Dos años y 11 meses después de su presentación, el proyecto de de Ley Marco de Empleo Público (21.336) entrará en su discusión definitiva la semana de este 7 al 11 de marzo.
La Sala Constitucional informó, este jueves, que remitió su respuesta completa sobre las segunda ronda de consultas de constitucionalidad que realizaron diputados y magistrados en relación con la iniciativa; en la cual los magistrados descartaron que existiesen “vicios sustanciales” suficientes para frenar el avance del proyecto.
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La presidenta legislativa Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que la discusión arrancará el mismo lunes 7 de marzo.
El segundo y último debate, sin embargo, podría tardar más de una sesión; pues cada legislador podrá hacer uso de la palabra al menos 10 minutos.
El plan de empleo público se incluyó como una de las reformas estructurales del Estado dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para sanear sus finanzas en los próximos años. En ese marco, su aprobación es “formalmente obligatoria” para la continuidad del programa de estabilidad fiscal y de financiamiento por $1.778 millones en tres años, según explicó el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador del país ante el organismo, Rodrigo Cubero.
Entre otras reformas, el proyecto permitiría aplicar una escala salarial única para los empleados estatales, y eliminar así el efecto amplificador del gasto público que hoy conllevan los incentivos monetarios por antigüedad; así como imponer restricciones de gasto en la negociación de convenciones colectivas.
Votación compleja
La Constitución Política establece en su artículo 167 que la Asamblea Legislativa solo podrá aprobar proyectos que afecten la organización y el funcionamiento del Poder Judicial con el visto bueno de al menos dos terceras partes de la cámara de diputados, si se apartan del criterio de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema considera que el plan de empleo público afecta su organización; lo cual obligaría a conseguir una votación favorable de al menos 38 diputados para la aprobación de la iniciativa.
Los diputados que respaldan el proyecto consultaron a la Sala Constitucional con la intención de que esta determinara que el criterio de la Corte era equivocado; sin embargo, los magistrados redactaron que esa no se trataba de una consulta directamente relacionada con la constitucionalidad o no del proyecto y, por ende, no podía ser respondida en el trámite de consulta.
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“Se procura el aval a la interpretación que realizan los legisladores sobre el particular. En consecuencia, corresponde declarar inevacuable la consulta facultativa”, apuntaron los altos jueces en su fallo.
Esta indicación provocaría que el proyecto continúe requiriendo de 38 votos, a no ser de que la presidencia legislativa resuelva lo contrario por alguna interpretación que realice.
Consultada sobre ese tema, Hernández señaló que leerá el fallo completo de la Sala Constitucional para tomar una decisión final y que también solicitará un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Cuando el proyecto se aprobó en primer debate por segunda vez (después de la primera consulta de constitucionalidad y sus enmiendas respectivas en Cuesta de Moras), el texto recibió el respaldo de 36 de 44 legisladores presentes. Sin embargo, una de las personas que votó a favor fue la congresista María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que renunció a su curul el 7 de febrero pasado.
Ese voto de Solís ahora lo asumirá Edgar Jovel Álvarez, un nuevo legislador que se postuló por el PUSC en 2018; pero cuya afinidad ahora es con el candidato presidencial Rodrigo Chaves (aspirante en segunda ronda), quien recientemente calificó la iniciativa como un adefesio que debería ser vetado pese a haberlo defendido como “fundamental” cuando fue ministro.
Un efecto de peso sobre el resultado final podría recaer en la decisión final de diputados que se ausentaron durante la primera votación, como el oficialista Welmer Ramos o los liberacionistas David Gourzong, Franggi Nicolás y Daniel Ulate. Estos últimos podrían encontrar algún incentivo en la posición de su candidato presidencial, el expresidente José María Figueres (también en segunda ronda), quien ha dicho que el proyecto debe aprobarse y más tarde recibir enmiendas en una segunda etapa.
Efecto fiscal
A pesar de que el proyecto también incluye una serie de licencias y permisos como garantías para los empleados del sector público (por paternidad, cuido y maternidad especial); el Ministerio de Planificación estima altos ahorros con su aplicación.
El gobierno estima en un ahorro promedio del 1,05% del PIB anual, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.
El FMI incluso esperaba la aprobación de esta ley para mayo de 2021; pero los atrasos por en la dinámica legislativa (primero por la pandemia de COVID-19 y luego por la campaña electoral y las consultas de constitucionalidad presentadas sobre el proyecto) frenaron su avance hasta este momento.