EscucharLa prudencia es uno de los cuatro valores cardinales. Algunos la definen como “la capacidad de analizar y comprobar información antes de tomar una decisión, evaluando sus consecuencias”. Ciertamente todos en la vida hemos pecado de imprudentes, saltando a conclusiones, señalando culpables y exigiendo cuentas de manera precipitada. Pero se supone que con los años –y las lecciones que nos da la vida– aprendemos la virtud de ser prudentes y de meditar bien nuestras acciones. Esta semana, con las revelaciones de los Papeles Panamá, es un buen momento para ejercer la prudencia.
Me referiré aquí exclusivamente a las revelaciones que tienen que ver con nuestro país, ya que el espacio no da para comentar el alcance mundial de la filtración de todos los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca. Pero incluso si nos limitamos a Tiquicia, hay mucho que comentar.
Imprudencia de medios de comunicación: A dos medios de comunicación nacionales se les confió la publicación en Costa Rica de los documentos filtrados: Semanario Universidad y AmeliaRueda.com. Según el primero, desde hace 5 meses vienen trabajando en la información (74.958 documentos), por lo que cualquier impertinencia cometida a la hora de publicar la noticia no se le puede achacar a la premura. Lamentablemente el Semanario Universidad, ya sea por torpeza o por agenda política, desde un inicio incurrió en publicaciones tendenciosas cuyo resultado ha sido atizar una cacería de brujas.
Su nota principal "Empresarios y banqueros de Costa Rica refugian fortunas en paraísos fiscales", cita a un gran número de personas (encabezados por Otto Guevara, obvio) que "aparecen" en los documentos. Pero de primera entrada el periódico no aclara en qué calidad es que estos individuos son mencionados. A partir de la publicación el domingo en la tarde, los descendientes criollos de Robespierre salieron a las redes sociales a demandar la cabeza de los implicados. Conforme han pasado las horas, y más por iniciativa de las personas aludidas que por los oficios del Semanario, hemos descubierto que muchos de estos individuos no participaron en ningún negocio turbio ni mucho menos ilícito. En algunos casos son mencionados simplemente porque iban copiados en alguna comunicación, o porque sus nombres aparecían en un papel membretado.
Lo que pudo ser una investigación interesante sobre evasión fiscal en Costa Rica, degeneró en una operación de embarre con ribetes ideológicos y políticos. Está muy claro.
Hacer negocios en Panamá no es un crimen: Para poner en perspectiva, la filtración revela el modus operandi de un bufete en Panamá dedicado a crear sociedades anónimas en el extranjero. Por lo que nos estamos enterando, en algunos casos se trataba de negocios perfectamente legítimos, en otros casos había un interés claro por eludir impuestos y en otros la intención sí era abiertamente evadirlos.
Sin embargo, la reacción ha sido ver con ojos de criminal a cualquier persona que tenga cuentas, sociedades y negocios en Panamá. Para ello debemos tener presente que dicho país no solo es nuestro vecino geográfico, sino que es un importante socio comercial con el que intercambiamos aproximadamente $800 millones en bienes y servicios cada año. Es imposible mantener una relación comercial de esta envergadura sin que coterráneos nuestros utilicen el sistema financiero y legal panameño.
Por eso, mantengamos la perspectiva (y la cordura).
Entendiendo offshore, elusión y evasión: A raíz de este escándalo, varios términos se están utilizando de manera indiscriminada y algunos de ellos están siendo satanizados injustificadamente. Por ejemplo "offshore", que significa contar con un activo u operación en otro país o jurisdicción. Por ejemplo, yo siendo residente en EE.UU., cuento con una cuenta bancaria offshore en Costa Rica. Esto no me hace criminal. Y hay que decirlo: toda persona es libre de tener su plata donde mejor le parezca, sea debajo del colchón, en una caja fuerte, en una cuenta en el banco de la esquina, o en otro país. Nada lo obliga a uno a mantener en Costa Rica la plata que se ganó honradamente. Ahora bien, ciertamente hay gente que usa sociedades o cuentas offshore para eludir o evadir impuestos, lo cual nos lleva a la siguiente definición.
