Por: Gerardo Ruiz R..   19 julio, 2015
 Complejo. Los bancos interesados en manejar el fideicomiso San José-San Ramón conservan dudas que el MOPT intenta aclarar. Las interrogantes las achaca la administración a la propia génesis de la ley en el Parlamento.
Complejo. Los bancos interesados en manejar el fideicomiso San José-San Ramón conservan dudas que el MOPT intenta aclarar. Las interrogantes las achaca la administración a la propia génesis de la ley en el Parlamento.

La primera experiencia de un fideicomiso para financiar obras viales no resulta del todo grata para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El disgusto radica en los cambios que los diputados introdujeron en el texto del proyecto de ley para conformar un fideicomiso que financie la reconstrucción de la vía San José-San Ramón.

El efecto de los cambios es el retraso en los cronogramas del MOPT para arrancar con las obras. Pese a esto, la cartera espera contar con el refrendo contralor para el proyecto antes de que acabe el año en curso.

Complejidad no deseada

Costa Rica llegó hasta este primer fideicomiso para la construcción de obras viales después que el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) decidió en abril de 2013 echar atrás en la concesión que se le había otorgado a la empresa brasileña OAS. Una decisión nacida del descontento vecinal con el costo de los peajes que habrían permitido el repago de la obra.

Fue entonces cuando el grupo ciudadano Foro de Occidente planteó el proyecto para que las obras de modernización de la ruta se financiaran mediante un fideicomiso en el que pudieran participar entidades como el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El MOPT acogió la idea y presentó un proyecto que fue enviado a la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.

Allí, los diputados incluyeron los cambios que el MOPT cuestiona. El Ministerio solicitó que se mantuviera su propuesta de que la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) fuera a posteriori en el caso del fideicomiso y que no se incluyeran obras adicionales, como las cuatro radiales a Sarchí, Naranjo, Río Segundo de Alajuela y Heredia-Castella. Recomendaciones que los diputados desoyeron e incluyeron los componentes en el proyecto que, finalmente, se aprobó el 5 de febrero, y que fue firmado como Ley de la República el 23 de febrero por el presidente Luis Guillermo Solís.

El MOPT sostiene que la inclusión del refrendo contralor a priori introduce riesgos al fideicomiso, específicamente en los tiempos del proceso que, se suponía, sería más flexible con este mecanismo de financiamiento.

La cartera no se oponía a que se incluyera a la CGR en el proceso. Pero sí abogó por que esa intervención de control ocurriera en las etapas finales del proyecto.

En cuanto a la inclusión de las obras paralelas a la principal, Mauricio González, viceministro de Reformas y Proyectos del MOPT, afirmó que el perjuicio en este caso ocurre porque las radiales no fueron planificadas, como sí ocurrió con la reconstrucción de la ruta principal.

“Hay que entender que los proyectos tienen que planificarse”, afirmó González.

Financiamiento

Otro de los aspectos en los que queda debiendo la ley de fideicomiso para financiar la reconstrucción de la carretera San José-San Ramón es en la información necesaria para que el proyecto sea atractivo para los bancos.

Así lo asegura la ingeniera Giselle Alfaro, viceministra de Infraestructura.

En términos financieros, dijo la funcionaria, la ley no ofrece a los bancos interesados en constituirse como fideicomisarios los datos necesarios para determinar la factibilidad del plan desde la perspectiva bancaria.

El efecto práctico de esa laguna en la ley es que no hay la seguridad deseada y necesaria en caso de que se requiera acudir al mercado de valores a captar fondos para financiar las obras.

Además, la incerteza que provoca la ausencia de información obligará a la intervención de los órganos reguladores del sistema financiero nacional, con el consecuente alargue del proceso, previó la viceministra.

“La ley no establece los costos asociados de la administración del fideicomiso”, subrayó Alfaro.

Fueron seis los bancos que en principio mostraron interés en constituirse como fideicomisarios de San José-San Ramón.

De estos, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) se retiró al estimar riesgosa su participación porque no hay seguridad de que los montos estimados para el peaje ida y vuelta sean suficientes para cubrir el repago de la obra.

Otros intermediarios, Improsa, Banco de Costa Rica, Bancrédito, BCT, Lafise y Scotiabank presentaron una centena de dudas que el MOPT aún intenta aclarar, dijo Alfaro.

Lecciones aprendidas

González y Alfaro dijeron que las falencias del fideicomiso San José-San Ramón son una lección aprendida que se pretende aplicar en el fideicomiso para la carretera San José-Cartago, que analizan los diputados.

Los jerarcas coincidieron en que la acumulación de experiencia en fideicomisos para obras viales es necesaria para que el país discuta una ley marco que cobije esos procesos en general.

En este punto coincide Federico Villalobos, economista y especialista en Alianzas Público Privadas (APP), quien considera central que esa ley, para que el país mantenga el ritmo de inversión que requiere.

Para German Brenes, gerente de Legales de Deloitte, es clave que el país desarrolle aspectos como la definición de los roles de los distintos actores de los fideicomiso, los riesgos que debe asumir cada parte y cómo se van a cubrir las variaciones que ocurran durante el proceso constructivo, como retrasos en las expropiaciones y relocalización de servicios. Consideró urgente, además, que se defina cómo se van a financiar los costos de preinversión.

La experiencia con el fideicomiso San José-San Ramón revela la inexperiencia del país en la materia, aspecto que urge solventar debido al poco éxito que han tenido otras figuras para el desarrollo de obra pública, como la concesión y por el abuso del endeudamiento con otros organismos.