La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de ley que pretende establecer la colegiatura profesional voluntaria en Costa Rica podría comprometer los procesos de control, rendición de cuentas y fiscalización de los fondos públicos.
El órgano contralor emitió su criterio técnico sobre el proyecto de ley Reforma para la Promoción de la Libre Competencia en los Servicios Profesionales y Modernización del Régimen de Colegiatura (25.747), el cual propone eliminar la obligatoriedad de afiliarse a un colegio profesional para ejercer.
Según el análisis de la institución, el modelo voluntario propuesto resulta insuficiente para aquellas funciones que exigen altos estándares técnicos, de independencia y éticos en el manejo de los recursos del Estado.
Riesgos para la Hacienda Pública
La Contraloría enfatizó que ciertas actuaciones profesionales, como las auditorías, cumplen un rol esencial para la toma de decisiones financieras en el sector público. Para estos puestos, los lineamientos actuales exigen la certificación de un miembro activo del colegio profesional respectivo que garantice la calidad de los servicios profesionales.
El documento detalla que, si se aprueba la iniciativa tal como está redactada, se impediría exigir requisitos adicionales como la colegiatura para asumir cargos de auditor y subauditor, o bien, la condición de contador público autorizado para realizar auditorías externas de los fondos públicos.
Además, la CGR señaló dudas sobre la creación del Registro Nacional de Profesionales, una plataforma que estaría adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El texto legislativo carece de una estimación de los costos asociados al desarrollo, operación, mantenimiento y seguridad de este registro, y tampoco define una fuente clara de financiamiento que garantice su sostenibilidad en el tiempo.
Reacción de los contadores
Tras la divulgación del documento contralor, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica reaccionó a favor del análisis y solicitó que las observaciones sean tomadas en cuenta durante el trámite legislativo para detener el avance del proyecto.
“Para el Colegio, uno de los aspectos centrales de este criterio es la necesidad de distinguir entre el régimen general de colegiatura y los requisitos especiales que deben mantenerse para determinadas funciones profesionales, particularmente aquellas vinculadas con la auditoría, el aseguramiento y la fiscalización de fondos públicos”, indicó Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores.
A esta postura gremial se sumó la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), organización que alertó que la propuesta de ley no ofrece claridad sobre la continuidad de los mecanismos de supervisión y disciplina profesional.
Según la asociación, este cambio normativo dejaría una falta de cobertura y supervisión efectiva para quienes decidan ejercer su profesión de manera independiente y sin colegiarse.
