DOCUMENTO PUBLICADO ESTE MIÉRCOLES EN LA GACETA

Micitt inicia nueva consulta de un Plan de Telecomunicaciones que cuesta $388 millones

Plan concluiría en 2021, con la conmemoración del bicentenario de la independencia; establece 20 Mbps como promedio para banda ancha, pero omite qué se hará con los 70 MHz para telefonía móvil pendiente de licitar


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Un plan de telecomunicaciones que estaría culminando en el 2021 en el bicentenario de la Independencia, tendrá un costo de al menos $388 millones.

Este plan mantiene varias acciones cuestionadas anteriormente por varios sectores, atiende a medias las demandas en banda ancha y que omite indicar qué ocurrirá con los 70 MHz para telefonía móvil que falta por licitar desde el 2010.

Así se perfila el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015- 2021 "Una sociedad conectada" con el que este miércoles el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) inició un nuevo proceso de consulta pública, el cual tendrá una duración de 10 días hábiles según el edicto publicado en el diario oficial La Gaceta.

El PNDT debía haber estado en enero pasado, después de haber sido prorrogado el anterior Plan. Sin embargo, el conflicto interno en el Micitt entre la anterior ministra y el anterior viceministro de telecomunicaciones —agudizado en abril pasado cuando ambos fueron destituidos— atrasó más el proceso de definición del nuevo documento.

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Este es el segundo PNDT, un documento que es esperado por los operadores, pues en él se delinean las principales acciones que impulsará el Ejecutivo en el periodo de los años comprendidos del 2015 al 2021 y con eso las compañías pueden determinar sus inversiones y planes corporativos de corto y mediano plazo.

El costo del PNDT sería equivalente a unos ¢201.995 millones, pero aún falta que el Micitt estime el costo de 11 líneas de acción contempladas en el proyecto.

Buena parte de los recursos serían aportados por instituciones involucradas como el mismo Micitt, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación (MEP), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y cuyos recursos se alimentan de los aportes de los operadores.

Reconocimientos

El documento hace un repaso de la situación del país en materia de telecomunicaciones y la ubicación de Costa Rica en la posición 49 a nivel global en el índice del Foro Económico Mundial, así como cuarto de América Latina (superado por Chile, Puerto Rico y Uruguay).

Sobre los objetivos y las metas, este PNDT reconoce que son ambiciosas y que se aspira a marcar un cambio en el entorno nacional, con el fin de colocar al país a la altura de las naciones que sobresalen por sus avances en el uso de la tecnología.

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El documento explica que la fecha final del año 2021 —aparte de su simbolismo— se establece para dar oportunidad a la siguiente Administración de valorar las metas programadas y plantear nuevos propósitos.

En términos cualitativos el PNDT establece que —tras la apertura del mercado, que constituyó la fase inicial del cambio del sector— ahora se avanzaría hacia una segunda etapa de las telecomunicaciones denominada de "inclusión social y consolidación de la competencia a través de la calidad", donde se concretarían proyectos de acceso universal para reducir la brecha digital y facilitar el incremento de la calidad de los servicios a nivel residencial y comercial.

Además, se impulsarían modelos de ciudades digitales, a través de un gobierno electrónico "cercano", y como fase previa a las "ciudades inteligentes" que comprenderían servicios cotidianos a través de vías digitales.

Competencia efectiva

El PNDT también reconoce la necesidad de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) "preste cuidadosa atención a la aceleración de las acciones, que en el ámbito de sus competencias, contribuyan a dinamizar y mejorar el funcionamiento del mercado".

Con esto estaría atendiendo uno de los principales llamados de operadores como Movistar y Claro para que se culmine con el proceso de reforma de los mercados de telecomunicaciones locales.

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Sin embargo, de inmediato el PNDT le da un espaldarazo a la Sutel e indica que se deben realizar los estudios necesarios para afianzar la evolución de la prestación de los servicios, determinar el grado de competencia efectiva de los mercados de telecomunicaciones y su revisión periódica.

