La curul legislativa se convierte, para algunos diputados, en la antesala de la competencia por la silla presidencial. En las próximas elecciones, un total de cuatro legisladores de la actual Asamblea Legislativa aspiran a dar el salto a Zapote.
Entre ellos figura Ariel Robles, del Frente Amplio, quien se ubicó en el tercer lugar de preferencia entre los votantes con un 5% en diciembre y, posteriormente, en enero cayó al cuarto puesto con un 4%, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El Financiero conversó durante una hora con Robles sobre producción, tipo de cambio, seguridad, pensiones, regla fiscal, educación e impuestos. Si bien el candidato descarta la creación de nuevos tributos, su planteamiento sobre las grandes herencias introduce un matiz en su propuesta tributaria.
| Selección de entrevistados |
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| Para esta serie de entrevistas, El Financiero contactó desde diciembre de 2025 a los cuatro aspirantes con mayor intención de voto, según la encuesta del CIEP-UCR divulgada ese mes: Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles. Fernández no atendió a este medio. |
¿Cuánto cuesta la exoneración a pymes que usted propone reglamentar? ¿Cómo financiará ese vacío fiscal?
Nosotros logramos aprobar en la legislación actual un proyecto de ley que establece que toda nueva pequeña y mediana empresa sea exonerada (del impuesto de la renta) por un plazo de cinco años, alargando el tiempo que hoy tiene de tres años.
¿Y cómo financiaría ese vacío fiscal?
No genera un vacío fiscal que sea de alto impacto para la economía costarricense. Primero porque, como son nuevas pequeñas y medianas empresas, quiere decir que todas las empresas que ya están trabajando siguen sosteniendo el sistema.
Lo que estamos buscando también es ampliar el margen de formalización. Toda aquella empresa que eventualmente se pueda inscribir, va a lograr tener esta exoneración y con el tiempo va a empezar a contribuir.
Usted menciona poner un gravamen temporal a las empresas de zonas francas, ¿de cuánto y por cuánto tiempo lo propone?
El plan es claro en decir que no se va a imponer absolutamente ningún impuesto a zona franca. Lo que hemos planteado es, si la discusión internacional nos lleva a esa discusión, nosotros necesitaríamos de forma urgente reunirnos con el sector de zona franca para poder acordar una alternativa, que le sirva a ellos y que le sirva al país.
“Los que tenemos un poco más tenemos que contribuir con los que tienen un poco menos”
— Ariel Robles, candidato del Partido Frente Amplio.
¿Cree que los trabajadores independientes deben pagar la misma cuota que el resto de los patronos?
Yo creo que tiene que ser diferenciado para que pueda existir mayor formalización. Pero nuevamente, esa es una discusión que hay que abordar llegando al Gobierno, desde la Caja hacia fuera, no como se ha dado que es desde afuera hacia la Caja y así no ha funcionado.
Usted propone que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tenga por objetivo el pleno empleo y control de inflación al mismo nivel. ¿Cuáles serían las herramientas que tendría el BCCR para llegar a la meta de empleo?
No creemos en tener subyugado un objetivo económico a otro, sino que más bien estén al mismo nivel. El ponerlos al mismo nivel hace que el Banco Central con un ejercicio político pueda tener mayor margen de maniobra para interpretar.
Esto es más una reforma política que tiene implicaciones económicas. El ejercicio económico de cómo se aplica esa ley tiene que ser en pleno respeto de la autonomía del Banco Central.
Explíquenos cómo es el régimen cambiario que se imagina y por qué lo califica de equitativo.
El tipo de cambio tiene que tener un equilibrio. El sector económico de nuestro país lo que ha pedido es que exista un equilibrio que se pueda mantener en el tiempo y que no vengan fluctuaciones muy fuertes que le impacten directamente las proyecciones económicas que tienen especialmente los sectores más exportadores.
Y eso es un poco nuestra orientación, que debe existir equilibrio para que pueda existir una planificación económica de todos los sectores de nuestra economía.
Su plan de gobierno habla de impulsar un fondo de estabilización cambiaria para el sector turismo cuando la baja del tipo de cambio sea excesiva ¿cómo se financiará ese fondo?
Eso es una discusión con el sector turismo. En el último congreso que hizo el sector turismo (se demostró que) hay posibilidades reales de que el mismo sector genere una contribución a este fondo que se mantenga en el tiempo, y que pueda estabilizar en los momentos en los cuales hay dificultades como las que estamos viviendo actualmente.
