Según la última encuesta disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en nuestro país más de 855.140 personas vivimos en alguna de las 257.486 viviendas destinadas al alquiler. Esto representa más del 17% de toda la población costarricense y aunque el precio y las condiciones variarían según las características del inmueble y su ubicación, lo cierto es que cualquier cambio que impacte estos contratos de arrendamiento debe de ser analizado con muchísimo cuidado, al afectar algo tan sacrosanto como el hogar.
Arrendamientos y reforma fiscal
Por lo tanto, no debería asombrar el hecho de que la Reforma Fiscal abarque de forma diferenciada la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda.
Recordemos que esta normativa establece un impuesto del 13% a todos los servicios y ventas (en cada etapa de la cadena productiva); pero para evitar un impacto mayor a sectores específicos de la economía (o más vulnerables), existen una serie de exoneraciones o tratamientos especiales para contrarrestar el efecto.
Los arrendamientos de viviendas entran en esta categoría, el encontrarse exentos del IVA aquellos contratos que el monto de la renta mensual sea igual o inferior a 1,5 salarios base (aproximadamente ¢646.500 mensuales). Si el arrendamiento mensual supera los 1,5 salarios base, se le aplicaría un IVA del 13% en la totalidad del monto cancelado mensualmente.
(Eugenia Soto)
En la práctica, esto implica que, con la entrada en vigencia de la reforma fiscal, la gran mayoría de quienes alquilamos donde vivimos no veríamos un cambio en la cuota mensual por nuestro hogar.
Veamos los números: Según el INEC, en nuestro país más de 3.190.000 personas no viven en hogares que tengan un ingreso mensual promedio por encima de los ¢743.323 (es decir, un 64%) Del restante 36%, la mitad posee un ingreso promedio mensual de ¢1.128.765 y la otra mitad ¢2.634.851.
Ciertamente un IVA que solo impacte los arrendamientos de vivienda cuya mensualidad esté por encima de 1,5 salarios bases, está dirigido a la población con más ingresos en nuestro país. Esto debido a que, tal y como demuestran las cifras del INEC, la mayoría de los hogares costarricenses no podrían costear un alquiler mayor a los ¢646.500 mensuales.
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