Costa Rica es una sociedad armada a pesar de ser un país de paz, se lamenta el Semanario Universidad. Es una noticia a la que ya nos tiene acostumbrados la prensa nacional. Forma parte de una cruzada mediática del Ministerio de Justicia y Paz, con la colaboración de la Fundación Arias para la Paz, tendiente a prohibir la posesión de armas en nuestro país. Y para eso apelan a tergiversar las estadísticas sobre crimen de una manera asombrosa.
En el pasado las autoridades han negado que su intención sea desarmar a la ciudadanía. Han dicho que su preocupación son las armas ilegales (que, por definición, ya están prohibidas), y que los controles que pretenden van en esa dirección. Sin embargo, en las últimas semanas el viceministro de la Paz (¡vaya nombre!), Max Loría, ha venido dejando cada vez más claro que lo que pretende el gobierno es “reducir paulatinamente el número de armas en manos de particulares”, en otras palabras, atacar la posesión de armas que son permitidas y que están legalmente registradas.
Como he señalado con anterioridad, lo único que logran estas leyes es desarmar a aquellas personas que cumplen la ley. Los criminales, por definición, continuarán armados y más bien se verán beneficiados con la medida puesto que saben que sus potenciales víctimas serán incapaces de defenderse. Basta con revisar los diarios para ver que el uso defensivo de armas es bastante común en Costa Rica. Más aún, lo que se reporta en los medios es por lo general aquellos casos en donde un criminal es asesinado por su víctima. En la mayoría de los casos que un arma es usada con fines defensivos, el agresor no muere.
Sin embargo, el viceministro Loría recurre a una estadística para demostrar, según él, que el problema son las armas legales: el 63% de los crímenes en Costa Rica se comete con armas de fuego debidamente registradas. El dato suena contundente, pero queda la interrogante: ¿de dónde la sacó? El funcionario no lo aclara, pero a los medios parece no importarles puesto que la repiten sin ton ni son.
Según he averiguado, la estadística viene del Poder Judicial y tiene que ver con la cantidad de homicidios dolosos cometidos en el 2009 en el país. Ese año hubo 501 asesinatos, de los cuales 323 (un 64%) se cometieron con arma de fuego (ver el cuadro). Sin embargo, de inmediato saltan varias dudas con esa estadística. El viceministro Loría achaca el 100% de los homicidios con armas de fuego cometidos en el país a armas registradas legalmente. ¿Puede el viceministro respaldar esa afirmación? Porque basta con ver el desglose en la tabla adjunta para notar que 41 de los asesinatos fueron por problemas de droga. ¿Andan todos los narcotraficantes con armas debidamente inscritas? También, vemos 10 homicidios por sicariato. ¿Los sicarios registran sus armas? ¿Y los 91 homicidios por robo o asalto fueron todos realizados con armas legales? Además, se incluyen en la estadística los 21 homicidios por legítima defensa, los cuales claramente ocurrieron con armas legalmente inscritas, pero, como el nombre lo dice, fueron usos legítimos de las mismas. Podríamos seguir desgranando las cifras, pero no hace falta ver que la estadística del viceministro Loría es claramente fraudulenta.
El viceministro debería explicarnos la fuente de su afirmación, y también decirnos cuántos de los homicidios cometidos en Costa Rica son realizados por personas que cuentan con un permiso para portar armas. Esa es la estadística que cuenta a la hora de analizar si la tenencia legal de armas por parte de particulares es un problema que merece ser atacado.
Tiene la palabra el viceministro Loría.