Creemos que la solución viene de esa colaboración con el sector para encontrar las medidas. La forma de financiamiento del fondo tiene que ser obviamente construida con el sector turismo.
También habla de una cláusula para la estabilización de tarifas para el turismo nacional ¿qué quiere decir eso?
Creemos que es una discusión que tiene que hacerse con el sector turismo.
Cuando hablamos de establecer cómo clarificar el margen de tarifas que ofrecen en turismo, no estamos hablando de que hay que ver qué se hace con el turismo formal de nuestro país. (Nos referimos a que) hay plataformas que están completamente abiertas y no hay un cumplimiento mayor de absolutamente nada, mientras que existe un cumplimiento normativo (para proyectos turísticos y hoteles).
¿Por qué dice que no va a crear nuevos impuestos, mientras que su plan de gobierno incluye la creación de varios tributos?
¿En dónde dice que no más impuestos?
Lo dijo en declaraciones al periódico La Nación.
No crear nuevos impuestos a la gente.
Pero si tengo una herencia, ¿tendré que pagar impuestos?
¿Cuánto podría ser su herencia? ¿Es de $3 millones?
Nosotros lo que hemos planteado es algo que plantean los Estados Unidos y es un impuesto a las grandes herencias millonarias mayores a $3 millones.
¿Por qué planteo eso? Si de los $3 millones de herencia agarro un 0,01%, un 0,2%, un 1%, y lo llevo a contribuir al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el régimen al que hoy no tiene acceso mucha gente, creo que no mata a nadie.
Es simplemente el sentido de una economía, en la cual entendamos que los que tenemos un poco más tenemos que contribuir con los que tienen un poco menos.
Usted propone excluir el gasto de capital de la regla fiscal. ¿Cómo evitaría que esta excepción se convierta en un portillo para reclasificar gasto corriente como inversión?
Yo creo que no va a ser posible (reclasificar) porque hoy está suficientemente clarificado qué se entiende como gasto de capital, porque la Contraloría lo ha definido abiertamente y claramente bien. Es decir, la Contraloría nunca va a permitir que usted justifique una cosa como lo que no es.
Nuestro interés real es agarrar el Estado, que tiene un músculo fuerte de la economía, y que lo dinamicemos para que también inyecte en el sector privado a partir de la inversión en obra pública porque además la necesitamos.
Limitar el congelamiento salarial a dos años implica mayor presión sobre el gasto. ¿Cómo compensaría y financiaría ese aumento sin incumplir las metas fiscales?
Actualmente la variante de deuda-PIB está en una situación donde ya se pueden descongelar salarios.
Nosotros creemos que hay que mejorar en materia de evasión y elusión fiscal, que significativamente es mucho en nuestro país y que nosotros podemos compensar desde ahí cualquier equilibrio necesario si descongelamos salarios.
En materia de seguridad, ¿por qué cree usted que las penas alternativas sean la solución a la crisis de inseguridad que vive el país?
Hemos presentado la creación de un plan de recuperación de la paz y la seguridad en los territorios. Hay que tomar los diez cantones con mayor índice de violencia y decretar que en estas comunidades hay una emergencia no solamente de seguridad, sino de salud pública.
A partir de ese decreto se conforma un equipo de alto nivel.
Ante su pregunta, consideramos que no va a ser suficiente, y por eso creemos que es necesario buscar programas más integrales para el abordaje y la recuperación del territorio.
También propone contratar personal especializado para mejorar la valoración de la población privada de libertad. ¿Cuántos funcionarios se requieren, cuánto cuestan por año y cómo se van a financiar esas contrataciones?
No tenemos valorado en este momento el proceso de cómo va a ser el financiamiento o la búsqueda. Sí hay fondos de características internacionales que podrían contribuir.
Esa sería la primera tesis de trabajo: buscar ese financiamiento a partir de colaboración en materia internacional, especialmente por las características que se tienen y que se percibe.
Destinar el 50% de los recursos del impuesto a personas jurídicas y casinos para financiar programas de seguridad preventiva implica reasignar fondos. ¿Qué programas dejarían de financiarse?
Hay recursos hoy que podrían utilizarse para eso; ya lo permite el impuesto que está establecido para casinos y demás. Ya se permite dirigir a programas sociales y preventivos, lo que habría que hacer es articular mejor cuáles son esos programas que hoy se están financiando.
Lo que está pasando es que mucho de ese impuesto termina yéndose a las arcas de Hacienda, y Hacienda no lo gira, entonces terminan organizaciones sociales sin poder articular y trabajar. Lo que estamos diciendo es que nosotros sí creemos que esos recursos deben girarse.