También se indica que se debe pasar a actualizar las regulaciones de acceso universal, prestación y servicios de calidad al usuario, acceso e interconexión de redes de telecomunicaciones y reglamentos para infraestructura de telecomunicaciones, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), la política en materia de infraestructura de telecomunicaciones, el modelo de referencia de televisión digital, la política de participación activa en el modelo de gobernanza de Internet, la política para el desarrollo del ecosistema digital y la promoción de la accesibilidad de las telecomunicaciones.

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En la polémica materia de banda ancha el PNDT propone orientarse hacia el mejoramiento de la calidad de la conexión de banda ancha y que el 80% de la población tenga disponibilidad a servicios con una velocidad según la mediana (20 Mbps) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos (OCDE), "sin excluir velocidades superiores".

En el caso de la población atendida a través del Fonatel el borrador presentado elude definir la velocidad de las conexiones, tras las críticas que se dieron a principio de año cuando un primer borrador propuso 2 Mbps en general como enlace de banda ancha.

Este nuevo borrador también propone que cada 18 meses se actualicen las velocidades de conectividad definidas en el mismo PNDT.

Sin embargo, no se indica nada sobre la licitación pendiente para telefonía móvil y que según Movistar y Claro les permitiría tener más capacidad para brindar sus servicios de voz y, en especial, de datos móviles.

Inclusión digital

El Plan abre un capítulo de inclusión digital con acciones que estarían contenidas por una llamada Agenda de Solidaridad Digital, la cual se plantea como objetivo reducir la brecha digital.

Ahí estarían incluidos los proyectos de Fonatel para comunidades excluidas, que enfrentan una cobertura parcial o "parcial ampliada" o que carezcan de conectividad o su conectividad sea residual. Estas acciones se consideran como complemento de las acciones estatales y del mercado para proveer servicios de telecomunicaciones.

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Las acciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad se dirigien a conectar comunicades y hogares, centros y espacios públicos y a establecer una red de banda ancha solidaria.

Asimismo, se complementan con acciones de alfabetización digital que incluyen el empoderamiento de la población de las tecnologías, un programa nacional de formación docente en tecnologías y una plataforma denominada "Tecno@prender".

A nivel de metas se plantea el acceso a servicios de voz y datos para el 184 distritos; cobertura del 100% de la población indígena, nuevos proyectos de vivienda y que el 100% de los colegios del MEP tengan el bachillerato internacional con el modelo Tecno@aprender y con conexiones de mínimo 20 Mbps.

También se incluye un subsidio para Internet y la entrega de dispositivos de conexión para 140.496 hogares, así como para 750 mujeres emprendedoras y empresarias jefas de hogar.

Adicionalmente se establece la distribución de 40.000 dispositivos de conectividad entregados a centros de servicios y que funcionen Centros Comunitarios Inteligentes en 100% de las bibliotecas públicas, en centros diurnos de adulto mayor y en los CEN-Cinai, así como 240 puntos de acceso gratuito a Internet para la población.

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Para la apropiación y alfabetización digital se proponen una Red de Banda Ancha Solidaria y del programa de Empoderamiento de la Población en Tecnologías Digitales, la capacitación de 62.267 personas a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de todos los docentes del MEP, y que 317 centros educativos tengan la plataforma tecnológica.

Gobierno electrónico

El Plan también incluye acciones para el desarrollo del "gobierno electrónico y transparente" mediante el intercambio de información, trámites en línea, interoperabilidad entre sistemas de información, e inversiones públicas compartidas, entre otras, todo lo cual implica modernizar y transformar las instituciones a partir de la adopción de tecnologías digitales y aplicaciones accesibles.

Entre las acciones contempladas están la adopción del expediente digital único de salud (el cual deberá estar en el 100% de los EBAIS en el 2018), un programa para impulsar el gobierno electrónico, la informatización de los trámites (al menos dos de los principales trámites automatizados por entidades públicas para 2018 y 10% vía móvil en 2021), la conformación de una oferta de servicios tecnológicos compartidos en el Estado, la promoción del teletrabajo en el sector público (50% de Ministerios ejecutando plan en 2018) y la accesibilidad a las tecnologías.

