Tres meses y medio es el tiempo que le queda a la Asamblea Legislativa para aprobar un paquete de siete proyectos de ley que permitirían poner en marcha el acuerdo de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit primario y bajar la presión de la deuda pública.
La última iniciativa de ley fue presentada por el Ministerio de Hacienda el pasado miércoles 10 de marzo, se trata del contrato de préstamo de Servicio Ampliado por $1.750 millones con el Fondo.
Uno de los proyectos más controvertidos que el Gobierno incluyó en el programa de ajuste fiscal es la reforma al empleo público, un expediente que llegó a Cuesta de Moras en abril del 2019 y, tras un largo camino, finalmente el pasado miércoles entró al plenario legislativo, su último paso antes de someterse a votación en primer debate.
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Pero no todo está resuelto sobre la Ley Marco de Empleo Público. La exclusión de las universidades estatales del modelo de salario global que se aplicaría con esta normativa, genera dudas entre los diputados.
Por un lado, los legisladores de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y el independiente Dragos Dolanescu, quienes aprobaron este cambio en la Comisión de Gobierno y Administración; ahora piden que se hagan los ajustes necesarios por medio de reiteraciones en el plenario. Esta posición es secundada por el Gobierno debido a la urgencia por que se apruebe finalmente la ley.
Mientras que otros congresistas como Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), asegura que la vía correcta es devolver el texto a comisión para que nuevamente se le hagan las modificaciones y enviarlo al plenario.
Estos son los siete proyectos de ley que deben aprobar los diputados antes de julio para que Costa Rica pueda implementar el plan negociado con el FMI:
1- Empleo público: es una de las acciones “estrella” del Gobierno para convencer al FMI de que se puede bajar en gasto, el principal disparador después de los intereses de la deuda pública: las remuneraciones.
El proyecto de ley que ingresó a la corriente legislativa el 19 de abril del 2019, fue devuelto por los diputados y ahora avanza despacio, pero con mejor perspectiva −tras su tercera versión presentada en mayo del 2020−.
En diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que es viable y posible aplicar salario global y otros ajustes a todos los empleados del Estado, es decir, los actuales y los que se contraten a futuro.
2- Contrato de crédito: le permitirá al Gobierno acceder a $1.750 millones en desembolsos a tres años que se harán cada seis meses conforme el FMI evalúe el correcto avance del plan propuesto por Costa Rica.
La facilidad de Servicio Ampliado tiene un plazo de 10 años, cuatro años de gracia y una tasa de interés del 2,05%. La Constitución Política establece que todas las autorizaciones de endeudamiento del país deben ser aprobadas por mayoría calificada en el plenario (38 votos).
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Cada semestre los equipos técnicos del FMI harán exámenes de cumplimiento al país y con base en los avances se desembolsarán los nuevos recursos. Si un proyecto de ley propuesto en el plan no tiene viabilidad política o se cae en el Congreso, el Gobierno puede plantear otra medida que genere el mismo rendimiento fiscal para compensar, pero los giros de dinero se podrían atrasar.
3- Renta global dual: el proyecto de ley fue enviado al Congreso el viernes 22 de enero y se tramita bajo el expediente 22.383. Se trata de una medida que cambiaría el actual tributo sobre las utilidades que se cobra de forma territorial y cedular, por uno en el cual se suman todas las fuentes de ganancias.
El proyecto plantea que quienes ganan menos de ¢8,2 millones al año (de cualquier fuente de ganancias) estarán exentos, lo que dejaría al 70% de los asalariados fuera del gravamen.
La tarifa de renta para las personas físicas y jurídicas se estableció en 27,5%, como se acordó en la mesa de diálogo nacional.
4- Impuesto a casas de lujo: otro expediente que ingresó a la corriente legislativa el 22 de enero es el nuevo impuesto del 0,5% a las casas de lujo con valor superior a los ¢150 millones. Este tributo sustituiría al actual solidario que se estaba dirigido originalmente a financiar proyectos de vivienda social.
Con la nueva iniciativa el pago del impuesto para una casa con valor de ¢150 millones crecería de ¢375.000 a ¢750.000. En la actualidad se gravan las viviendas con valores superiores a los ¢133 millones, este monto se define cada año.
El impuesto ha recibido críticas porque cambia la base imponible ya que toma en cuenta el valor de la casa y del terreno, sin ambos suman ¢150 millones o más, entonces se aplicaría el tributo.
5- Dividendos de empresas estatales: también entró al Congreso el viernes 22 de enero bajo el expediente 22.384 y propone que 14 empresas del Estado destinen hasta el 30% de sus utilidades al pago de deuda pública del Gobierno Central por cuatro años.
Los aportes para cada entidad serán calculados por el Ministerio de Hacienda y publicados en un decreto, el monto total debe sumar 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre las entidades que tendrán que aportar destacan los bancos públicos y sus subsidiarias, el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Correos de Costa Rica, entre otras.
EF revisó los estados financieros publicados por las 14 empresas estatales en los periodos 2017, 2018 y 2019, y constató que solamente cinco de ellas reportaron utilidades con cifras mayores a los ¢1.000 millones en el último año.
Algunas como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), tienen una situación financiera crítica que fue agravada por el embargo de cuentas, lo que podría acelerar su proceso de paralización durante este año.
6- Premios de lotería: el proyecto fue enviado a la Asamblea el 9 de diciembre del 2020 y convocado a sesiones extraordinarias. De aprobarse, gravaría con impuesto de renta del 25% todos aquellos premios de lotería que superen medio salario base (¢225.100) y produciría 0,09% del PIB por año.
7- Ley de exoneraciones: la iniciativa de ley fue remitida a Cuesta de Moras el 17 de diciembre del 2020 y cuenta con la venia del diálogo multisectorial.
Eliminaría la exoneración de renta del salario escolar, homologa al 15% el gravamen a las rentas de capital y aumenta por dos años la tarifa al 16,5%, y promueve un incremento de cinco puntos porcentuales en el impuesto sobre las remesas que tiene tasas diferentes para cada producto o servicio.
De acuerdo con Hacienda, esta iniciativa generaría 0,58% del producto nacional que equivale a ¢209.407 millones.
La eliminación del 50% de la exención de renta a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias contemplada en la propuesta original fue desechada por el Ejecutivo.
