital político es una buena noticia para el Poder Ejecutivo.
Si se compara la situación del gobierno en funciones con la de administración anteriores, el porcentaje es hasta 31 puntos mayor que el del gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, hasta el mismo punto de su gestión; así como 29 puntos mayor que la de la administración de Carlos Alvarado.
El gobierno de Chaves mantiene una saldo favorable entre opiniones positivas y negativas. Por cada 100 ciudadanos costarricenses, se estima que todavía hay 18 personas más entre los que hacen un balance favorable de su gestión, por encima de aquellos que más bien visualizan un escenario negativo. Esta brecha favorable se ha venido achicando desde agosto de 2022; sin embargo, sigue siendo inusual si se compara con las administraciones más recientes.
El desgaste, recordó la politóloga de la Universidad de Costa Rica, Eugenia Aguirre, “es un proceso natural” para cualquier gobierno y revertirlo es poco probable.
Crecimiento económico al alza
El Ejecutivo, además, logró sortear sin mayores problemas un año económico difícil para la economía mundial. El crecimiento de la producción costarricense se proyecta a alcanzar un 5% interanual al cierre de este 2023, según las últimas proyecciones del Banco Central; es decir, hasta 2,3 puntos porcentuales mayor de lo que se presupuestaba a inicios de año (2,7%).
Según el economista José Luis Arce, director de Análisis y Estrategia de la firma FCS Capital, esto respondió principalmente a que el año pasado fue muy negativo, por cuestiones como la crisis inflacionaria y las medidas restrictivas para contener la subida en los precios.
Ese 2022 dejó un mayor margen de “recuperación” para el año en curso y, además, el país se benefició de un incremento de las actividades de exportación, influenciado por un mayor crecimiento económico de los Estados Unidos y el aumento en las dinámicas de nearshoring (reubicación de procesos o servicios) del que se beneficiaron países como México y Costa Rica, por los conflictos geopolíticos internacionales.
Similar opinó el economista Daniel Ortiz, director de la firma de Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA). “La gran pregunta es cómo estás creciendo a un 5% y perdés 133.000 puestos de empleo hasta llegar a la cantidad de ocupados que teníamos hace 10 años, el peor año en materia de delincuencia y homicidios, y la pobreza sigue casi en 21%... hablamos de un crecimiento agridulce”, relativizó.
Finanzas públicas sanas
En lo que sí tuvo una mayor incidencia el trabajo directo del Poder Ejecutivo fue en la sostenibilidad de cifras fiscales saludables para el Gobierno Central.
Según las estimaciones más recientes, el país cerrería este 2023 con un superávit financiero primario por segundo año consecutivo. Esto quiere decir que el Gobierno Central terminaría el año con una diferencia positiva entre sus ingresos y sus gastos, sin contar el pago de la deuda pública. La diferencia positiva sería de un 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, de unos ¢750.000 millones.
Según explicó Arce, los resultados fiscales habían sido mucho mejores el año pasado; sin embargo, ello respondió “en buena medida” a cuestiones “no eran repetibles”. “Por ejemplo, todavía quedaban algunos efectos de recaudación por leyes que se aprobaron durante la pandemia o la entrada en vigencia de devoluciones de superávits”, indicó. “Este año los resultados son más normales y reflejan la madurez de la reforma fiscal de 2018″, añadió.
El Gobierno ha logrado consolidar la generación de superávits primarios a pesar del conflicto que supone la restricción del gasto público y de las presiones políticas que existen para incrementar la inversión en múltiples sectores. Al cierre de la gestión pasada este era definido como el “principal reto” que tendrían que enfrentar las nuevas autoridades de gobierno, según el criterio del entonces ministro de Hacienda saliente, Elian Villegas.
Según Ortiz, los resultados fueron favorables y eso es todavía más destacable si se toma en cuenta el efecto negativo que podría estar teniendo la apreciación del colón frente al dólar. Esto provoca que algunas empresas de sectores pujantes tributen menos porque venden sus bienes o productos en dólares, y entonces reciben menos dinero en términos reales.
Las sombras
Inseguridad y corrupción
Sin embargo, 2023 fue el año en que el Gobierno enfrentó sus primeras grandes crisis, a tal punto de que más de un 70% de la población dice percibir que la inseguridad y la corrupción —dos reclamos clave para cualquier administración— han aumentado en los últimos 12 meses.
En cuanto a la inseguridad, Costa Rica superó su cifra récord de homicidios desde septiembre pasado y, al 18 de diciembre, contabilizaba hasta 881 casos (un 42% más que en el mismo momento del año pasado).
“Este es el tema más complejo que ha enfrentado el gobierno. No es un secreto que tomó a la administración sin una hoja de ruta clara y que la obligó a realizar cambios sobre la marcha”, indicó la politóloga Aguirre. “Además, narrativamente ha sido muy complejo porque no es un tema que se discutió mayormente en la campaña electoral, a diferencia de otros como el costo de vida. Esto de alguna forma descarrilló la narrativa presidencial”.
Pase lo que pase en lo que resta del año, el país cerrará 2023 con una tasa de homicidios de más de 17 por cada 100.000 habitantes. Ese número es atípicamente alto. La violencia no escalaba a tal punto desde la Guerra Civil de 1948, cuando se estima que el conflicto armado entre marzo y abril de ese año ocasionó entre 2.500 y 3.500 muertes para una inédita tasa de 363 homicidios por cada 100.000 habitantes, según estimaciones publicadas por la UCR.
Por otra parte, en cuanto a la percepción de corrupción, al gobierno se le ha acusado de intentar incidir de forma indebida sobre el uso de recursos de pauta publicitaria de instituciones públicas, en detrimento de medios de comunicación críticos. Asimismo, se le ha señalado por presuntas gestiones irregulares relacionadas con una contratación de servicios de comunicación con dinero del BCIE.