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Según el PNDT el aprovechamiento de las tecnologías debe impactar positivamente el medio ambiente (para el 2018 al menos 18 Ministerios deberán tener iniciativas tecnológicas orientadas a beneficiar el ambiente), al tiempo que se promoverá la certificación en Carbono Neutralidad de los operadores y proveedores de telecomunicaciones, para lo cual se propone como meta que en el 2021 al menos 30 empresas cuenten con la certificación otorgada por Inteco.

Se contempla que para el 2016 la totalidad de las instituciones deben estar utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas y que los ministerios también deberán contar con planes de ciberseguridad para el 2018.

Economía digital y apagón analógico

Otro capítulo del PNDT está dedicado a la economía digital, enfocado en le mejora y aumento de la productividad, la eficiencia, los mercados y la información del entorno de las empresas, en especial para las pequeñas y medianas (pymes) mediante la disponibilidad, variedad y calidad de los servicios generada a partir de la competencia efectiva de los operadores de telecomunicaciones.

Para ello el Plan establece que "es importante garantizar" el acceso de los servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad de espectro radioeléctrico, el despliegue sostenible y ordenado de la infraestructura, y reglas claras de funcionamiento del mercado, al tiempo que se debe poner a disposición de las pymes las condiciones de conectividad, acceso y calidad de servicios de banda ancha, tanto como aplicaciones digitales y contenidos para los usuarios según las necesidades de cada población.

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Asimismo se indica que se debe favorecer la expansión de las inversiones y la competencia efectiva en el mercado, lograr una distribución del espectro radioeléctrico sustentada en su uso eficiente y observando criterios de pluralidad, garantizar "que toda la polación (incluyendo las personas con algún tipo de discapacidad) pueda acceder a servicios de radiodifución de calidad, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna" y promover el acceso a la producción de software, desarrollo de contenidos y aplicaciones para ofrecer servicios y productos innovadores.

"Por último, se debe asegurar que las decisiones en materia de digitalización de los servicios de radiodifusión se fundamenten en estudios técnicos previos", indica el documento.

En materia de radiodifusión digital se establece que las acciones estarán dirigidas a la democratización del espectro radioeléctrico para la transición de la televisión digital y de la radio digital, así como para el desarrollo de aplicaciones interactivas.

También se tendrían acciones para utilizar la banda de servicios avanzados de telecomunicaciones (IMT por Internacional Mobile Telecommunications) para lo cual se asignarán 890 MHz al 2021; la consolidación del punto neutro de intercambio (con al menos los 5 mayores operadores por tráfico conectados al 2016); y el uso del protocolo IPv6 en servicios de al menos 18 ministerios para el 2016, a los que se sumarán servicios internos en ese estándar en igual cantidad de entidades para el 2019.

Estas líneas se complementarían con acciones de comercio electrónico que incluyen iniciativas para la bancarización. Aquí las metas son que para el 2018 las 340 Juntas de Educación y Administrativas estén gestionando al menos el 50% de sus recursos mediante la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital y que para el 2019 más de 3,7 millones de personas mayores de 15 años tengan acceso al sistema bancario mediante la entrega de una tarjeta de proximidad y acceso al servicio SINPE Móvil.

Asimismo, para el 2018, se espera que el 100% de las instituciones públicas con programas sociales estén implementando el 75% del Sistema Único de Pago Electrónico. También se establece que para el 2017 se esté ejecutando el sistema de factura digital.

En términos concretos el PNDT establece que se tendrán 24 MHz de radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención a necesidades locales y nacionales al 2018.

Al mismo tiempo se mantiene la meta del 2017 para el apagón analógico, pese a la inquietud del sector empresarial sobre el costo del proceso y sobre quién recaera tal gasto.

A pesar del recelo existente, al mantenerse la meta del apagón se establece que a esa fecha el 100% de los hogares tendrán televisión digital abierta con el estándar bajo estándar ISDB-Tb, así como que se dispondrá de al menos una aplicación interactiva de gobierno electrónico para ese año y otras tres para el 2019 que se puedan utilizar a través de este servicio.

El PNDT también establece que para el 2018 el 70% de concesionarios de transporte público remunerado de personas (modalidad autobús) de rutas regulares nacionales implementan un servicio de transporte inteligente.

Sostenbilidad y financiamiento