Los proyectos de ley relacionados con reformas tributarias que forman parte de la agenda de sostenibilidad fiscal convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) caminarán por una senda empinada en Cuesta de Moras.
Con los textos apenas bajo estudio de comisiones, un bloque de diputados ya se dice completamente opuesto a reformas relacionadas con nuevos impuestos. Las posiciones meten presión al papel de la ministra de la presidencia Geannina Dinarte y la capacidad de negociación del Ejecutivo en su último año.
Los planes tributarios representan una cuarta parte del ajuste fiscal esperado para 2023.
Los proyectos relacionados con impuestos son cuatro:
- El plan de renta global dual busca implantar un modelo de renta global para personas físicas que elevaría la cantidad de contribuyentes de ese gravamen.
- Otro proyecto plantea un impuesto a los premios de lotería que superen medio salario base (¢231.100).
- La reforma al popularmente conocido “impuesto a las casas de lujo” impondría una tasa general de 0,5% sobre aquellas viviendas con un costo de construcción mayor a ¢150 millones.
- Otra iniciativa eliminaría algunas exoneraciones (incluida la del salario escolar), estandarizaría en un 15% el cobro a las rentas de capital (y aumentar su tasa en 1,5 puntos por dos años) y adicionaría 5 puntos porcentuales a las tasas sobre las remesas.
Estos proyectos son esenciales para la propuesta de ajuste fiscal hecha por el Gobierno al FMI, que busca revertir el déficit financiero primario a partir de 2023. Es decir, busca revertir la diferencia actualmente negativa entre ingresos y gastos estatales, sin contar el pago de intereses.
Entre todos esos proyectos —aunados a los nuevos ingresos que se prevé alcanzar con la aplicación de medidas restantes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) de 2018— Hacienda espera aumentar sus ingresos en un 1,47% del PIB para 2023.
Matemáticas complejas
Pese a que el acuerdo de financiamiento con el Fondo es bien visto por la mayoría de diputados en el Congreso, una buena parte ya avisó de que no se compromete con aprobar las reformas tributarias ligadas a ese convenio.
Por encima del contrato de financiamiento, dela reforma al empleo público y de otro proyecto que pretende solicitar un aporte solidario del 0,2% del PIB conjunto a las empresas públicas del Estado, las iniciativas sobre impuestos son las que despiertan mayor rechazo en el Congreso.
Así lo expresaron desde el mismo dictamen favorable del convenio con el FMI los diputados Harllan Hoepelman, del bloque independiente Nueva República, y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN). Ellos aseguraron en la Comisión de Asuntos Hacendarios que sus agrupaciones no darán votos a iniciativas que impliquen nuevos gravámenes o aumento de ellos.
Solo entre ambas bancadas acumulan 13 congresistas: ocho restauracionistas y cinco del bloque independiente fabricista.
El diputado Jonathan Prendas, vocero de Nueva República, indicó a EF que en su grupo únicamente estarían anuentes a revisar una eventual eliminación de exoneraciones, “si está correctamente redactada”, pero que “lo demás no contará con su apoyo”.
Otro que avisó de su rechazo fue el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca. El legislador cartaginés lo indicó desde su discurso del pasado 1.° de mayo, cuando indicó que no considera que nuevos impuestos sean una vía de rescate fiscal.
Consultado por EF, Abarca indicó que la fracción de nueve legisladores aún no toma una posición conjunta, pero que sí existe una corriente “mayoritaria” en contra de los proyectos tributarios. Indicó que, al menos en ese grupo mayoritario, ni siquiera se ve anuencia para alcanzar enmiendas o puntos medios que faciliten su aprobación.
“Hay formas distintas de atender necesidades fiscales. Hay que ver el espejo de América Latina y los países en donde hay una mayor manifestación social son precisamente en los que no se tiene la sensibilidad de entender que hay una crisis económica y que esta no es la forma correcta”, subrayó.
Otras fracciones que rechazan los proyectos tributarios son las del Partido Integración Nacional (PIN) y del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC). Los diputados Walter Muñoz y Otto Roberto Vargas indicaron a EF que cualquier iniciativa que implique nuevos tributos o cambios en ellos será rechazados por los tres votos que suman sus agrupaciones.
También manifestaron su rechazo a los proyectos los independientes Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez.
EF tambiénintentó conversar con José María Villalta, del Frente Amplio (FA), pero no contestó a las llamadas que se le realizaron.
PLN tiene la llave
A partir de ese recuento, gran parte del futuro de los proyectos fiscales quedaría en manos de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN): la más grande del Congreso, con sus 17 legisladores. También manifestaron su anuencia diputadas independientes.
María José Corrales, jefa liberacionista, explicó a EF que los diputados de su bancada consideran “prematuro” hablar de oposición generalizada, sino que se plantean revisar cada proyecto para determinar eventuales posiciones.
Corrales también señaló que parte de las labores que tendrá que hacer el Ejecutivo para que avance esta agenda será explicar a los diputados el orden de prioridad de los mismos, de modo que se gestione un avance estratégico.
Los 17 votos del PLN; sin embargo, tampoco se pueden contar en bloque y aún menos en materia de impuestos: un tema que suele dividir a las bancadas, como ocurrió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hace dos años.
Otras independientes como Ivonne Acuña y Zoila Volio indicaron que habrá que analizar los proyectos detenidamente, pero que únicamente podrán tramitarse correctamente si se les realizan enmiendas para evitar castigar a sectores medios.
Las enmiendas que se realicen tendrán un impacto directo en las estimaciones de rendimiento fiscal hechas por el Ejecutivo, como ocurrió durante la discusión de la reforma fiscal de 2018.
Aparte de los proyectos relacionados con impuestos solo otros tres deben pasar por la Asamblea Legislativa: uno es el propio convenio con el FMI, otro es la reforma al empleo público y uno tercero es el que pretende solicitar un aporte solidario conjunto de hasta un 0,2% del PIB por cuatro años a las empresas públicas del Estado.
De ellos, los primeros dos ya están avanzados en su trámite y tienen vía libre para su aprobación.
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Según Laura Guido, jefa de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), la única vía para sacar adelante los proyectos será le negociación y el convencimiento, a pesar de que se aproximan procesos electorales.
“Si uno se desprende del objetivo final puede caer en la falsa sensación de que es conveniente para la campaña alejarse de esta agenda; sin embargo, los efectos no se tardarían en sentir y eso también es algo que deben pensar quienes tengan expectativas electorales, los partidos hoy están en el parlamento y tienen las herramientas para evitar una desgracia”, concluyó.
El trabajo de convencimiento tendrá que ser fuerte. Según la liberacionista y presidenta del Congreso, Silvia Hernández, el Ejecutivo debe avanzar en sus negociaciones y también buscar alternativas o planes remediales.
“Hay una gran cantidad de diputados que ha manifestado abiertamente que no va a votar el grueso (de la agenda). ¿Y qué se ha discutido por parte del Gobierno y de la Asamblea para ver alternativas? Nada”, advirtió desde su elección, el 1.° de mayo anterior.