Hasta que la Sala resuelva la Ley se sigue aplicando pero si algún caso llega a juicio, no se podrá dictar sentencia hasta conocer el resultado de la acción de inconstitucionalidad.
El accionante considera que la Ley limita la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación porque otorga una protección especial a los políticos, lo que atenta contra la labor investigativa.
Además, señaló que el proceso legislativo de aprobación tuvo vicios de orden y se aprobó un texto que no fue el que inicialmente se dio a conocer a la ciudadanía.
Esta Ley modificó varios artículos del Código Penal para incorporar 15 nuevos delitos. Entre los cambios está elevar de cuatro a ocho años de prisión la pena para quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas", lo que para varios sectores representa una vía para ocultar la corrupción.
Además, el artículo 196 bis castiga con prisión de tres a seis años a quien se apodere, modifique o desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en bases de datos públicas.
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