El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) lleva meses envuelto en polémicas. Las noticias relacionadas con presuntas prácticas inapropiadas en el manejo de recursos públicos no dejan de llegar y más aún después de la apertura de una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa, por la cual han desfilado múltiples funcionarios en busca de esclarecer el asunto.
Más de una decena de instituciones decidieron otorgar contratos a la agencia de publicidad del Sinart por unos ¢8.000 millones. En algunos casos, lo hicieron a través de procesos expeditos y en contra de criterios técnicos. El Sinart, a su vez, habría escogido empresas “a dedo” para tercerizar parte de los servicios contratados.
También existen dudas sobre decisiones sobre la distribución de dineros de pauta publicitaria; las cuales parecen carecer de sustento técnico y, en muchos casos, perjudicaron a medios críticos del Gobierno.
El caso está bajo la lupa del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Congreso.
¿Qué se sabe del caso Sinart hasta el momento? EF le ofrece un recuento del escándalo, que salpica a diversas autoridades institucionales y hasta a la Presidencia de la República.
Los contratos de la discordia
Las noticias sobre la situación en el Sinart llegaron desde el segundo trimestre de este año. Sin embargo, las dimensiones del caso quedaron evidenciadas cuando, a inicios de junio, el periódico La Nación publicó un recuento en el que detalló como la agencia de publicidad de esa institución logró concentrar contratos con 14 instituciones públicas para manejar su publicidad por unos ¢7.925 millones. Al mismo tiempo, la entidad subcontrató a otras agencias para brindar parte de los servicios ofrecidos, en algunos casos cobrando cuotas de intermediación de hasta un 12%.
Los contratos se brindaron para servicios como generación de productos audiovisuales, campañas de mercadeo, desarrollo de eventos y colocación de pauta en medios de comunicación. Algunos de estos trámites se dieron a través de procedimientos expeditos, con posibilidad de prórrogas y sin la realización de concursos previos.
Entre las entidades con contratos estaban el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Banco Central (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), según publicó el mismo medio.
Las entregas de contratos al Sinart estuvieron envueltas en diversas polémicas. Por ejemplo: la JPS gestionó todo para entregar el manejo de su publicidad a la agencia del Sistema, a pesar de que existía un criterio técnico en contra; el ICE gestionó la contratación de forma expedita, un día antes de que entraran a regir nuevas reglas de transparencia; el AyA contrató al Sinart, usando como referencia un estudio de mercado de solo una página; y en el INA, el presidente Juan Alfaro asumió funciones del jefe de comunicación para realizar la contratación sin concurso previo, según informaron varios medios.
La exgerenta general de la JPS declaró el 9 de noviembre en audiencia con los diputados que, desde su punto de vista, se actuó atropelladamente para evitar los nuevos controles de la Ley de Contratación Administrativa, que entraban a regir al cierre de 2022; entre ellos, estaba la reducción de un 50% a un 30% en el porcentaje de los servicios que un contratista (eventualmente Sinart) podía subcontratar a terceros. La exfuncionaria afirmó haber recibido presiones para acelerar el proceso.
¿Y por qué tanto alboroto?
La Nación también publicó, el 4 de agosto, que el Sinart habría otorgado la subcontratación de servicios “a dedo” a tres empresas: las firmas Inversiones del Aire HM, Tecnologías Asertivas (Teah) y RMC La Productora S.A. (comercialmente conocida como Nocaut). Esta última pertenece a Christian Bulgarelli Rojas, quien antes había sido identificado como “asesor de comunicación” del presidente Rodrigo Chaves en un oficio que envió la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, a dos diputados en julio.
La contratación, además, se habría realizado por una orden verbal y directa del expresidente del Sinart, Allan Trigueros, a la exdirectora jurídica de la institución. Ella, Mariana Fernández, lo afirmó en un oficio que envió a la Asamblea Legislativa a finales de agosto (PE-DAJ-138-2023), el cual se hizo público el 7 de septiembre: el mismo día en que decidió renunciar ante la “presión” que suscitó el caso.
Todo ello finalmente desembocó en la apertura de una comisión investigadora en el Congreso.
En el marco de ese foro, el 9 de octubre, el director general de Sinart, Federico Amador, reveló que la institución contrató a la empresa de Bulgarelli sin haber realizado un estudio de mercado previo, mediante un mecanismo especial que no fue justificado. También dijo que cuatro vídeos de sesiones del Consejo Directivo habían desaparecido.
