EscucharContinuando con el análisis de las propuestas fiscales de los candidatos presidenciales, hemos estudiado el plan de gobierno del Frente Amplio (FA) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En el caso del PUSC, tienen como punto de partida las reglas fiscales. Para ello ya han propuesto una reforma constitucional que le permite a la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, hacer recortes al presupuesto incluyendo los gastos establecidos en leyes ordinarias, cuando el Ejecutivo presente un presupuesto con gastos superiores a los ingresos o cuando la deuda del Gobierno Central sea de un 50% del Producto Interno Bruto (PIB).
Precisamente, Rodolfo Piza Rocafort plantea un estricto control del gasto como su arma principal para atacar el déficit fiscal. Una acción es reformar el empleo público al limitar la creación de plazas e implementar un mayor control de los beneficios laborales a los burócratas. Se rechaza la posibilidad de plantear “paquetes tributarios” y se aspira a un aumento de los ingresos a través de acciones como la eliminación de las exoneraciones injustificadas (lo cual solamente se puede hacer mediante ley).
La única reforma en tributos que el PUSC propone es pasar del impuesto general sobre las ventas actual a un impuesto al valor agregado, manteniendo la tarifa actual del 13% excepto para los servicios de salud y educación, que tendrían una tarifa preferencial que implique un menor impacto económico en los ciudadanos. En síntesis, el PUSC apuesta sólidamente a reducir el gasto y en menor medida a buscar nuevos ingresos por medio de reformas tributarias.
Por su parte, el Frente Amplio y su candidato Edgar Araya Sibaja incluyen en su plan de gobierno una política fiscal basada en la progresividad, es decir, a mayor ingreso más alta la tarifa. Proponen una gran reforma fiscal con tres principios básicos: justicia, suficiencia e integralidad.
Específicamente, muy acorde a su tendencia izquierdista, pretenden aumentar los impuestos sobre “las grandes rentas y riquezas”. Para esto se plantea: gravar las ganancias de capital, pasar de un impuesto de renta territorial (solo pago impuestos por las rentas de fuente costarricense) a renta mundial (pago impuesto incluso por las rentas que se generen fuera de Costa Rica), la creación de un impuesto a la expatriación de capitales, una tarifa de impuesto especial a las entidades financieras con altos rendimientos, un impuesto a las herencias, a los capitales golondrina, a los envases contaminantes y a las empresas de zona franca para financiar pymes, entre otras propuestas de nuevos tributos.
En cuanto al Impuesto sobre las Ventas, proponen pasar al Impuesto al Valor Agregado sin aumentar la tarifa actual del 13%. Consideran una exoneración para la canasta básica, la educación y la salud. Respaldan el sistema de devolución del IVA a los hogares más pobres y consideran crear tarifas más elevadas para los bienes y servicios de los hogares más pudientes. Asimismo, hablan de gravar con mayor rigor las comidas perjudiciales a la salud, es decir, un impuesto a la comida “chatarra”.
Araya Sibaja propone agresivas reformas para aumentar la recaudación. Se indica la eliminación de “trabas innecesarias” para el levantamiento del secreto bancario, un endurecimiento de la responsabilidad solidaria de los socios de las entidades y el aumento de las penas por el delito de defraudación fiscal.
El autor es Gerente de Impuestos & Legal de Deloitte
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