EscucharLa Sala Constitucional no encontró vicios sustanciales de constitucionalidad en la tramitación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366), tras un segundo proceso de consulta por parte de diputados y magistrados. Con este paso superado, los legisladores podrán votar en segundo debate la iniciativa, una vez que reciban la resolución completa.
El plan de empleo público pretende, entre otros objetivos, establecer un sistema único de remuneraciones para la mayoría de empleados del sector estatal y establecer límites para el resguardo de los recursos estatales en la negociación de convenciones colectivas del sector público.
El tribunal llegó a esa conclusión después de sesionar los días 3, 4 y 8 de enero a doble jornada, informó su oficina de prensa.
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Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, explicó que solo se pudo evacuar una de las tres consultas presentadas por dos grupos de diputados y por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las otras dos fueron declaradas como inevacuables por voto de mayoría.
La consulta atendida fue una de las enviadas por los congresistas, en la que se pedía declarar vicios de constitucionalidad por la aprobación del proyecto a pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había señalado que afectaba su funcionamiento y se está en pleno proceso electoral; así como declarar vicios de procedimiento relacionados con el principio de publicidad de la iniciativa y sobre procesos de enmienda.
Todos estos alegatos fueron rechazados por mayoría.
El tribunal estuvo conformado por los magistrados Castillo, Paul Rueda, Lus Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro y los magistrados suplentes Ana María Picado y Jorge Isaac Solano.
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El proyecto de ley de empleo público es una reforma estructural clave para el acuerdo convenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca estabilizar las finanzas públicas del Estado en el corto plazo. Por ese motivo, se considera una de las principales iniciativas de ley de las que depende la realización de nuevos desembolsos por parte del organismo, que abrió una línea de financiamiento adjunta de $1.778 millones para los próximos tres años para Costa Rica.
El Gobierno se comprometió con el FMI a implementar una reforma al empleo público con un impacto fiscal de entre el 0,5% y 0,8% de la producción. Las estimaciones del Ministerio de Planificación es que la redacción actual del proyecto permitiría contener el gasto público en un 1,04% del PIB anual, en promedio, durante los primeros 10 años.
El proyecto de ley se aprobó en primer debate, el 7 de diciembre pasado, con el respaldo de 36 legisladores y el rechazo de ocho. En su segunda votación tendrá que contar con el respaldo de al menos 38 legisladores entre los que ya lo aprobaron y otros ausentes que puedan sumarse, o que cambien de posición de cara a la votación definitiva.
