El lunes 27 de abril, el Plenario de la Asamblea Legislativa no logró sesionar por falta de quórum. Con solo 34 diputados presentes —cuatro menos de los 38 necesarios— Rodrigo Arias se vio obligado a suspender la jornada.
El martes 28 de abril, cierre oficial del período constitucional 2022-2026, el escenario fue similar: 35 legisladores en sala fueron insuficientes para abrir el debate. El Congreso clausuró así su ciclo cuatrienal sin sesionar en sus dos fechas finales, un hito sin precedentes en la historia parlamentaria reciente.
Detrás de esas sillas vacías no hubo caos ni descuido; hubo aritmética.
El proceso que debía resolverse en esas sesiones era la votación de los informes de la Comisión Especial Investigadora que analizó la denuncia por hostigamiento sexual de la exdiputada y exasesora Marulín Azofeifa Trejos contra el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, líder de Nueva República.
La comisión emitió dos informes recomendando una amonestación ética pública, y uno en sentido contrario. El Plenario debía decidir antes del 28 de abril, porque ese reglamento solo puede aplicarse a un diputado en ejercicio.
La maniobra para evitar esa votación fue simple: si no hay quórum, no hay sesión. Si no hay sesión dos días seguidos, el período termina. Y si el período termina sin votación, la posible sanción se extingue.
El lunes faltaron 23 legisladores. La lista es reveladora: los ocho integrantes de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), encabezada por Pilar Cisneros; los seis diputados de Nueva República, incluido el propio Alvarado; y un grupo proveniente del Partido Liberación Nacional (Óscar Izquierdo, Alejandra Larios y Sonia Rojas), el Partido Unidad Social Cristiana (Melina Ajoy, Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles) y tres independientes (Leslye Bojorges, Luis Diego Vargas y Gilberth Jiménez).
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, ofreció una explicación para la ausencia del 27: sus ocho diputados habían ido a almorzar al restaurante Limoncello y el servicio tardó. “Cuando nos dimos cuenta, eran cinco para las tres, y por más que corrimos no llegamos a tiempo”, declaró Cisneros. La diputada, días antes, había anunciado que su fracción votaría contra la sanción, argumentando que “los diputados no somos jueces”.
Los liberacionistas Izquierdo y Larios adujeron haber sido convocados por la presidenta electa Laura Fernández, quien se deslindó de inmediato: “en este tema no me he involucrado de manera directa”.
Lo ocurrido no puede leerse fuera de contexto. Durante el período 2022-2026, Fabricio Alvarado votó en contra de levantar el fuero al presidente Rodrigo Chaves en dos ocasiones: por la investigación del caso BCIE-Cariñitos y por causas de beligerancia política. El oficialismo del Partido Progreso Social Democrático, a su vez, necesitó votos de Nueva República para aprobar proyectos clave durante los últimos meses del cuatrienio.
La ironía del cierre es difícil de ignorar. El reglamento contra el hostigamiento sexual que aplica para los diputados y diputadas fue aprobado en 2021 tras años de presión del movimiento feminista y de legisladoras que lo impulsaron. Este era su primer caso. La comisión investigó, recibió pruebas, realizó audiencias de diez horas y emitió sus dictámenes dentro del plazo. Todo el andamiaje parecía funcionar. Lo que falló fue lo más básico: la voluntad de los legisladores de asistir a su trabajo.
La sanción que debía votarse —una amonestación ética pública— era, en términos prácticos, la más leve que contempla el reglamento. No implicaba suspensión, no afectaba el salario, no inhabilitaba para cargos futuros.
No obstante, el cierre del período no clausura la causa penal. Alvarado tiene al menos dos expedientes activos en el Ministerio Público, incluida la denuncia formal presentada por Azofeifa en marzo de 2026 ante la Fiscalía General. Al dejar el cargo, su inmunidad parlamentaria se levanta y los procesos seguirán su curso ante una fiscalía ordinaria.
El equipo legal de Azofeifa, encabezado por la exdiputada Carolina Hidalgo y el abogado David Delgado, anunció acciones en la jurisdicción contencioso-administrativa contra los diputados que, por acción u omisión, bloquearon el trámite. El argumento central: los legisladores incumplieron sus deberes institucionales y podrían responder con su patrimonio personal.