Estos temas ya podían haber generado alguna parte del desgaste medido en las encuestas de noviembre; sin embargo, todavía se desconoce cuánto habrían afectado la imagen del gobierno las publicaciones del periódico La Nación, basadas en varios audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, durante los cuatro meses que se desempeñó en ese cargo.
Estas grabaciones recogen intervenciones del propio presidente Rodrigo Chaves y de su entonces jefe de despacho, Jorge Rodríguez (actual ministro de Comunicación). Los audios les implican directamente en ambos casos; y han subido el tono de las investigaciones abiertas al respecto en el plano judicial y en la Asamblea Legislativa.
Según Aguirre, estas “son cuestiones que le vinculan directamente con acciones cuestionables y con un Congreso que en su rol de control político, ya es un poco más proactivo en su determinación de investigar los temas alrededor del gobierno”.
El Gobierno no desmintió el contenido de los audios, pero el ministro de Comunicación Rodríguez calificó las publicaciones de “insinuaciones” y “frases a medias”. El presidente Chaves además calificó a la exministra Navarro de una “criminal confesa” por difundir el contenido de conversaciones privadas sin su debido consentimiento; sin embargo, la exjerarca dijo haberlos grabado y publicado para “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”. Chaves y Rodríguez incluso pidieron a la Fiscalía detener la difusión de las publicaciones al respecto, petición que fue rechazada por tratarse de cuestiones de interés público, que versaban sobre dinero estatal y en las que intervenían funcionarios de alto rango en el aparato estatal.
Crisis educativa
El gobierno sigue sin consolidar una hoja de ruta para la atención de la crisis educativa que vive el país.
El Programa Estado de la Nación (PEN) señaló en su último Informe del Estado de la Educación que el país vive una “tormenta perfecta” en su sistema de instrucción pública, potenciada por los rezagos en los aprendizajes que dejaron las últimas huelgas de docentes y la pandemia de la covid-19, la caída en la inversión pública y la ausencia de estrategias claras para frenar el declive.
El Gobierno, sin embargo, le bajó el tono a la situación y autoridades como el presidente Chaves y la ministra Anna Katherina Müller han puesto en duda el rigor de publicaciones como las del PEN, programa al cual recrimina estar financiado con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las universidades estatales. Con estas instituciones, el Ejecutivo ha tenido enfrentamientos públicos por cuestiones presupuestarias.
No obstante, aunque en menor medida, un importante sector de la población percibe el empeoramiento de este campo. Según las mediciones del CIEP, hasta un 47% de la población piensa que el estado actual de la educación es peor que hace 12 meses. Es decir, que ha empeorado durante la gestión de la administración Chaves Robles.
Confrontación improductiva y reformas atascadas
A los problemas antes mencionados, se suma el carácter confrontativo que se ha consolidado en la actual administración. Según comentó Aguirre, el Gobierno inicialmente proyectó una imagen “gerencial”, pero finalmente su estilo “se consolidó en una alta confrontación”.
Esto se ha evidenciado en la forma en que se abordan la mayoría de los retos políticos actuales. Por ejemplo, destacó las críticas a otros Poderes de la República como el Judicial y el Legislativo por la crisis de inseguridad; sus críticas a la prensa por las publicaciones relacionadas con gestiones aparentemente irregulares; y la rotación elevada de su gabinete y sus viceministros.
El modelo de gestión incluso parece haber reducido las expectativas de la población sobre la capacidad que tiene realmente el gobierno de mejorar sus vidas. Según la última encuesta del CIEP-UCR, hasta siete de cada 10 ciudadanos tienen poca o ninguna confianza de que pueda resolver el principal problema del país.
Los principales problemas del país mencionados por la ciudadanía son la inseguridad y la delincuencia, el desempleo, el costo de la vida y la situación económica, y la corrupción, según el mismo estudio.
Esta confrontación tampoco ha creado el ambiente más favorable para el empuje de las grandes reformas que quería impulsar el Poder Ejecutivo, incluidos los planes de ajuste financiero inicialmente pretendidos por Hacienda.
“Hacienda sigue con el pulso de pasar una reforma fiscal, de vender activos. A esta fecha, se ve difícil que logre vender los activos o que logre pasar una reforma de renta global, con el poco apoyo que tiene en la Asamblea Legislativa”, subrayó el economista Daniel Ortiz.
Estos planes, entre otros, fueron mencionadas por el presidente Chaves como prioridades de su gobierno durante el discurso de sus primeros 100 días en Zapote (hace más de un año); sin embargo, el avance de estas y la mayoría de cuestiones anunciadas en aquel momento es poco o nulo desde entonces.
Queda mucho tiempo
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves apenas acumula un año y siete meses en Zapote al cierre de este 2023.
Sin embargo, este tiempo ya implica un cambio de paradigma. Conforme pasa el tiempo, los nuevos gobiernos pasan de medirse por lo que prometen a medirse por lo que realmente consiguen, tal como explicó Ronald Alfaro, politólogo de la UCR, en una reciente entrevista con EF.
“Ya has gobernado y eso tiene una diferencia, un desgaste”, afirmó el director de la Encuesta de Opinión Política del CIEP. “¿Cuál es el desgaste?, todas las decisiones que estás tomando, lo que hiciste y lo que no hiciste. Antes eras el que le daba a la piñata, pero ahora sos la piñata”, explicó.
Esta situación es normal en cualquier administración, pero qué tanto se agrave depende de su pericia que tenga o no tenga cada gobernante para responder a los cuestionamientos que se le haga; así como para mantener y potenciar sus aciertos.
¿Qué tan bien o qué tan mal lo hará el gobierno en funciones? Quedan dos años y medio todavía para hacer un dictamen.
