Economía y Política

Reforma de impuesto a casas de lujo sigue congelada pese a oferta de cambios de Hacienda

Inclusión del terreno en cálculo del valor del inmueble y tarifa única son dos de las objeciones que plantean las legisladores de la Comisión de Asuntos Jurídicos

El Ministerio de Hacienda espera una pronta discusión legislativa del proyecto que reforma el tributo solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda (ISO), popularmente conocido como el impuesto a las casas de lujo. Sin. embargo, el ambiente en Cuesta de Moras es frio.

La intención general del proyecto de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional y de Recreo (22.382) es elevar la recaudación tributaria, a través de un aumento tarifario y la utilización del valor del terreno para definir qué es una vivienda “de lujo”.

La reforma también busca enmendar un gravamen que hasta ahora ha dejado resultados fallidos y que es fácilmente eludible. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, actualmente podría decirse que el gravamen únicamente lo pagan “quienes quieren pagarlo”.

El impuesto se estableció en 2009 para fortalecer la inversión en vivienda social y pretendía recaudar unos ¢10.000 millones anuales. Sin embargo, más de 10 años después, este 2021, registra una recaudación de solo ¢4.639 millones a junio (su plazo de pago venció en agosto).

Según la administración, las bajas cifras recaudatorias responden en gran medida a grandes porcentajes de incumplimiento, pues se trata de un impuesto que autodeclara cada contribuyente y de difícil fiscalización.

Con el cambio, el ministro Villegas indicó a EF que la idea es permitir una participación más activa de Tributación. Esta dirección definiría cual es el impuesto y lo pondría a cobro cada año, como ya ocurre con el impuesto a la propiedad de vehículos (el marchamo). Luego tendría que fiscalizar a quienes no paguen.

Especialistas en asesoría tributaria comentaron a EF que la propuesta de Hacienda efectivamente facilitaría el cumplimiento e incluso las gestiones de quienes hoy lo declaran (pues deben realizar avalúos propios); sin embargo, advirtieron que dejar la definición del costo de los inmuebles en bases de datos resta control a los administrados sobre el verdadero valor de los mismos y alertaron sobre algunas complicaciones técnicas que podrían elevar los registros.

Pese a las expectativas de Hacienda, el proyecto no tiene un camino sencillo en el Congreso. Los diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos –foro encargado del expediente– manifiestan disconformidades relacionadas con la tasa del importe, entre otras cuestiones de fondo.

El proyecto y los cambios

Actualmente el impuesto se cobra sobre aquellas viviendas con un valor de construcción superior a los ¢133 millones. Este valor no es fijo, sino que se actualiza cada año, usando como referencia la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) hasta noviembre. Si el valor de la construcción supera esa barrera, entonces se le suma el valor del terreno y se calcula el gravamen.

Con la reforma, el impuesto se cobraría sobre todas aquellas viviendas con un valor superior a los 325 salarios base (¢150 millones a 2021), ya no solo partiendo sobre su valor de construcción sino también de su terreno.

Este cambio podría aumentar la cantidad de personas que paguen el gravamen, pues el valor de terreno aumentaría las posibilidades de que la vivienda sobrepase la barrera mínima para convertirse en “casa de lujo”.

Además de este cambio, la principal herramienta para frenar la elusión del impuesto que impulsa Hacienda es que el gravamen ya no lo declararía cada contribuyente, sino que lo definiría la propia Dirección General de Tributación (DGT). Para ello utilizaría la información disponible en el Registro Nacional y en las municipalidades.

Es decir, la propia DGT definiría quiénes pagan el impuesto y no los propios contribuyentes. “Ya lo que se va a generar es un cobro a raíz de las bases de datos y aquellas personas que no lo paguen deberá demostrar por qué no lo hacen”, explicó el ministro Villegas.

Otro cambio que propiciaría la reforma y que aumentaría la recaudación es un aumento en la tasa del impuesto. Actualmente el gravamen tiene una tarifa escalonada de entre el 0,25% y el 0,55% sobre el valor del inmueble; que no supera el 0,25% hasta los ¢335 millones (en el escalón más bajo de siete); pero con el cambio se pasaría a una tarifa flat del 0,5% para todas las propiedades que superen los ¢150 millones.