El presidente del Sinart, Fernando Sandí, había dicho semanas antes a los diputados la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que no era obligatorio realizar ese estudio previo bajo las leyes vigentes al momento de la tercerización. Sin embargo, Amador finalmente indicó que ahora el Sinart realizaría un nuevo proceso de contratación, para resolver ese problema.
Más allá de las contrataciones
Mariana Fernández, la exdirectora jurídica de Sinart, reveló otro factor controvertido el 16 de octubre, tiempo después de su renuncia. Según dijo ante los diputados de la comisión investigadora, también recibió “listas” de medios de comunicación que debían incluirse en la lista de posibles receptores de pauta comercial, por parte del expresidente de Sinart (Trigueros).
Según dijo a los legisladores, inicialmente analizó el tema con normalidad y como parte de “toda una política desde Casa Presidencial” en relación con el uso de medios locales; pero luego consideró que debió haberlo visto “diferente”.
Según la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, el Gobierno buscó instaurar un discurso de “democratización” de la pauta publicitaria (la necesidad de repartir más ampliamente los recursos de publicidad para favorecer a más personas); sin embargo, realmente buscaba “torcer el brazo” a algunos periodistas y “pagar publicidad para que hablen bien del presidente”. “Se quería, por lo que yo he visto, favorecer a los que favorecen al Gobierno”, añadió el 23 de octubre, ante los mismos diputados.
En esa audiencia, Navarro además indicó bajo juramento que —durante su gestión— cada martes sostenía una reunión con el presidente Rodrigo Chaves y que este era “muy persistente” en que ella solicitara información sobre el presupuesto publicitario de las instituciones autónomas, que son las que más dinero tenían para ese fin. Al respecto, exjerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmaron que el Poder Ejecutivo quiso “interferir” en el tema, sin éxito.
Problemas de relaciones e intereses
Toda esta situación dejó en evidencia conflictos de intereses.
De hecho, las pesquisas en el Congreso se abrieron por la sospecha de que, “de confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado”, se podría estar frente a un escenario de ”tráfico de influencias o incumplimiento de deberes”, según se leía en la moción aprobada, el 13 de septiembre.
Esta comisión también se creó para investigar la adjudicación de un contrato a la empresa de Bulgarelli para gestionar servicios de comunicación a Casa Presidencial, a través de $300.000 aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sobre este otro caso, la exministra Navarro declaró al periódico La Nación, el 23 de agosto, que el propio Bulgarelli había ayudado a elaborar los términos de referencia del concurso que su empresa finalmente ganó.
En la empresa de Bulgarelli además trabajó un hijo de Federico Cruz. Este último, conocido como “Choreco”, es amigo y asesor del presidente Chaves; también es el presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda. No obstante, Bulgarelli dijo a La Nación que el joven solo fue asistente de producción de su compañía durante los primeros cinco meses del año y que es un “un muchacho joven que hace un trabajo honesto”.
Interés directo del Gobierno y la Presidencia
Diversos jerarcas y exjerarcas institucionales han dejado en evidencia que, tanto el centralizar el manejo de la publicidad estatal en Sinart como la idea de “democratizar” la repartición de recursos de pauta publicitaria entre los medios, fueron prioridades del Gobierno y de la Presidencia de la República.
No solo se deduce de las declaraciones ya descritas de la exministra Navarro y de la exdirectora jurídica Fernández; sino que también quedó evidenciado en actas institucionales y en declaraciones del propio mandatario.
La presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, por ejemplo, afirmó que había una “directriz” o una “intención” del Gobierno de “consolidar todo en el Sinart”, según extractos de un acta del 17 de noviembre de 2022 publicados por La Nación.
Asimismo, la directora de Comunicación del AyA, Angie Ortega, dijo en febrero pasado que “el proceso de contratación” de Sinart realmente se daba “a partir de una recomendación hecha por la Presidencia de la República al presidente ejecutivo anterior”, según en una segunda acta de la junta directiva del AyA, que dio a conocer el medio digital CRHoy.com.
En cuanto a la supuesta estrategia de “democratización de la pauta” publicitaria, el presidente Chaves incluso llegó a mencionarlo como un objetivo prioritario que encomendó a Fernando Sandí, cuando este asumió funciones como nuevo presidente de Sinart en marzo pasado, tras la renuncia de Allan Trigueros por motivos de salud.
