El Gobierno buscará por todos los medios consensuar posiciones para aprobar los proyectos de la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión final, sin embargo, quedará en manos de los congresistas.
Esa realidad la reconoce desde ya la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte. Sin embargo, pese a la complejidad de proyectos impositivos y a que se acerca una transición electoral, considera posible “viabilizar” la agenda sin que esta se aleje de su “meta” fiscal.
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El panorama es complejo porque varias fracciones ya se dicen totalmente opuestas inclusive para analizar algunas de las reformas propuestas.
El plan del Ejecutivo con estos proyectos y otras medidas administrativas es estabilizar los niveles de la deuda pública a partir de 2023, revirtiendo la diferencia negativo entre ingresos y gastos sin contar el abultado pago de intereses.
EF entrevistó a Dinarte, quien será la encargada del Ejecutivo para coordinar con los diputados e impulsar la agenda de estabilidad financiera que, entre otras iniciativas, incluye cuatro reformas con tintes tributarios.
El Congreso está cerca de aprobar la reforma al empleo público y el convenio con el FMI para la facilidad de Servicio Ampliado (SAF). ¿Cómo evalúa el Gobierno el avance de la “agenda FMI” hasta el momento?
— Con respecto al plan de empleo público, comprendemos que es una discusión que ha ameritado importantes espacios para no solo abordar las preocupaciones que estaban pendientes de ser atendidas, sino también para profundizar y dar precisión en aclaraciones. También entendemos que alrededor del proyecto hay objeciones de algunos miembros del Congreso y sectores.
Hemos tenido algunos atrasos por las complejidades que vivimos como país y a nivel global con la pandemia del COVID-19, pero estamos en una etapa que nos permitiría muy prontamente concluir este proceso.
También está el acuerdo con el FMI, que se dictaminó de forma unánime en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y eso nos abre una ventana de oportunidad.
Son proyectos fundamentales para el acuerdo y, más allá de eso, darían buenas señales no solo a organismos multilaterales, sino también a evaluadoras de riesgo.
Algunos diputados, incluida la jefa de fracción del PLN, le piden al Ejecutivo que establezca un orden sobre qué sigue. ¿Cuál será la nueva prioridad?
— Son varios proyectos y están en comisiones. Tenemos la posibilidad de lograr acuerdos de una forma expedita porque muchas de las preocupaciones son coincidentes entre la mayoría de las fracciones. Con las visitas que hemos hecho el Ministro de Hacienda (Elian Villegas) y yo, logramos identificar cómo podríamos ofrecer devoluciones y que los temas esenciales puedan ser corregidos.
Tenemos este espacio precisamente para aclarar y solventar algunas de esas interrogantes, darle la viabilidad suficiente a los proyectos.
Estamos interesados en que pueda crearse una comisión especial para ver los proyectos. Sabemos que podría haber interés y anuencia, y consideramos que ese es el mejor mecanismo.
¿Un trato similar al de la agenda relacionada con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)?
— Exactamente. La comisión de la OCDE hizo un gran trabajo, muy responsable, con proyectos muy complejos, y me parece que es una muy buena práctica legislativa.
¿Avanzar en todo al mismo tiempo?
— Hay proyectos que pueden discutirse y llevarse al Plenario pronto si logramos solventar algunas dudas, por ejemplo, casas de lujo, la contribución de las empresas del Estado o el impuesto a las loterías. Son temas en que podríamos encontrar una convergencia.
Otros proyectos como renta global tienen mayor complejidad, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar para revisar sus aspectos técnicos y viabilizarlos.
Cuatro de los cinco proyectos de ley de esa agenda FMI en el Congreso tienen tinte tributario y ya varias fracciones dicen rechazarlos de plano. ¿Qué hará el Ejecutivo para superar ese panorama?
— Hay que llegar al trabajo técnico y responsable para determinar dónde está el aspecto que nos distancia de un acuerdo. Más allá de plantear desde una primera entrada una oposición, yo invitaría a un proceso de construcción conjunta y a revisar los alcances del proyecto.
Es una agenda que hemos procurado sea progresiva, para que no afecte a sectores altamente vulnerables o que han sido más golpeados por la pandemia. Falta camino por andar y creo que sí podemos trabajar por viabilizar los proyectos.
Silvia Hernández, presidenta del Congreso, pedía al Gobierno alternativas y negociación. ¿Hasta qué punto es posible negociar o enmendar esta cartera de proyectos sin que pierdan su rendimientos?
— Coincido con ella. Este es un desafío que nos convoca a hacer un ejercicio de diálogo y de trabajo conjunto. Esto pasa por poder explicar nosotros más en detalle y por comprender las interrogantes que puedan tener las fracciones, pasa también por debatir algunas objeciones; pero claramente que también por ir logrando acercamientos.
Yo sí creo que hay espacios para lograr acuerdos sin desbalances que nos alejen de la meta.
La presidenta del Congreso también ve en el ambiente electoral y el cambio de Gobierno un reto para las evaluaciones siguientes que hará el Fondo. ¿Cómo hará el Ejecutivo para que la transición no “duerma” la agenda?
— Definitivamente aquí lo que convoca es el sentido de responsabilidad y de urgencia. Para todos los legisladores y legisladoras está la información a disposición del valor que tiene concretar esta agenda.
Yo creo que la voluntad está. Ese sentido de responsabilidad y de urgencia está presente en la Asamblea Legislativa, y estoy consciente de que se comprende lo que significa esta agenda para el país.
También confío en que a las puertas de un proceso electoral, cualquier partido político con aspiración de gobernar estará también sumándose a concretar las condiciones que permitan al país no solo lograr una mejora en la trayectoria de su deuda, sino también dar las condiciones para recuperar la economía.
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¿A qué se compromete este gobierno antes de terminar su mandato?
— La aprobación de la agenda está en manos de la Asamblea Legislativa, pero nosotros nos comprometemos a apoyar todas las gestiones que sean necesarias para que se pueda aprobar. Eso pasa por facilitar negociaciones y dar acompañamiento técnico. También pasa por estar presentes y disponibles para que las fracciones que lo requieran puedan trabajar con nosotros.
Todo el esfuerzo que el Ejecutivo pueda hacer para facilitar esta aprobación lo vamos a garantizar, porque es nuestra convicción colaborar con la Asamblea Legislativa; pero claramente la responsabilidad de la aprobación también está en sus manos, y por eso es que tenemos que hacer un trabajo en sinergia.