"Elusión" es tomar acciones por vías legales para evitar o reducir el pago de impuestos. Por ejemplo, ante la fecha límite para declarar impuestos en EE.UU. (15 de abril), este fin de semana iré a H&R Block, una empresa de asesoría tributaria, para que me ayuden a descontar al máximo mi cuenta impositiva. Ahí, yo estoy eludiendo impuestos. Cada vez que alguien hace uso de una exención o portillo legal para reducir la cuenta que le debe al fisco, está incurriendo en elusión, lo cual no solo no es un crimen, sino que no tiene nada de inmoral, puesto que uno no está obligado a pagar en impuestos más de lo estrictamente requerido por ley.
Hay que agregar que, entre más complejo sea el sistema tributario, más oportunidades brindará para la elusión. Y aquellas personas con más recursos para contratar a los mejores contadores y tributaristas serán los que más provecho le sacarán a la complejidad de las normas tributarias.
"Evasión" sí es un crimen, ya que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de evadir el fisco. Si se demuestra en esta filtración que empresas o individuos costarricenses usaron estos instrumentos legales para EVADIR (y nótese la diferencia con ELUDIR), entonces ahí sí corresponderá a las autoridades nacionales realizar las investigaciones y sentar las responsabilidades del caso.
Eludir, o incluso evadir, no es lo mismo que robar: He visto a mucha gente catalogar el impago de impuestos con robarle al Estado y a la sociedad. Dejemos algo claro: el Estado (ni la "sociedad") es dueña del dinero que uno produce. Robar implica el acto de apropiarse de algo ajeno contra la voluntad del dueño. Tratar de quedarse con el dinero de uno no es un robo.
Sí, evadir impuestos es un crimen. Uno cuenta con una obligación legal de pagar lo que la ley dictamina que uno debe. Pero esto en ningún sentido debería interpretarse como que el Estado tiene un reclamo moral sobre mis ingresos. Incluso cuando el dinero de uno pasa a manos del fisco, no deja de ser mío. No hay tal cosa como "recursos del Estado", sino de los contribuyentes. El Estado es un simple custodio y el gobierno es el administrador.
Una sociedad no puede funcionar sin impuestos y el Estado es el único ente que puede tener la legitimidad para despojarnos de un porcentaje de nuestros ingresos A CAMBIO de brindarnos ciertos servicios. Nótese el quid del asunto: no es que el Estado nos quita plata simplemente porque puede o le da la gana, sino bajo el entendido de que debe proveernos algo a cambio: justicia, salud, educación, transporte, etc. Y por supuesto que la LEGITIMIDAD del Estado a gravarnos cae proporcionalmente con el aumento en la percepción de deterioro de los servicios que recibimos a cambio de nuestros impuestos. En otras palabras, el gobernante viola este contrato social cuando incurre en corrupción y despilfarro .
Cuando en Costa Rica pagamos un impuesto al ruedo altísimo por carreteras que se encuentran entre las peores del planeta, ¿quién le está robando a quién? Cuando vemos que el dinero de los contribuyentes no se va a brindar servicios de calidad, sino a pagar salarios inflados que no guardan proporción con la realidad económica del país, ¿quién está asaltando a quién? Cuando Costa Rica se encuentra en la posición 118 entre 144 países en cuanto a la calidad del gasto público, según el último Informe sobre Competitividad Global, ¿con qué autoridad moral pueden acusar a los contribuyentes de robar por tratar de reducir su pago de impuestos? Cuando un candidato se lanza a presidente diciendo que no hace falta aumentar los impuestos, pero luego llegado a Zapote es lo primero que intenta, ¿quién es el que incurre en fraude?
