Porcentaje de morosidad es estable, pero diluido entre aumento de la cartera y liquidaciones de préstamos

Cuando las autoridades financieras del país presentaron el último Informe Anual de Estabilidad Financiera en octubre del 2021, se vaticinó que las secuelas de la pandemia en materia de morosidad se verían hasta el 2022. La razón: la mora crediticia estaba contenida bajo la máscara de las medidas temporales de alivio financiero otorgadas a los deudores afectados por la pandemia.

Para entonces, el porcentaje de créditos morosos a más de 90 días y en cobro judicial había aumentado relativamente poco —pese a las circunstancias tan extremas— entre el 2019, 2020 y 2021, ubicándose en 2,32%, 2,46% y 2,62%, respectivamente.

Sin embargo, tanto el entonces presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, como la superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, mencionaron que probablemente esos números crecerían durante el 2022, año en el que se pondría —y se puso— fin a la flexibilización crediticia. Aguilar incluso llegó a decir que el indicador de mora podría colocarse tan alto como a un 4,5% o 5% del total de la cartera directa del sistema financiero.

Poco más de un mes después, el Informe del Estado de la Nación 2021 vino a subrayar ese supuesto. El documento explicó que la flexibilidad normativa evitó “de forma artificial y temporal que los balances de los bancos sufrieran un mayor deterioro”.

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Durante los años de más afectación de la pandemia, el auxilio financiero consistió principalmente en el alargamiento de periodos de gracia, readecuaciones de deuda, ampliaciones de plazos, recortes en las tasas de interés y, en menor medida, traslados de créditos de dólares a colones.

Actualmente ya han pasado más de seis meses desde que las excepciones por pandemia se terminaron y los datos de mora a junio de 2022 —los más recientes— muestran, a primera vista, una estabilidad.

En los bancos del Estado, bancos privados, entidades financieras no bancarias, cooperativas de ahorro y crédito y mutuales, el porcentaje de mora superior a los 90 días o en cobro judicial se posicionó en 2,28%, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Este dígito es casi idéntico al porcentaje con el que inició el año, de hecho la variación es de apenas 0,1 puntos porcentuales hacia abajo, lo que mantiene la mora lejos del posible 5% del que se habló en octubre del 2021. Esto podría, de momento, traducirse en buenas noticias para el sistema financiero: a seis meses desde que se acabó la flexibilización normativa, la morosidad no solo no se disparó, sino que bajó. Empero, la superintendente Aguilar considera que, bajo un análisis más detallado, hay ciertos factores que podrían estar diluyendo el indicador.

Una cartera más grande

Uno de los elementos que afecta la morosidad es el incremento en el tamaño de la cartera crediticia. El crecimiento interanual del crédito a mayo de 2022 fue de 8,6%, cuando en los periodos anteriores juntos creció tan solo un 3,23%, según datos de la Sugef. “La evolución del indicador (de mora) depende de dos elementos, uno es la variación en la morosidad (numerador) y otra el incremento de la cartera total (denominador) que podría diluir el efecto (...), en resumen, si analizamos la morosidad en términos absolutos, esta sí ha crecido”, explica Aguilar.

De diciembre de 2021 a mayo de 2022, la cartera total de préstamos pasó de ¢22,12 billones a ¢23,04 billones. Esto representa un incremento del 4,16%, según información del BCCR. Mientras tanto, entre ese mismo lapso la morosidad del sistema financiero pasó de ¢585.850 millones a ¢602.411 millones, un aumento del 2,82% que se disuelve entre una cartera más grande.

Adicionalmente, esa variación interanual del 8,6% de nuevos préstamos en mayo son tan recientes que lo más probable es que no hayan tenido ni siquiera el tiempo suficiente como para entrar en morosidad.

Adicionalmente, Aguilar considera que la liquidación de créditos morosos también podría estar influyendo en los porcentajes de mora. “Hay elementos de gestión y registro contable de crédito que han permitido liquidar operaciones para mantener el portafolio crediticio activo de manera saludable, pues cuentan con las provisiones o estimaciones requeridas según normativa SUGEF 1-05″, dice la superintendente.

Los créditos liquidados son aquellos que la entidad desactiva de su cartera de crédito en balance por no cumplir con las políticas y procedimientos de la entidad. Es decir, no son créditos recuperables por métodos normales para la entidad financiera, sino que, pese a un esfuerzo de cobro, no fue posible recuperar el crédito. Al ser eliminados de su cartera, estos préstamos ya no forman parte de la ecuación que dictamina el indicador de mora.

En diciembre de 2021, en todo el sistema financiero nacional se habían liquidado créditos por ¢2,03 billones, para mayo del 2022 ese número alcanzó los ¢2,14 billones. También hay que tomar en cuenta que en 2021 la cantidad de operaciones liquidadas había subido un 18,17% con respecto al año anterior.

Un futuro vulnerable

El consenso entre las entidades y autoridades financieras es que las medidas de alivio crediticio fueron clave durante la pandemia. En los 21 meses que duraron las flexibilizaciones, alrededor de un 90% de la cartera fue modificada entre una y tres veces por medio de prórrogas, reestructuraciones o refinanciamientos.

Según datos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), el monto de los beneficios alcanzó los ¢12,1 billones en más de 1,62 millones de readecuaciones efectuadas sobre operaciones crediticias. Los datos corresponden a 11 de los 14 bancos activos y el 51,1% de los montos ayudaron a personas y el restante 48,9% al sector empresarial.

