EscucharEl candidato presidencial Rodrigo Chaves, del nuevo Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó este 22 de febrero que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) debería ser vetado, si llega a aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Las declaraciones de Chaves contrastan con las que él mismo dio en 2020 cuando era ministro de Hacienda sobre el proyecto, al cual defendió y calificó como una reforma “fundamental” para la consolidación fiscal del país.
Chaves realizó sus nuevas declaraciones sobre la pertinencia de vetar la ley en un foro con sindicatos de la salud, ante una pregunta del sindicalista y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio.
“Esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar y, si pasa, habría que vetarla”, afirmó el ahora aspirante presidencial, que buscará hacerse con la Presidencia de la República en la segunda ronda de elecciones, este 3 de abril.
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Viejas declaraciones
Las nuevas declaraciones de Chaves chocan con las que él mismo dio cuando fue ministro de Hacienda. En una exposición al Plenario Legislativo sobre la propuesta del gobierno para consolidar la ruta fiscal del país, el 10 de febrero de 2020, el entonces jerarca resaltó al proyecto como una reforma “estructural” y “fundamental”.
“La ley de empleo público es un cambio estructural, fundamental, de cómo se van a pagar las remuneraciones a los empleados públicos conforme se van añadiendo a la planilla del Estado”, dijo entonces sobre el proyecto. “Ese es un cambio fundamental, incluye salario único y una serie de medidas, evaluaciones de desempeño, etcétera”.
Aquel 10 de febrero, Chaves realizó una audiencia de más de ocho horas ante los congresistas y, ante una pregunta del diputado Walter Muñoz (del Partido Integración Nacional); el entonces jerarca de Hacienda indicó que el proyecto de empleo público tampoco crearía más desempleo y más bien ayudaría dar eficiencia al Estado y reducir privilegios.
“No tiene un impacto directo en el empleo, pero sí en la eficiencia del sector público y en el sistema de remuneraciones que, como usted sabe, en este país difiere muchísimo de institución a institución, donde hay grandes diferencias y, por lo tanto, privilegios que no deberían ser”, comentó.
Para aquel momento, el plan de empleo público ya llevaba poco más de 10 meses en el trámite legislativo y aún no arrancaban las negociaciones con el FMI, las cuales iniciaron hacia el final de ese año.
Sin embargo, el camino del plan estaba suspendido, a la espera de un nuevo texto sustitutivo que Chaves prometió se entregaría al Congreso a finales de febrero, pero finalmente llegó hasta mayo.
Chaves también dijo que el proyecto de empleo público es “imperfecto”, pero que por prudencia ante el acuerdo FMI debía aprobarse y luego efectuarle ajustes, cuando anunció su candidatura, según recogen publicaciones de julio pasado.
Otra negociación con FMI
El candidato del PPSD también dijo ahora a las representaciones sindicales que la iniciativa de Ley de Empleo Público “se la sacaron de la manga rápidamente (el Gobierno) para ver si cerraban un acuerdo con el FMI”.
Sin embargo, la iniciativa se planteó desde mucho antes, en 2019.
El proyecto de empleo público luego se incluyó como parte de la agenda convenida con el organismo por su impacto fiscal, que el Ministerio de Planificación (Mideplán) estima en un ahorro promedio del 1,05% del PIB anual, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.
Ese ahorro ocurriría por la eliminación de incentivos monetarios y la prohibición para engrosar salarios vía convenciones colectivas, entre otras medidas que incluye el proyecto.
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El plan de empleo público se catalogó finalmente como “una reforma estructural” en la negociación con el Fondo Monetario, lo cual significa que su aprobación es “formalmente obligatoria”, según explicó el presidente del Banco Central (BCCR) Rodrigo Cubero en entrevista con EF.
Según se lee en la carta de entendimiento con la entidad internacional, el FMI incluso esperaba la aprobación de la ley en mayo de 2021; pero los atrasos por la lenta dinámica legislativa y las consultas de constitucionalidad presentadas sobre el proyecto (ya completamente superadas) frenaron su trámite por más de ocho meses, hasta el momento.
La reforma al empleo público acumula tres años en la corriente legislativa y ya está casi lista para su votación definitiva en segundo debate, tras superar su segundo proceso de consulta a la Sala Constitucional.
Los diputados esperan por la resolución completa de los magistrados sobre el tema, para dar votación definitiva al proyecto.
Su ‘nuevo’ acuerdo
Chaves sostiene que, de llegar a la Presidencia en mayo de este 2022, buscaría renegociar el acuerdo con el FMI a través de una agenda completamente nueva.
Promete que se inclinaría por medidas que tienen que ver con reducir la evasión, un rediseño de las exenciones fiscales existentes (excepto las que benefician a las zonas francas), un replanteamiento de destinos específicos de ciertas leyes y de parafiscales, así como un reacomodo de otras cargas.
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Chaves dijo a los sindicatos de la salud que también renegociaría el plan de empleo público, por otro lado.
Señaló que el proyecto actual no le gusta pero, desde su punto de vista, “tampoco podemos seguir con el régimen de empleo público donde hay esas grandes diferencias; donde tenemos el 15% del empleo el sector público y gastamos el 50% del ingreso fiscal en salarios”.
Sobre el proyecto de ley actual, subrayó que le parece “un adefesio” porque “está regulando los salarios, las compensaciones, los puestos, sin saber qué es lo que va a hacer el Estado costarricense”. Sin embargo, el plan ha variado poco en su forma desde que fue presentado por el Gobierno y los ajustes en materia de establecimiento de remuneraciones que ha recibido han respondido principalmente a señalamientos de la Sala IV.