Cambios de peso

El socio director de Grant Thornton, German Morales, aseguró a EF que la reforma supone un cambio sustancial.

Indicó que la posibilidad de que se utilicen datos municipales o del Registro Nacional resta control a los contribuyentes para determinar el valor real de sus inmuebles y añadió que la inclusión del valor del terreno en la base de cálculo para definir cuál es una casa de lujo deja espacio para la incertidumbre en el caso de plusvalías.

“Recordemos que para efectos fiscales la depreciación de un inmueble anda en 50 años, es un 2% por año y solamente para la parte constructiva. El valor del lote siempre va a subir“, explicó.

La socia directora de Deloitte, Carla Coghi, añadió que el aumento en la tasa es alto para la mayoría de los contribuyentes, que podrían experimentar incrementos de hasta un 100% de sus importes.

En el caso de una vivienda cuyo valor actual de construcción y terreno sea de ¢253 millones, citó, pasaría de pagar ¢634.000 anuales a ¢1,27 millones anuales.

Coghi además señaló que en muchas ocasiones el valor inscrito ante del Registro Nacional es el que se incluyó en hipotecas, y que estos valores tienden a ser superiores al costo real de la infraestructura.

Camino complejo

La iniciativa de ley tiene por delante un panorama complejo en el Congreso. Una mayoría de los diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos se muestran reacios, ante varios aspectos del proyecto como la inclusión del valor del terreno en el cálculo mínimo para definir qué es una “casa de lujo” y la eliminación de las tarifas escalonadas vigentes.

Estos puntos los mencionaron a EF el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Fonseca, y la legisladora de Restauración Nacional (PRN), Mileyde Alvarado; quienes señalaron que el trámite del proyecto parece complicado y lejano de “tener ambiente” para su avance.

La ley ya establece que estarán exonerados del tributo las propiedades del Gobierno Central, de las municipalidades y de algunas asociaciones o fundaciones. También deja por fuera los bienes en inventario de inmobiliarias, los que fueron declarados patrimonio histórico o arquitectónico y las sedes diplomáticas (siempre que sean de su propiedad).

No obstante, para dar mayor viabilidad a la iniciativa, el Gobierno ya anunció de que impulsará algunas excepciones adicionales en el proyecto. Por ejemplo, dijo que planteará eliminar el gravamen cuando se trate de viviendas heredadas o cuyo valor de terreno represente más de un 40% del valor total del inmueble, en aquellas viviendas con un valor superior a los ¢210 millones.

El proyecto de reforma actualmente está en etapa de consulta a instituciones y aún no recibe audiencias legislativas. Existe un plazo hasta el próximo 6 de octubre para la confección de un primer informe de subcomisión sobre el mismo, según indicó a EF el despacho de la diputada Franggi Nicolás, del PLN, presidenta de la comisión de Jurídicos.

De todas las iniciativas negociadas con el FMI para ajustar la deuda pública en 2023, la reforma al impuesto sobre las casas de lujo es la que tendría un menor impacto fiscal (0,08% del PIB). Su rendimiento sería menos de una catorceava parte del total en materia de nuevos ingresos que se propuso al organismo internacional.

No obstante, ese 0,08% del PIB representa unos ¢30.000 millones anuales: unas seis veces lo que se recaudó este 2021 con la versión actual del tributo. El proyecto planea que de la nueva recaudación, se mantengan 8.655 salarios base para financiar programas de vivienda (unos ¢4.000 millones aproxiamadamente).

Las proyecciones de recaudación se publicaron como parte de la carta de entendimiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual Costa Rica se comprometió a realizar un ajuste fiscal que le permita estabilizar su deuda pública a partir de 2023 (que incluye este proyecto), a cambio de un programa de financiamiento de $1.778 millones, en condiciones blandas, por los próximos tres años.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.