Con la agenda tributaria del gobierno nos hemos topado: No había tardado en salir el primer tuit sobre los Papeles Panamá, y ya estaba la administración Solís diciendo que todo esto justifica su agenda impositiva, en particular su proyecto sobre defraudación fiscal que contiene el registro único de accionistas. Ya en La Nación expliqué por qué me opongo a esta iniciativa.
Prueba de que tener un registro de accionistas no habría hecho mayor diferencia en este caso, es que países que cuentan con ese instrumento salen en esta filtración con ciudadanos involucrados. En otras palabras, el registro único de accionistas es una falsa solución ante el percibido problema de las sociedades offshore.
Pero si algo podemos aprender de una filtración, es del peligro latente de tener información centralizada. En este caso, que Tributación cuente con la información completa de cada uno de los socios de las más de 500.000 sociedades anónimas registradas en el país, incluido el monto de su capital accionario, es una filtración esperando a ocurrir.
¿Cómo luchar contra la evasión? Hay dos maneras de luchar contra la evasión fiscal. Una es darle al Estado todos los poderes y herramientas legales que pide para poder levantar chingos, revisar colchones y no dejar una sola piedra sin voltear. Sin duda en Costa Rica hay gente que cree en este enfoque, y es por eso que abogan no solo porque Tributación tenga acceso irrestricto y directo a toda la información sobre accionistas en el país, sino también para que se elimine el secreto bancario y se le den poderes al fisco para embargar bienes sin que medie un proceso judicial.
Todo esto en el entendido de que estos poderes extraordinarios que atentan contra nuestra privacidad y derecho de propiedad nunca serán abusados. Basta con ver la arbitrariedad con la que Tributación actúa cada año en el cálculo y cobro del marchamo para tener una idea sobre qué podría ocurrir en este escenario. La realidad es que mucha gente sacaría su dinero del país, se llevaría sus negocios a otra parte y no solo Costa Rica terminaría empobrecida, sino que incluso el mismo Estado acabaría con menos recursos.
El otro escenario es hacer de Costa Rica un país atractivo para que la gente deje su plata aquí y no se la lleve a otras partes. Eso se logra con niveles impositivos bajos, un sistema tributario sencillo y sin tanto recoveco y, también, un Estado que invierte bien los recursos de los contribuyentes. Costa Rica se encuentra en la posición 80 entre 189 países en cuanto a la facilidad que brinda para el pago de impuestos, según el Banco Mundial (hemos mejorado porque el año pasado estábamos en la 119). La tasa impositiva total que paga una empresa promedio es del 58% sobre sus ganancias, más alta que el promedio latinoamericano (47,7%) y que de las naciones mayormente desarrolladas de la OECD (41,2%). Y como mencioné arriba, en materia de gasto el Estado costarricense destaca a nivel mundial por su despilfarro e inoperancia.
En mi opinión, la mejor manera de combatir la evasión es haciendo al país más atractivo al capital, bajando tasas y simplificando el cobro y pago de impuestos, además de mejorando significativamente la calidad del gasto público de tal forma que el contribuyente sienta que recibe servicios óptimos por sus tributos. Es posible que incluso en estas circunstancias habrá gente que buscará no pagar su parte. A ellos corresponderá responsabilizarlos como se debe.
En resumen, me temo que el escándalo que se busca hacer en nuestro país a raíz de los Papeles Panamá es parte de una ofensiva ideológica de quienes buscan engordar aún más a un Estado ya de por sí elefantiásico y además pretenden otorgarle poderes irrestrictos sobre nuestras vidas y propiedades. No es por nada que Albino Vargas lo llamó "un gigantesco insumo para nuestra lucha por la justicia tributaria". Tengamos una discusión seria sobre cómo reducir la evasión de impuestos, pero no hagamos cacerías indiscriminadas en el proceso o generalizaciones ideológicas. Las buenas políticas públicas surgen de discusiones sopesadas y no de efervescencias al calor del último escándalo en la prensa.
