Saldos en cobro judicial se han reducido un 20% en dos años. ¿Qué hay detrás de este fenómeno?

Si bien podría ser un síntoma de una economía que, por lo menos de momento, ha resistido una buena parte de los embates, también hay otros elementos estructurales y circunstanciales que explican el fenómeno: nuevas normativas, cambios en el comportamiento de acreedores y deudores, y un dólar más barato podrían haber jugado un papel en la reducción.

Analizamos de dónde viene la tendencia.

¿Qué dicen los números?

Si bien Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), señala que la reducción en los saldos y operaciones en cobro judicial es una tendencia más o menos constante desde 2017, fue a partir de mayo del 2022 cuando se aceleró esa caída. Solo entre dicho mes y diciembre de 2023, los montos se redujeron en ¢95.611 millones, lo que equivale a una variación de alrededor del 24%, según el balance contable disponible en el sitio web de la Sugef.

La caída de estos saldos ha sido relativamente generalizada en casi todas las categorías de intermediarios financieros salvo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), las cuales en diciembre del 2023 registraron un crecimiento interanual del 25%.

“La ley de usura tuvo un impacto muy importante en el sector cooperativo, no en cuanto a la tasa, sino en cuanto al ingreso mínimo vital por el cual tenías que eliminar el cobro automático cuando estaba por debajo, entonces posiblemente el aumento lo explique eso, que eran operaciones con cargo automático”, menciona Aguilar.

Caja de Ande, otra de los intermediarios que solía utilizar los cobros automáticos, también incrementó interanualmente sus saldos en cobro judicial en un 16% a diciembre del año pasado.

En donde más cayeron los saldos interanualmente fue en la banca privada, con un 20,6% menos, seguido de las financieras (-14%), los bancos públicos (-9,7%) y las mutuales (-6%).

La cuenta de bienes adquiridos por recuperación de créditos —donde están los bienes que se obtienen por cobro judicial y en dación de pago— también ha visto una reducción en el último año y medio. Al mes de diciembre el saldo de esta cuenta se redujo interanualmente en poco menos de un 8%.

En los tribunales, consecuentemente, desde hace dos años también se ha visto una reducción importante en los expedientes de cobros judiciales. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, se registró una reducción de 98.193 procesos, lo que equivale a casi un 12% menos, según estadísticas del Poder Judicial.

Esto significó una reversión en la tendencia creciente que llevaba este apartado desde 2015, eso a pesar de que el tiempo en que tardan en salir este tipo de expedientes subió en casi un 10% entre 2022 y 2023.

Hay que tomar en cuenta que a esta instancia llegan no solo los casos de entidades supervisadas por las Sugef —es decir, bancos, cooperativas, mutuales y financieras— sino también de prestamistas no supervisados, como por ejemplo los almacenes de electrodomésticos, financieras que no hacen intermediación y cualquier tipo de deuda que pueda cobrarse en un tribunal.

En esa misma línea, los índices de morosidad mayor a 90 días y en cobro judicial tampoco se han visto deteriorados en los últimos dos años. Esto a pesar de que en su momento se creyó que en el 2022, con el fin de la flexibilización normativa, podría presentarse un aumento una vez se conociera la capacidad de pago real de los deudores postpandemia.

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Durante el confinamiento el auxilio financiero consistió principalmente en el alargamiento de periodos de gracia, readecuaciones de deuda, ampliaciones de plazos, recortes en las tasas de interés, entre otras medidas de alivio. Según datos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), en los 21 meses que duraron las flexibilizaciones, alrededor de un 90% de la cartera fue modificada entre una y tres veces.

Aún así, el indicador de mora del sistema financiero se ha mantenido relativamente estable alrededor de un 2% como porcentaje de la cartera, número que, de momento, no indica un deterioro.

Hay que tomar en cuenta que está disminución en cobros judiciales y la relativa estabilidad en la mora se ha dado en un contexto en el que los préstamos se han vuelto más caros. Entre enero de 2022 y su pico de abril de 2023, la Tasa Activa Negociada (TAN, un promedio de las tasas de préstamos) pasó de 9,53% un 14,03%.

Este incremento también se reflejó en los créditos de vivienda, cuyas tasas aumentaron en casi 2 puntos porcentuales (p. p.) durante el mismo periodo. Para poner eso en perspectiva: una subida de 1 p. p., puede traducirse hasta en unos ¢70.000 más en la cuota de un préstamo de vivienda, según cálculos que había hecho el Banco Nacional en julio del 2022.

¿De dónde viene la reducción?

Pareciera que no hay una respuesta directa que explique el fenómeno y más bien las hipótesis de la Superintendencia giran alrededor de la combinación de factores.

Para comenzar, Aguilar considera que el hecho de que el crédito de consumo sea el préstamo que más ha crecido en los últimos años pudo haber contribuido a esta disminución, no solo porque la Superintendencia lo ha identificado como el tipo de crédito que más disminuye sus saldos en cobro judicial, sino por las características que tiene.

