El comportamiento salarial del sector público en 2026 no será reflejo de lo que ocurrirá en 2027. Las condiciones que rigen este año contrastan con las que enfrentarán los funcionarios el próximo periodo, en un giro que modifica las expectativas de ingreso dentro del aparato estatal.
En abril, los salarios más bajos del Gobierno Central recibirán aumentos de hasta ¢20.000; sin embargo, el 2027 se perfila como un año sin margen para este tipo de ajustes, lo que cierra la puerta a cualquier incremento en la remuneración mensual por costo de vida y pone límites sobre el gasto total del Gobierno.
Este repunte, seguido de su eventual estancamiento, responde directamente a la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB), un indicador que activa restricciones automáticas al gasto cuando la deuda alcanza o supera el 60% del PIB nacional, de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).
Desde 2020, la razón deuda/PIB se mantuvo por encima de ese umbral, lo que provocó el congelamiento salarial en el Gobierno Central. Aunque en 2024 el indicador descendió a 58,9%, el alivio no se tradujo de inmediato en aumentos, ya que los presupuestos se aprueban antes del cierre del año fiscal y, por tanto, antes de conocerse el dato definitivo de la deuda en relación con el PIB.
El ajuste que entrará en vigor en abril responde, precisamente, al resultado fiscal de 2024. En contraste, la ausencia de incrementos en 2027 obedece a que la relación deuda/PIB se ubicó en 60,4% a diciembre de 2025, reactivando las limitaciones que condicionan el crecimiento del gasto salarial y devolviendo al Gobierno al tramo más rígido de la regla fiscal.
Pequeño alivio
Tras cinco años con salarios congelados en el Gobierno Central, el 2026 refrescará —aunque de forma acotada— los bolsillos de los funcionarios ubicados en los niveles salariales más bajos. El ajuste será efectivo a partir del 1.° de abril
“El ajuste contempla un aumento general de ¢10.000 para las personas servidoras que se mantengan en el esquema de salario compuesto y cuyo salario total no supere el salario global de referencia. Adicionalmente, se otorgarán ¢10.000 más, para un total de ¢20.000, a quienes tengan salarios base iguales o inferiores a ¢514.600”, anunció el Ministerio de Planificación (Mideplán).
Funcionarios de distintos ministerios de la República, así como del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, figuran entre las instituciones cuyos aumentos salariales se rigen por la regla fiscal contenida en la Ley 9.635.
De acuerdo con Mideplán, el ajuste salarial del presente año beneficiará a 28.000 funcionarios en los primeros niveles de la escala salarial.
Durante el periodo de congelamiento sostenido en años anteriores, un ligero alivio se produjo en 2024, cuando se pagó de forma retroactiva el ajuste por costo de vida correspondiente a 2020 para funcionarios públicos. Sin embargo, no significó un restablecimiento de incrementos regulares año a año, sino una corrección puntual.
Congelamiento de vuelta
El anuncio del efecto positivo en los salarios duró poco menos de una semana. Días después, el Ministerio de Hacienda informó sobre el resultado de las finanzas públicas al cierre de 2025, evidenciando una relación deuda/PIB del 60,4%, cifra que coloca nuevamente al país en el terreno de las restricciones severas y anticipa la imposibilidad de incrementos salariales para 2027.
A ello se suma que la entrada en vigencia del esquema de salario global en 2023 fijó un tope a las remuneraciones, imponiendo un congelamiento hasta que los salarios compuestos igualen el monto global definido para cada puesto. Asimismo, quienes perciben un salario compuesto superior al salario global han visto sus ingresos inmovilizados hasta que ambas cifras converjan.
“Ante el nuevo régimen salarial, muchos aumentos en anualidades y en otras partidas habían quedado congelados. Ahora hay que esperar los resultados de 2026 para conocer el panorama salarial para 2028”, indicó Leiner Vargas, catedrático del Centro Internacional en Política Económica y Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional.
Asimismo, el 2027 enfrentará el escenario más estricto de la regla fiscal, ya que una deuda superior al 60% del PIB obliga a adoptar medidas extraordinarias: no ajustar el monto de las pensiones —excepto por costo de vida—; no suscribir nuevos créditos o préstamos —salvo aquellos orientados a atender la propia deuda pública—; no aplicar incrementos por costo de vida en el salario base y no otorgar subsidios.
Además, bajo el tramo más restrictivo, el gasto total no podrá sobrepasar el 65% del promedio de crecimiento del PIB. Cuando la relación deuda/PIB es inferior al 60%, el crecimiento del gasto corriente tiene límites más amplios —75% y 85%, según el nivel de endeudamiento—, lo que permite mayor holgura presupuestaria. El gasto corriente incluye costos diarios como salarios y servicios esenciales para el funcionamiento del Estado, mientras que el gasto de capital se destina a inversiones en infraestructura y proyectos de largo plazo.
Norberto Zúñiga, economista de la Academia de Centroamérica, señaló que la aplicación de la regla fiscal en 2027 se considera especialmente restrictiva porque “limita la expansión del gasto total del gobierno, ya no solo el gasto corriente”.
Lo descrito por Zúñiga no es nuevo; ocurrió en años anteriores bajo la misma normativa. Quedará en manos del Gobierno entrante sostener —o revertir— la trayectoria de la deuda.
Si la administración de Laura Fernández logra ubicar la deuda nuevamente por debajo del umbral del 60% del PIB, podría abrir la puerta a ajustes salariales y de pensiones a partir de 2028.