“La Rueda de la Fortuna”
Las motivaciones reales de centralizar el manejo de los contratos de publicidad del Gobierno en Sinart o de “democratizar” la repartición de la pauta publicitaria, en medio de este proceso, son difíciles de determinar.
Sin embargo, un caso específico generó la reacción inmediata de la Fiscalía General para abrir una investigación en contra del presidente Rodrigo Chaves por aparente tráfico de influencias.
EL 30 de octubre, el periódico La Nación publicó extractos de un acta de la junta directiva de la JPS (con fecha del 26 de junio pasado), donde la presidenta de la entidad, Esmeralda Britton, declaró que Chaves le habría impuesto a la institución que trasladara el programa La Rueda de la Fortuna (hasta entonces producido por Televisora de Costa Rica) al Sinart, a pesar de que existían criterios técnicos que advertían sobre las desventajas económicas de hacerlo (por rating).
El mismo periódico dio a conocer, con base en la misma acta, que Chaves también habría ordenado la realización de un estudio de mercado para determinar cuánto cobrarían las televisoras privadas por producir el programa, de modo que el Sinart ofreciera un monto más barato y así justificar el cambio. “Eso fue una instrucción del señor presidente”, dijo textualmente Britton al respecto, según se lee en el documento oficial de la reunión que difundió el medio.
Este uso ineficiente de los recursos es una de las principales críticas que se hace al supuesto interés de “democratizar” la repartición del dinero publicitario de las entidades públicas. A fin de cuentas, si se da dinero por servicios publicitarios a medios con menor alcance, finalmente se da una menor exposición de los productos y eso implica una menor eficiencia de las inversiones, con peores resultados en ventas o difusión de mensajes claves.
En el caso del programa La Rueda de la Fortuna, se trata de un programa televisivo creado para promocionar el producto “Raspaditas” y , según indicó la empresa pública, se prevé una caída en las ventas de este juego de azar. Las utilidades de ese se utilizan para financiar a asociaciones de cuidados paliativos y de control del dolor, y para pagar subsidios de vivienda.
La Fiscalía ya citó a declarar a Esmeralda Britton por el caso, según indicó ella misma a los diputados.
El presidente Chaves ha mantenido una relación difícil con varios medios de comunicación. Cuando era candidato, Chaves afirmó que iba a causar la “destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de canal 7 (Teletica)”.
Críticas, defensa del Gobierno y otras partes
El oficialismo intenta sacudirse de las críticas y algunos de sus protagonistas como la jefa de la fracción oficialista en el Congreso, Pilar Cisneros, han llegado a asegurar que las publicaciones relacionadas con la agencia de publicidad del Sinart o el traslado del programa de La Rueda de la Fortuna solo son “un desesperado intento de la prensa amañada por conservar su multimillonario botín con el dinero público”. Así lo dijo este 2 de noviembre, en el Plenario Legislativo.
Desde su punto de vista, las personas cada vez se informan más por redes sociales y medios alternativos y, por eso, no convenía mantener los modelos tradicionales de pauta publicitaria en instituciones del Estado.
No obstante, esta no es la visión que tienen diputados de oposición.
Legisladores como Ariel Robles, del Frente Amplio, consideran que, al parecer, se quiso beneficiar a personas particulares con los contratos de publicidad institucionales y que, en ese mismo proceso, también se ha priorizado recompensar a medios afines al Ejecutivo. Robles y su compañero de fracción, Jonathan Acuña, incluso denunciaron penalmente al presidente Rodrigo Chaves por tráfico de influencias por el otorgamiento de contratos públicos al empresario Christian Bulgarelli.
Po otro lado, la exministra de Comunicación Navarro aceptó públicamente que durante su gestión se giraron órdenes expresas a los jerarcas de gobierno para suspender “toda publicidad” en La Nación, Canal 7, CRHoy.com y Amelia Rueda. “Este mensaje, con esta directriz, me quita la paz (...) Esas fueron parte de las presiones que recibimos los periodistas y yo en el Ministerio de Comunicación”, declaró la exjerarca a La Nación, el 1.º de noviembre pasado.
