En las últimas semanas me ha embargado un gran pesimismo y congoja por el rumbo (o falta de este) que lleva nuestro país. Los indicadores macroeconómicos más o menos positivos que muestra Costa Rica se ven empañados por una infraestructura que literalmente se cae a pedazos, un gobierno sin norte y plagado de corrupción, un panorama electoral desolador para el 2014, movimientos sociales que se creen con derecho a imponernos su agenda variopinta por la vía de la calle y un partido Liberación Nacional hegemónico que continúa con su proyecto de copar todos los puestos de poder importantes del país.
El voto de ayer contra la reelección del magistrado Fernando Cruz fue perfectamente legal. La Constitución pone en manos de los diputados la decisión de darle continuidad o no a un magistrado de la Corte Plena. A pesar de esto, el voto fue nefasto para la independencia del Poder Judicial por el mensaje que envía. Por primera vez en la historia de la Segunda República los diputados niegan la reelección a un magistrado, por lo que los demás integrantes del Poder Judicial quedan avisados de que sus decisiones judiciales serán sometidas a un mayor escrutinio político de ahora en adelante. Ya el proceso de selección de los magistrados estaba empañado por una puja de poder política en la Asamblea Legislativa. Pero hasta ahora, una vez electos, los magistrados contaban en teoría con independencia para ejercer su criterio judicial. Ya no. Un voto incómodo puede significar el fin de la carrera de un magistrado la próxima vez que se someta a reelección.
No soy ningún fan de muchos de los votos de Fernando Cruz. En particular me pareció que era uno de los magistrados que mostraba mayor hostilidad hacia la libertad económica. Pero nadie niega su independencia e integridad. Y tampoco se supone que un cuerpo colegiado como la Sala Constitucional deba mostrar una unanimidad de criterio en sus decisiones, más cuando tenemos una Constitución tan nebulosa y vaga como la nuestra. No queda duda de que los votos de Cruz incomodaron a mucha gente. Y la ausencia de explicaciones coherentes acerca de por qué se le negó la reelección habla volúmenes de la agenda que manejan sus opositores, encabezados por el PLN pero que también incluye al Movimiento Libertario.
No es ningún secreto que desde hace ya un buen rato el Partido Liberación Nacional se encuentra en una campaña por socavar la independencia del Poder Judicial. La Fiscalía ya ha sido tomada--y la reciente decisión de la Corte Plena enmendándole la plana al Fiscal General Jorge Chavarría en el caso de la filtración de la sentencia de Crucitas habla por sí misma. No olvidemos que Chavarría fue viceministro de Seguridad de este gobierno. Y otro viceministro de Seguridad de este gobierno se encuentra ahora en la terna de candidatos que aspiran a dirigir al OIJ. No olvidemos tampoco cómo el ex director de dicha institución, Jorge Rojas, advirtió sobre el peligro de que alguien llegara al frente del OIJ a "obedecer línea de partido". Pero es la Sala IV la que sigue siendo la joya de la Corona judicial. Es ahí donde de manera controversial se decidió eliminar la prohibición a la reelección presidencial. Es ahí donde se decide el futuro de muchas de las leyes y decretos que producen los otros dos poderes de la República (que ya están en manos del PLN). Quien controla la Sala IV, controla el país. Lo de ayer fue uno de los golpes más descarados públicos en esta ofensiva.
¿Qué podemos hacer? Creo que debería aprobarse una enmienda constitucional para aislar aún más a la Corte Plena de cualquier interferencia política. Los magistrados deberían ser electos para un período único (sin reelección) de 10 o 15 años. De tal forma nos garantizaríamos que, una vez electos, podrán ejercer su cargo con completa independencia sin hacer cálculos para su reelección.
Por supuesto que una reforma de estas tendría que ser aprobada por la Asamblea Legislativa, que en este caso es la raíz del problema. Por más difícil que pareciera, esta ha sido la peor colección de diputados de la que tengo memoria. Veo espeluznante que nuestro sistema electoral junte en el Primer Poder de la República a personajes como Fabio Molina, Victor Hugo Víquez, Justo Orozco y Jorge Ángulo, por mencionar solo a algunas joyas. Pero no están solos. Ahí tenemos a la diputada Granados subiéndose a la tapa de una patrulla al tiempo que le advertía a los policías que "no me pueden tocar". O a un diputado del PUSC presentándole a la ONU un plan de paz para Israel y Palestina. O el proyecto de un par de diputados del PLN y PUSC tendiente a exigirle licencia a los costarricenses que quieran tener una mascota, ya sea un chihuahua o una pareja de periquitos de amor. ¿Cómo nos la ingeniamos para escoger esta colección de personajes?
¿Y qué hay de la presidenta? ¿Importa? Parece que Laura Chinchilla ahora se ha dedicado a gastar el año y medio que le queda en el poder viajando, inaugurando malls y gastando millones en publicidad en una competencia feroz con José María Figueres para no quedar como la presidente más impopular de los últimos 30 años. Muchos simplemente contamos los minutos hasta el 2014 para que acabe este mal sueño. ¿Pero a qué nos atenemos para entonces? ¿La vuelta de los Arias al poder? ¿La llegada de uno de los "Kennedy de Palmares" a Zapote? De por sí sabemos que, no importa qué tan malo y corrupto sea este gobierno, un 35% de la población votará por el PLN en la próxima elección. Y dada la división de la oposición donde hay hasta 3 distintas coaliciones electorales, la ausencia absoluta de figuras creíbles en los demás partidos y la regla de que un presidente se escoge con solo el 40% de los votos, ya podemos intuir qué partido seguirá en el poder hasta el 2018.
Algo huele horrible en Costa Rica sin duda alguna. La interrogante sigue siendo qué podemos hacer dentro del marco democrático y constitucional para abrir la ventana y airear un poco al país.