¿Cuál es la modalidad ideal para el retiro del ROP y sabe cuál es el costo al hacerlo de esa manera?
Sí, sí sabemos. Hay un estimado de cuánto podría ser el impacto que existe en el producto interno bruto de nuestro país.
¿Qué es lo que hemos pensado? Nosotros creemos que es válido el reclamo de la gente y creemos que la discusión debe ponerse sobre la mesa, por eso lo hemos señalado.
Pero, ¿cuál es la modalidad ideal para el retiro del ROP?
Las personas tienen que tener el derecho a retirar el ROP. Las condiciones en las cuales podemos hacerlo debe ser una discusión país.
Habría que encontrar el mecanismo para hacerlo, pero lo que yo voy a defender en este planteamiento es que la gente tiene un reclamo legítimo y que hay que sentarse sobre la mesa con esos sectores a conversar cuál va a ser la salida.
Pero ese retiro masivo afectará a todos los integrantes de este fondo.
El Frente Amplio ha planteado la primera propuesta con un proyecto de la diputada Rocío Alfaro que está hablando de un sector de la población específico que hoy tiene de 65 años para arriba.
Hay un sistema bancario que está ganando con las retribuciones que generan del ROP y eso no lo está viendo la gente.
Yo entiendo su posición y entiendo lo que usted me dice, pero es desde una perspectiva completamente económica, y la economía tiene que tener rostro humano.
¿Cómo propone que el Estado le pague a la CCSS, en qué condiciones y con qué fuentes de financiamiento?
La recaudación tiene que venir por parte de un compromiso del Estado y también un compromiso, por ejemplo, en todos los empréstitos que ha firmado el Estado costarricense y que se aprueban fondos para la Caja, pero que no se ejecutan, no se trasladan.
Que se garantice que en los próximos 20 años todos los gobiernos de turno van a dar el aporte para poder reducir significativamente la deuda que tiene hoy con la Caja.
¿Está consciente de los riesgos que supone poner los recursos del régimen básico de pensiones en el financiamiento de la obra pública?
Eso lo piden los regímenes de pensiones; por ejemplo, el régimen del Magisterio pide que se habilite para poder invertir en obra pública. Nunca un régimen de pensiones va a invertir en algo en lo cual no haya posibilidad de retribuirse.
¿Qué es lo que pasa? Hoy la obra pública está cayendo en manos de H. Solís y Meco.
Uno de los riesgos es que los plazos de finalización de obra pública suelen tardar más de lo estimado.
No son tiempos de espera. A H. Solís no le importa durar 10 años, lo que le importa son las ganancias. Es que estamos como en dos variables diferentes: una cosa es obra pública y que la obra pública tiene que ser eficiente y eso es responsabilidad del Estado y el Estado tiene que exigirle a quien haga obra pública que la haga de forma eficiente y rentable.
¿Cómo evitarían usted esos riesgos o que se siga copiando ese patrón?
En materia de obra pública tiene que haber una fiscalización institucional contundente de la obra pública, porque aquí hay chorizos de por medio.
Lanamme debe tener criterios que sean realmente vinculantes y de acatamiento.El MOPT tiene que ser un ente rector con mayor capacidad, no puede ser que la lógica siga siendo un MOPT con todas sus responsabilidades diluidas.
En materia de educación. ¿Cómo pretende revertir el problema de la formación de los educadores en los ciclos de educación básica?
Hay un problema que tiene que ver con la formación docente en dos vías: la gente que ya se ha contratado y otro la gente que se contrata.
En términos de la gente que se contrata, tiene que haber no solamente una búsqueda por perfiles, sino que tiene que haber un criterio de idoneidad.
El segundo tiene que ver con el tema de la gente que ya está trabajando. Yo no conozco ninguna empresa en el mundo que quiera tener buenos trabajadores y que no los capacite. El sistema educativo costarricense abandonó ese modelo de capacitación y acompañamiento institucional.
¿Cuáles son los tres resultados que usted se propone lograr en materia educativa, al cierre de su eventual mandato?
Queremos reducir en un 60% a 70% las órdenes sanitarias que hoy tenemos en nuestro país.
Queremos lograr una universalización del sistema de alimentación.
Que la obligatoriedad de la educación no llegue hasta donde está actualmente, sino que llegue hasta el bachillerato como un compromiso del Estado para mantener a las personas dentro del sistema.