Según Navarro, ella envió el mensaje por solicitud de Jorge Rodríguez Vives, quien ahora es ministro de Comunicación y entonces se desempeñaba como jefe de despacho del presidente. Él, por otra parte, aseguró a través de un comunicado de prensa que siempre ha actuado “en apego a la ley, la ética y la moral”.
La orden gubernamental de dejar de pautar con medios específicos la confirmó, este 8 de noviembre, la exgerenta general de la JPS, en audiencia con los diputados. Según señaló, se pedía dejar de colocar publicidad en Teletica, Teletica Radio, CRHoy y La Nación. La exfuncionaria aseguró que incluso se les llegó a pedir que se rescindieran contratos activos. “No había razón justificada para rescindir”, indicó.
Estas órdenes también se habrían dado en otras entidades. Por ejemplo, el 16 de mayo La Nación informó de que la administración superior del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ordenó reducir pauta de Kölbi en Teletica, y colocarla en medios de menor alcance, en contra de criterios técnicos que advertían sobre una “pérdida de inversión”. Jacqueline González, directora de Estrategia Comercial de Kölbi, fue destituida el 11 de abril después de pedir explicaciones al respecto. Meses después, ante los diputados, la exfuncionaria amplió sus declaraciones sobre el asunto y añadió que también sufrió presiones para pautar en elmundocr.com sin sustento técnico.
El gobierno, sin embargo, sostiene que sus decisiones solo han buscado democratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.
Estado de los contratos
En tanto, Sinart decidió suspender los contratos a la empresa de Christian Bulgarelli en agosto, luego de las publicaciones que vincularon a esta persona con el presidente Chaves. Al menos así lo declaró el presidente de esa entidad, Fernando Sandí, consultado por los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
No ocurrió lo mismo con las otras dos empresas elegidas por Sinart para tercerizar servicios (Inversiones del Aire HM y Tecnologías Asertivas). Según publicó La Nación, en octubre, ambas suman contrataciones por ¢616 millones entre mayo de 2022 y agosto de 2023 (un 62% del dinero destinado a proveedores por el Sistema).
Sinart además ha tenido problemas en materia presupuestaria en medio de este caso. En lo que va del año, la Contraloría General de la República (CGR) improbó tres veces solicitudes de presupuesto extraordinario de la institución, relacionados con la venta de servicios de manejo de publicidad estatal a otras entidades.
Según la CGR, en la última oportunidad, se presentaron “inconsistencias en elementos básicos” en siete de 13 contrataciones, las cuales equivalían a un 77% de los ¢4.150 millones extra pretendidos. Entre esas inconsistencias, el Sistema presentó contratos que no estaban firmados (¢760,5 millones) o del todo no existían (por ¢2.600 millones) para justificar la solicitud de inversión. A pesar del rechazo, la Contraloría detectó que el Sinart ya había ejecutado ¢517,7 millones del monto solicitado sin autorización previa, lo cual implicó el inicio de una investigación sobre el tema.
La contralora general, Marta Acosta, además indicó este 20 de noviembre a los diputados que la institución ordenó a siete instituciones finiquitar sus contratos con el Sinart por no haber contado con estudios de mercado y planes de medios, así como por falta de claridad en el objetivo de las contrataciones que se hicieron entre el 1.° de diciembre del 2022 y el 24 de setiembre del 2023.
La improbación del presupuesto adicional ha tenido repercusiones. La JPS está en proceso de declarar infructuosa su contratación al Sinart, según explicó a los diputados la jefa del Departamento de Mercadeo, Evelyn Blanco. La funcionaria reconoció que las tareas que se contrataron a Sinart podían salir hasta un 77% más baratas si las continuaba realizando la JPS internamente.
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) también decidió rescindir parcialmente su contrato de ¢600 millones con la agencia de publicidad de Sinart para el manejo de su pauta estatal; mientras que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) hizo lo propio con otra contratación por ¢30 millones para una campaña para promocionar planes de ahorro y préstamo a través de medios regionales.
La CGR también realiza una investigación propia sobre el tema desde julio pasado. La apertura del expediente se dio de oficio, aunque diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le habían pedido actuar. Desde su punto de vista, “los reportajes periodísticos e información recabada dan a luz una posible estructura de concentración de dinero público, contra criterios técnicos e informes legales, que se habría hecho para evadir la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la Ley de Contratación Pública”.
En medio de investigaciones múltiples, penales y administrativas, el caso sigue en desarrollo.
