El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo y último debate el proyecto de “Ley para la Preservación del Uso Agropecuario de los Terrenos". La iniciativa propone que las fincas de los agricultores no deban pagar más allá de un 20% adicional por concepto del impuesto de bienes inmuebles durante los próximos 4 años.

La votación se dio este jueves por unanimidad y es producto del acuerdo que alcanzaron los agricultores, el Poder Ejecutivo y el régimen municipal,tras una masiva protesta de parte del sector productivo, argumentando un aumento desmedido en el valor de sus terrenos en caso de que se aplicaran la nuevas Plataformas de Valor por Zonas Homogéneas (PVZH), que equiparaban el valor de las tierras de cultivo con el de otras extensiones dedicadas al desarrollo turístico o urbanístico.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) considera que los términos de las ley impiden que las municipalidades sufran pérdidas en los próximos años, en tanto que el Poder Ejecutivo quedó obligado a realizar un censo agrícola para determinar con certeza la carga tributaria que deberán pagar los productores a los ayuntamientos.

Ese estudio tendrá un costo de ¢6.000 millones cuya procedencia aún no determina el Poder Ejecutivo. La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, aún no da una fecha exacta para el inicio del censo.

Los productores esperan que la nueva ley reduzca sus costos de producción para aumentar su competitividad frente a bienes agrícolas importados de países que subsidian a los empresarios.