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“El conjunto de medidas contribuyó a que durante los momentos más duros de la pandemia la mora crediticia se mantuviera dentro de los parámetros de normalidad regulatoria”, explica Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). “Una de las razones por las cuales nuestro sistema pudo enfrentar con éxito los impactos de la pandemia, fue que las entidades estaban muy bien capitalizadas y con estimaciones holgadas producto de la normativa estricta previamente emitida por el Conassif en materia de suficiencia matrimonial, estimaciones contracíclicas, gestión de riesgos, entre otros”, agrega Dent.

Aún así, los nubarrones de peligro todavía no han terminado de oscurecer el cielo crediticio del país. El paso de la pandemia dejó peores notas en las categorías de riesgo de las operaciones del sistema financiero. El total de la cartera clasificada C, D y E pasó de ser un 8,11% en febrero de 2020 a un 10,11% en mayo de 2022. El crecimiento de la categoría C fue especialmente marcado durante la pandemia con un aumento del 52,84% entre febrero de 2020 y 2022, aunque entre el último diciembre al pasado mes de mayo su aumento se estabilizó en 1,11%.

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Ahora el sistema, aún con las secuelas de la pandemia sobre la piel, es golpeado por nuevos riesgos como los procesos inflacionarios mundiales —en junio el país alcanzó una inflación interanual del 10,6%, la más alta desde 2009—, el alza en tasas de interés —que afectará más a quienes tengan créditos con tasa variable—, una fuerte depreciación del colón, la continuación de altos niveles de desempleo y la ralentización del crecimiento económico.

La sumas de estas presiones hacen que los deudores tengan que enfrentar un incremento en las cuotas de los créditos al mismo tiempo que ven una disminución real de sus ingresos por efectos de inflación. Ante esto, Dent comenta que, aunque los impactos exactos son difíciles de estimar, la lógica pareciera indicar que los números de morosidad deberían subir.

Incluso el BAC Credomatic, la tercera entidad financiera con menores indicadores de mora, está consciente que el contexto actual podría generar un impacto sobre la capacidad de pago de sus deudores. Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas, mencionó que el banco está en un proceso permanente de revisión de la cartera para determinar cuáles clientes podrían verse más afectados por la coyuntura y tomar decisiones previas.

A junio de 2022, las mutuales presentaron el mayor número número de mora como porcentaje de la cartera directa, posicionándose en 3,5%, relativamente cerca de las predicciones realizadas por la superintendente en octubre del año pasado. Los bancos comerciales del Estado y el Banco Popular le siguieron con 2,98% y 2,35%, respectivamente, mientras que la Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande y los bancos comerciales privados y corporativos fueron los que menor indicador de mora tuvieron con 1,42% y 1,77%.

Si se toma en cuenta cuáles bancos han reducido más su morosidad en 2022, el Banco BCT encabeza la lista con una disminución del 25,23%, al cual le siguen el BAC San José y el Banco General Costa Rica con 18,63% y 15%. De las entidades públicas, el Banco Popular es la única que ha reducido este indicador en lo que va del año.

Por el momento, el BCT considera exitosas las medidas crediticias aplicadas durante la pandemia, aunque admite que todavía es prematuro tomar conclusiones definitivas, especialmente en los productos de mayor plazo de financiamiento, según comunicó la entidad mediante un correo electrónico.

Quien más ha visto crecer su mora es Prival en un llamativo 1.048,61%, sin embargo su indicador de morosidad es el segundo más bajo de todos los bancos: 1,05%. Roberto Rodríguez, vocero de la entidad, menciona que el aumento se debe a un solo caso puntual que esperan poder solucionar por medio de un arreglo en “condiciones razonables”.

Los tres bancos públicos del país aparecen entre los cinco con mayor porcentaje de mora del sistema financiero, siendo el Banco de Costa Rica (BCR) el único en sobrepasar la marca del 3%. No obstante, el banco con mayor morosidad es uno privado: el Banco Lafise con un 3,76% de mora.

En el pasado mes de abril, Douglas Soto, gerente del BCR, comentó en entrevista con El Financiero que las consecuencias de la guerra en Ucrania complicaron las proyecciones y que esperan ver un deterioro en la mora en 2022.

Otro dato llamativo que deja la pandemia es el aumento de la morosidad en créditos en moneda extranjera. Mientras que las operaciones en colones redujeron su indicador de mora de 2,31% a 2,01% entre diciembre de 2019 y mayo de 2022, la mora de las operaciones realizadas en divisas creció de 2,61% a 2,86% durante el mismo periodo.

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A este comportamiento hay que agregarle que el colón tomó una marcada tendencia hacia la devaluación desde que inició la pandemia y que, para mayo de 2022, de los 807.545 deudores con operaciones crediticias en dólares, 792.601 obtenían sus ingresos en colones. Es decir, debían convertir la moneda local a un tipo de cambio cada vez más alto.

A su vez, los segmentos normalmente orientados a personas físicas y actividades de micro, pequeñas y medianas empresas presentan un mayor porcentaje de morosidad que el promedio del sistema.

Tanto Aguilar como Dent consideran que las condiciones del 2022 generarán nuevos retos en materia crediticia y que se debe continuar una estricta vigilancia sobre su comportamiento durante el año para valorar el impacto de todas las variables sobre el sistema financiero, “el cual a la fecha conserva su solidez”, dice Aguilar.

“De presentarse un incremento en la morosidad a niveles relevantes, el Conassif y la Sugef estarán tomando las medidas oportunas que sean necesarias para preservar la estabilidad financiera del país”, menciona Dent.