Por: Laura Ávila.   9 diciembre, 2020
La iniciativa autoriza a las empresas privadas ampliar la reducción de jornadas laborales hasta marzo de 2021, cuando puedan demostrar la afectación financiera por la pandemia y que le es imposible mantener la planilla.
La iniciativa autoriza a las empresas privadas ampliar la reducción de jornadas laborales hasta marzo de 2021, cuando puedan demostrar la afectación financiera por la pandemia y que le es imposible mantener la planilla.

Este miércoles 9 de diciembre 35 diputados aprobaron en primer debate el Proyecto de Ley Ampliación del Plazo que Autoriza la Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional (Expediente 22.265).

La iniciativa autoriza a las empresas privadas a extender la reducción de jornadas laborales hasta marzo de 2021, cuando puedan demostrar la afectación financiera por la pandemia y que le es imposible mantener la planilla.

“Al consensuar con mis compañeros y el gobierno estamos evitando los despidos a trabajadores ya que los patronos que aún no han superado la pandemia (como el sector turístico) no se verán obligados a recortar puestos y dejar sin empleo a los miles de trabajadores que mantienen jornada reducida por la pandemia que ampliamos por tres meses más”, afirmó la diputada socialcristiana María Inés Solís.

Durante la votación cuatro legisladores se manifestaron en contra. Se trata de Paola Vega, Melvin Núnez, Welmer Ramos y José María Villalta.

El expediente 22.265 ingresó a la corriente legislativa el pasado 21 de octubre y se le dispensó de todos los trámites, por lo que ingresó directamente a Plenario.

El proyecto adiciona un nuevo transitorio (III) a la Ley N° 9.832 para ampliar el plazo ya establecido y brinda la posibilidad que se mantengan a trabajadores a jornadas reducidas.

La iniciativa tuvo la oposición de José María Villalta, diputado por el Partido Frente Amplio, pues considera que se da una gran afectación a los trabajadores.

“Quiero reiterar que la fracción legislativa del Frente Amplio vota en contra porque el proyecto es inoportuno, injusto, falta análisis y no considera la afectación de las personas obreras”, indicó Villalta en Plenario.

Paola Vega, legisladora oficialista, también se opuso por la falta de datos técnicos por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que sustenten la iniciativa. “No sabría si estoy afectando injustamente a miles de trabajadores del sector privado”.