El Gobierno de la República presentó oficialmente, este 9 de septiembre, una batería de cambios que propondrá en la redacción de los proyectos de ley en la agenda de ajuste fiscal convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de darles mayor viabilidad política en el Congreso.
La presentación se realiza después de un proceso de consulta con el FMI, según indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas; quien afirmó que “se sostuvieron reuniones técnicas y las modificaciones propuestas cumplen con el rendimiento fiscal esperado”.
Las propuestas de cambio propuestas por el Ejecutivo se plantean a través de distintas mociones a los cinco proyectos de ley. Cuatro son textos sustitutivos y otras tres son independientes.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, afirmó que las propuestas buscan “atender las observaciones de la Asamblea Legislativa y de los sectores”.
EF revisó las propuestas que realiza el Gobierno y le describe qué impacto tendrían en cada una de las iniciativas de ley, de ser aprobadas en sus respectivas comisiones en el Congreso.
Reducción de beneficios fiscales
El proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste en Tarifas de Rentas de Capital (22.369) se presentó con tres objetivos: homologar en un 15% la tasa para el cobro de rentas de capital, aumentar en cinco puntos porcentuales (p.p.) las tasas de todas las remesas al exterior y eliminar la no sujeción del impuesto sobre la renta que existe sobre el salario escolar del sector público.
Asimismo, la iniciativa propone un aumento de la tarifa del impuesto por dos años, de 1,5 p.p.
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Entre los cambios propuestos por el Gobierno, se eliminaría el incremento de 5 p.p. para las remesas relacionadas con reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros; así como para las relacionadas con la utilización de películas cinematográficas, películas de televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas, cualquier medio de difusión similar y noticias internacionales.
Asimismo, el Gobierno informó de que se crearía una figura especial para que el salario escolar pague renta como una “cédula especial”, de modo que no se sume a los ingresos regulares y aumente el monto gravado de uno o varios meses en específico.
Por último, ya no se homologarían en un 15% todas las tasas sobre rentas de capital que hoy cuentan con un tratamiento diferenciado, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El incremento para las tasas reducidas no aplicaría para los excedentes o utilidades pagados por cooperativas o similares.
Premios de lotería
El proyecto de Ley de Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y otros Juegos de Azar (22.354), por su parte, planteaba cobrar una tarifa del 25% sobre todos los premios de loterías, rifas y juegos de la Junta de Protección Social (JPS) mayores a medio salario base (¢231.100).
El Ejecutivo informó que ahora el impuesto sería únicamente sobre los premios mayores a un salario base (¢462.200) y que ya no solo cubriría los relacionados con la JPS, sino con cualquier otra actividad que se pague en suelo costarricense.
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Casas de lujo
El proyecto de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo (22.382) se presentó para reformar integralmente el actual impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, conocido popularmente como el impuesto a las casas de lujo.
La iniciativa actualmente establece que se cobraría una tarifa del 0,5% sobre el valor de aquellas casas con un valor de construcción y de terreno superior a los 325 salarios base; es decir, ¢150 millones. Esto cambia el escenario actual, en el que se gravan únicamente los inmuebles con un costo de construcción superior a los ¢133 millones, con una tarifa escalonada que parte del 0,25% y se aplica gradualmente hasta un 0,55% según el valor cada inmueble.
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Los cambios propuestos ahora por el Gobierno pretenden devolver el umbral de cobro a aquellas viviendas con un valor de construcción superior a los ¢133 millones, pero mantiene el aumento a una tasa flat de un 0,5% y ya no escalonada.
También se incluiría una exoneración temporal sobre las herencias; sin embargo, el Gobierno no brindó mayores detalles sobre la misma.
Aporte de empresas estatales
Otro de los proyectos en la agenda propuesta al FMI es la iniciativa de Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas Públicas para el Ajuste Fiscal (22.384). En este caso, la propuesta es que las empresas públicas del Estado aporten, en conjunto, un 0,2% del PIB por cuatro años a la Hacienda pública para el saneamiento de sus finanzas.
En este caso, las reformas propuestas son menores. El aporte se iniciaría con un 0,15% del PIB y al finalizar el período fiscal 2022.
Renta global
El proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta Global (22.393) plantea una reforma integral a la forma en que opera el gravamen para personas físicas. La intención de esta es que las personas tributen el impuesto en un mismo paso para todas sus ganancias en un mismo paso, con excepción de sus ganancias de capital, como ingresos por rendimientos o alquileres, que seguirían reportándose por aparte.
El principal cambio que propone el Ejecutivo sería aumentar el piso no gravable a ¢8,4 millones anuales; es decir, poco más de ¢700.000 mensuales. En una primera versión de la iniciativa, este piso se situaba en ¢8,2 millones anuales.
La ley actual del impuesto sobre la renta establece que las rentas salariales de hasta ¢842.000 se encuentran exentas; es decir, de ¢10,1 millones anuales. En el caso de trabajadores independientes, el monto exento no es el bruto de ingresos, sino las utilidades de hasta ¢3,74 millones.
En el proyecto también se eliminan referencias a remesas y rentas de capital que ya se contemplan en el expediente 22.369.
La mayoría de reformas se plantearon con textos sustitutivos a los proyectos; sin embargo, los de este caso se pondrían en conocimiento a través de mociones. Según argumentó el Ejecutivo, esto es así porque ya el pasado 5 de febrero se había remitido una propuesta de texto sustitutivo inicial.
Cambios vitales
Las propuestas del Ejecutivo buscan una respuesta favorable en el Congreso para una agenda que representa un tercio del ajuste fiscal convenido con el FMI, como parte del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años que se pactó que con esa entidad.
Los otros dos tercios dependerían de medidas de contención del gasto, como la aplicación estricta de la regla fiscal, algunas medidas ejecutivas vía decreto y la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público: un proyecto que ya se aprobó en primer debate, pero sigue a la espera de que la Sala Constitucional emita su resolución completa sobre el texto para determinar cómo continuará su trámite legislativo.
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Las propuestas de cambio fueron una promesa que realizó el Gobierno a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, ante los estrechos plazos que quedan para dar dictamen a las mismas en las comisiones de Asuntos Jurídicos, Asuntos Hacendarios y Asuntos Económicos.
La mayoría de las iniciativa deberán ser votadas en estos foros desde en septiembre y octubre, para decidir si continúan o no su trámite en el Congreso.
Este panorama parecía más complejo sin propuestas de reforma, pues muchos legisladores mantenían disconformidades con los textos y algunos de ellos (como la mayoría de las fracciones de Restauración Nacional, la Unidad Social Cristiana y el bloque independiente Nueva República) incluso aseguran que no votarán iniciativas en materia de nuevos impuestos.
Según la ministra Dinarte, el Poder Ejecutivo se compromete a acompañar el proceso técnico de las iniciativas; así como la discusión con los sectores involucrados.
La aprobación de los textos es la medida que impulsa el Ejecutivo para balancear la relación entre gastos e ingresos del Estado, que se mantiene deficitaria: objetivo que es una de las metas principales del acuerdo con el Fondo Monetario.