La Asamblea Legislativa se propone discutir y votar el convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para una Facilidad de Servicio Ampliado por $1.778 millones en tres años, tan pronto concluya el trámite de mociones de revisión del proyecto de reforma al empleo público.
La previsión por el momento es que eso ocurra en la próxima semana (del 17 al 21 de abril), indicó a EF la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El convenio incluye un programa de financiamiento en condiciones blandas disponible para Costa Rica en seis desembolsos iguales, los cuales serían otorgados por la entidad multilateral semestralmente previo a la aprobación del Congreso (el primer desembolso) y al cumplimiento gradual de una agenda para estabilizar la deuda pública (los últimos cinco tractos).
Se trata de un acuerdo esencial para la estabilidad macroeconómica del país en los próximos años, según el presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero.
La eventual discusión del convenio dependerá de que el Congreso logre sesionar regularmente en los próximos días.
La actividad legislativa se ha visto amenazada por contagios de COVID-19 de diferentes legisladores, incluida la propia Hernández (que sigue en recuperación); sin embargo, el Plenario retomó labores este miércoles 13 de mayo después de dos días de suspensión completa.
Los diputados aprobaron este miércoles una moción para sesionar virtualmente en las próximas semanas, de ser necesario. No obstante, esta es una nueva práctica para los legisladores y la eficacia de su eventual aplicación es aún una interrogante.
Pese a ello, el presidente interino de la Asamblea, Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN), afirmó en una reciente conversación con EF que la intención del Congreso es avanzar con el convenio con el Fondo tan pronto como sea posible.
La presidenta Hernández, por su parte, recordó la urgencia del proyecto de reforma al empleo público y la misma aprobación del convenio, pues son los principales requisitos legislativos para los primeros desembolsos del Fondo.
“Por eso insisto en la importancia de que, una vez aprobados estos proyectos, el Gobierno no pierda el acelerador en el resto de la agenda del FMI (...) preocupa muchísimo que el resto del ajuste recaiga en un siguiente gobierno y que esta administración le pierda el interés a esos temas”, subrayó.
El convenio con el FMI permitiría al país acceder a unos $592 millones este 2021: una mitad solo con la aprobación del convenio y la otra si el país supera la primera revisión que hará el FMI sobre los esfuerzos para estabilidad fiscal del país concretados hasta julio próximo.
Las condiciones
El FMI acordó prestar a Costa Rica 1.237,49 millones de derechos especiales de giro (unidad de referencia de la entidad); es decir, unos $1.778 millones.
A cambio, Costa Rica se comprometió a empujar una serie de medidas para alcanzar un superávit primario (una diferencia positiva entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses) y estabilizar su deuda pública a partir de 2023.
Las medidas que tendría un mayor rendimiento son decisiones administrativas de control de gasto, de política pública y la reforma al empleo público (que acarren dos terceras partes del ajuste, según las estimaciones oficiales revisadas por el Fondo); mientras que las demás corresponden a proyectos de ley, principalmente tributarios.
Esos proyectos son cinco: uno establecería un sistema de renta global dual para personas físicas; otro impondría un gravamen a los premios de lotería; otro eliminaría algunas exoneraciones, subiría por dos años la tasa el impuesto a las rentas de capital e incrementaría la tasa a las remesas; uno más reformaría totalmente el actual impuesto a las casas de lujo; y uno último cobraría un 0,2% del PIB de sus dividendos a las empresas públicas del Estado.
Estos últimos son los que avanzan más despacio en el Congreso.
La facilidad crediticia se pactó en condiciones blandas para el Estado. La tasa de interés es una tres veces menor a las que encontraría Costa Rica para un crédito en las mismas condiciones en el mercado interno, indicó Rodrigo Cubero a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Un eventual fallo de esta operación con el Fondo, por rechazo o incumplimiento de metas, podría implicar un importante shock para el país, indicó el presidente del emisor a los legisladores.
“Eso significa que la comunidad internacional entiende que el país no está cumpliendo con sus metas, con un impacto muy negativo sobre los diferenciales de tasas de interés que tiene que pagar el país tanto en los mercados domésticos como internacionales (...) esto agrandaría el costo de financiamiento y para el país sería un shock muy negativo”, le dijo a los diputados.
Por tratarse de un mecanismo de endeudamiento externo, el convenio requerirá el visto bueno de al menos dos terceras partes del Congreso (38 diputados), por mandato constitucional.
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En Comisión de Hacendarios, el convenio recibió un dictamen unánime afirmativo; lo cual hace presumible su aprobación en el Plenario legislativo. No obstante, diputados de varias fracciones han dicho que no apoyarán algunos de los proyectos incluidos en la agenda relacionados con cambios en materia de impuestos.
“Tiendo a leer que tendrá una aprobación próximamente y la discusión de fondo, me parece como presidenta, estará estrechamente vinculada con el resto de la agenda”, aseguró Hernández.
