EscucharEl Partido Centro Democrático y Social (PCDS) utilizó los certificados de cesión –conocidos popularmente como bonos de deuda política– para financiar los gastos de campaña de su candidata Ana Virginia Calzada Miranda. Los resultados electorales no fueron suficientes para que los financistas puedan tener el retorno de su dinero. Conozca la cantidad de bonos, y su respectivo valor, que emitieron en los comicios de 2026.
Calzada es abogada de profesión, con especialidad en derecho constitucional, ambiental y de familia. Fue la primera mujer nombrada magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y tuvo el cargo de presidenta de ese órgano en tres ocasiones. Ella es pensionada desde el 2013, tras casi tres décadas de trabajar en el Poder Judicial.
El PCDS es un partido fundado en el 2012 que tuvo varios periodos de inactividad. Para las elecciones de 2026, la agrupación política hizo todos los procesos solicitados por el TSE para reactivarse y participar en los comicios.
“El partido se reactiva por la necesidad nacional de unir a las personas, a todos los costarricenses que quieran sumarse a la lucha. Ahí hay personas de todas las tendencias ideológicas en una línea de centro, que busca equilibrio y me parece que es un partido que está aglutinando el descontento que hay con respecto a la política actual”, señaló Calzada a los medios de comunicación cuando se ratificó su candidatura a la presidencia.
Para financiar las actividades proselitistas, una de las herramientas que usó el partido fue la de los certificados de cesión.
De acuerdo con el TSE el certificado de cesión, o bono de deuda política, es un mecanismo de financiamiento con recursos privados, el cual permite a las agrupaciones políticas ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado en casi de que logren al menos el 4% de los votos o un diputado.
La valoración de ventajas y desventajas ante la compra de certificados de cesión depende del incentivo del inversionista al realizar el desembolso. Hay personas que los adquieren por su afinidad partidaria, mientras que otros lo hacen en búsqueda de un retorno financiero.
El TSE ha señalado que la adquisición de bonos de deuda política no constituye un derecho puro y simple, sino que es uno eventual. La devolución de los fondos y sus respectivas ganancias depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido.
En este caso, no habrá devolución por medio de fondos estatales, porque no se cumplió con los umbrales requeridos para que el partido tuviese derecho a la contribución estatal.
Estos certificados solo pueden ser comprados por ciudadanos costarricenses o naturalizados, medios de comunicación y bancos. El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. En el caso del PCDS, la mayoría de sus bonos fueron vendidos con un descuento del 50%.
Según el informe que brindó la tesorería del partido al TSE, 14 personas compraron 57 bonos. La suma total de los bonos emitidos es de ₡114 millones.
El mayor financista fue Gustavo Solórzano Zeledón, quien adquirió certificados de cesión por un valor de ₡35 millones.
La tercera persona que compró más bonos fue la propia candidata presidencial, Ana Virginia Calzada, que adquirió certificados por un valor de ₡18 millones.
El PCDS apenas obtuvo el 0,24% de los votos válidos en la papeleta presidencial y no obtuvo ningún diputado.
Al no superar los umbrales antes mencionados, su partido no tiene acceso a la contribución estatal, por lo que el dinero que gastaron los financistas en los certificados de cesión no será devuelto por medio de la deuda política, que para estas elecciones era de ₡39.000 millones los cuales se repartirán entre los partidos que sí cumplieron los requisitos.
Cada agrupación política maneja su administración de fondos de manera distinta, pero, al ser los certificados de cesión un derecho eventual, la legislación vigente no obliga a ninguna organización a pagarle a tenedores de bonos cuando no se logran los resultados electorales para cobrar la deuda política. Es decir, no es imperativo que realicen una gestión de cobro con los financistas en caso de que no tengan acceso a la deuda política.
A continuación, se presenta la lista completa de los 14 compradores de bonos del PCDS que no podrán cobrar al Estado por no cumplir los requisitos de los resultados electorales necesarios para acceder a ese derecho:
Gustavo Solórzano Zeledón: ₡35.000.000
Lia Lisette Ramírez Quirós: ₡20.000.000
Ana Virginia Calzada Miranda: ₡18.000.000
Emilio Arias Rodríguez: ₡11.000.000
Carlos Román Gutiérrez Salazar: ₡10.000.000
Juan José Echeverría Alfaro: ₡6.000.000
Andrés Medina Aguilar: ₡4.000.000
Carla Salguero Moya: ₡2.000.000
Guillermo Cortés Antia: ₡2.000.000
Urania Chaves Murillo: ₡2.000.000
Javier Ballestero Campos: ₡1.000.000
Edwin Patterson Bent: ₡1.000.000
Álvaro Calzada Miranda: ₡1.000.000
Julio Ballestero Campos: ₡1.000.000