Este tipo de préstamos, al ser normalmente de montos relativamente bajos y sin un bien como garantía, puede que no siempre llegue a cobro judicial. Aguilar explica que en años anteriores el tiempo en resolver estos procedimientos en el Poder Judicial había venido en aumento y eso podría hacer que los bancos se cuestionen el costo-beneficio de llevar a cabo el procedimiento.

“Entonces hay que ver si es preferible en lugar de irme al cobro judicial simplemente liquidar la cartera sobre todo cuando pueden ser cuantías bajas”, dice la superintendenta.

En noviembre del 2023 el crédito de consumo del sistema financiero al sector privado creció en un 7,6%, muy por encima del 2,5% que tuvo el crédito total, según los últimos datos colonizados del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En ese sentido, los préstamos para consumo han ganado participación en las carteras de los intermediarios, pasando de representar un 30% a un 33% entre el 2021 y el 2023.

La superintendenta también sospecha que podría estar influyendo la venta de deuda. Esto sucede cuando un banco, por ejemplo, le vende una operación que tiene con un deudor a un tercero, probablemente no supervisado, para que sea este el que se encargue de llevar el proceso de cobro, lo que causa una salida de las cuentas de los intermediarios financieros.

Carlos Férnandez, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR) menciona que el hecho de que los bancos cambiaran en una parte el esquema de garantías de hipotecas a fideicomisos pudo haber contribuido. En un fideicomiso de garantía, el bien que respalda la operación (una casa, por ejemplo) pasa a nombre del fiduciario, a diferencia de una hipoteca, que es propiedad del deudor. En este tipo de créditos normalmente se pacta que, en caso de caer en mora, el acreedor se pueda adjudicar el bien sin tener que pasar un proceso largo de cobro judicial.

“Entonces eso es un dinero muy importante que ya no se refleja en las cuentas de cobro judicial de préstamos, sino que directamente va bienes adjudicados y se venden rápidamente”, menciona Fernández.

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Esta es una posibilidad con la que concuerda Aguilar. “Está el fenómeno del uso de los fideicomisos de garantía, que no van al Poder Judicial. Puede ser que lo que estemos viendo en vivienda como una caída en operaciones de cobro judicial”, agrega la jerarca de la Sugef.

El efecto cambiario es otro fenómeno que no se puede obviar. La fuerte caída que ha tenido el tipo de cambio en el último año y medio influye, como mínimo, de dos formas. Primero en los saldos totales que, al estar colonizados, se ven influidos por el porcentaje de la cartera que estaba en dólares y que se convirtió a colones —a un menor precio— a la hora de sacar la estadística general. Curiosamente el periodo de apreciación del colón coincide en buena parte con la mayor tendencia hacia la baja de los cobros judiciales.

Por el otro lado, un dólar más barato también sirve como alivio para los deudores que tenían un crédito en moneda extranjera pero sus ingresos en colones, ya que les pudo haber ayudado a que les sea más accesible pagar las cuotas. Este grupo ha crecido en el último año y medio.

“Hemos visto que con la fuerte apreciación cambiaria la morosidad en moneda extranjera se redujo. Es un fenómeno que es una buena noticia en el corto plazo, pero nos preocupa qué riesgos se puedan acumular (si se revierte la tendencia cambiaria)”, explica Aguilar.

Los cambios en la normativa también pudieron haber jugado un papel. De cara al 2023, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó una serie de ajustes para suavizar el castigo a la calificación de los deudores y atenuar la creación de estimaciones por créditos “malos” en los intermediarios.

Del lado de los deudores, se redujo la pena por hacer readecuaciones en las operaciones crediticias y cuando se da un bien en dación de pago. Del lado de los bancos, esto tuvo un efecto en las estimaciones al no agravarse la calificación de la cartera de crédito. Esto le pudo haber dado un mayor margen de trabajo a las entidades financieras. Dichos cambios rigieron en 2023.

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¿Continuará la tendencia?

Jose Luis Arce, director de FCS Capital y expresidente del Conassif, considera que en cierta forma este decrecimiento en el cobro judicial es congruente con que parte de la coyuntura más complicada quedó atrás y el país ha logrado crecer momentáneamente a buen ritmo. Si bien las tasas siguen relativamente altas, la expectativa es que empiecen a bajar pronto, dando todavía más espacio a la recuperación.

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Fernández, por su parte, espera que se mantenga un nivel de cobro judicial “muy sano” y que la morosidad de las carteras de los bancos vaya mejorando en el 2024 de la mano de una política monetaria menos restrictiva, tanto en el nivel costarricense como en el plano internacional, con tasas en dólares que deberían de bajar pronto.

Aguilar considera que es probable que la tendencia a la baja no continúe con esa misma fuerza, aunque menciona que un menor crecimiento en el crédito —además de que es el de consumo el que más crece— probablemente ayude a que sean menos las operaciones que terminen en cobro judicial en el futuro próximo.