EscucharEl alcalde de San José, Diego Miranda, envió una carta a la presidenta Laura Fernández para solicitar el apoyo del Gobierno en la atención del creciente número de personas en condición de calle que enfrenta el cantón central, una problemática que, asegura, ya desborda la capacidad de respuesta de la municipalidad.
Según el jerarca municipal, alrededor de 2.300 personas viven actualmente en calles, aceras, alcantarillas y edificios abandonados de la capital. A su juicio, esta situación es el reflejo de “una política fracasada”.
“Social, económica y culturalmente estamos retrocediendo”, afirmó Miranda en un video divulgado en sus redes sociales, donde también reveló que ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la mandataria para abordar el tema.
El alcalde reconoció que la Municipalidad de San José no cuenta con las competencias, el presupuesto ni las herramientas necesarias para atender por sí sola una problemática de esta magnitud. Por ello, en la carta pidió a Fernández coordinar la intervención de las instituciones del Gobierno con competencia en la materia.
Junto con la misiva, Miranda remitió una propuesta sustentada en tres ejes. El primero plantea la creación de una mesa de trabajo integrada por todas las instituciones competentes para definir responsabilidades, presupuesto y un modelo de atención integral.
La segunda iniciativa propone impulsar un proyecto de ley que otorgue nuevas herramientas legales a las instituciones encargadas de atender esta población, iniciativa que, según el alcalde, ya cuenta con el respaldo de las tres fracciones legislativas más numerosas. Finalmente, plantea establecer un seguimiento permanente desde el Consejo Social vinculado a la Presidencia de la República.
“Los ministerios, las instituciones autónomas y los órganos desconcentrados del Gobierno Central han ignorado esta problemática durante demasiado tiempo, trasladando la carga a los gobiernos locales”, sostuvo Miranda.
El alcalde también advirtió que parte de la población que vive en condición de calle se desarrolla dentro de una economía informal vinculada al narcotráfico. Según sus estimaciones, ese mercado podría mover más de ¢420 millones al mes por concepto de venta de droga en San José, lo que equivaldría a unos ¢5.000 millones al año.
Con la carta, Miranda busca que la atención de las personas en condición de calle deje de recaer principalmente sobre la Municipalidad de San José y pase a ser abordada mediante una estrategia interinstitucional.
