A partir de la primera quincena de julio de 2026, el Gobierno comenzó a depositar el aumento salarial general de ¢10.000 para miles de funcionarios públicos con salario compuesto, pero el ajuste llega con exclusiones y retrasos que afectan especialmente al personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a trabajadores con movimientos en su carrera entre 2018 y 2023. El incremento forma parte de la “Política de Remuneración para el Sector Público 2026” y se aplica con carácter retroactivo desde el 1.º de abril de este año.
Alcance del aumento salarial
El Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN otorgó un incremento general de ¢10.000 en los salarios base de la Administración Pública para las personas servidoras que aún se rigen por el esquema de salario compuesto.
Además, fijó un aumento adicional de ¢10.000 para quienes tengan salarios base entre ¢287.000 y ¢514.600, de modo que los funcionarios en estos rangos reciben en total hasta ¢20.000 más en su salario mensual.
Para los salarios base superiores a ¢514.600 y hasta ¢534.050 se estableció un incremento adicional gradual, que decrece desde esos ¢10.000 extra hasta ¢150, y a partir de ¢534.050 solo aplica el aumento general.
El ajuste rige desde el 1.º de abril de 2026, por lo que los montos que se están depositando en julio corresponden a un pago retroactivo acumulado desde esa fecha. Al tratarse de retroactividad, Hacienda aplica rebajos por cargas sociales y, cuando corresponde, deducciones por impuesto sobre la renta sobre los depósitos.
¿Quiénes reciben el ajuste en julio?
El Ministerio de Hacienda está depositando el aumento salarial a los funcionarios registrados en el Sistema Integra I, que administra la planilla de la mayoría de ministerios, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones. Dentro de este grupo se incluyen también los cuerpos policiales, cuyo retroactivo se había anunciado originalmente para la segunda quincena de junio, pero se trasladó a mediados de julio por un incidente técnico.
Estos trabajadores reciben el aumento general de ¢10.000 en el salario base y, dependiendo del rango salarial en que se ubiquen, el monto adicional que eleva el ajuste hasta ¢20.000 para los salarios más bajos. La medida se concentra en el personal que permanece bajo salario compuesto y no aplica a quienes ya están en el esquema de salario global, de acuerdo con lo informado por Hacienda y Mideplan.
Los que se quedan por fuera (por ahora)
El grupo con el retraso más prolongado es el del MEP: estos funcionarios no están recibiendo el aumento en julio porque su planilla se gestiona mediante el Sistema Integra II, que aún requiere ajustes tecnológicos para incorporar los nuevos montos.
Las autoridades estiman que el pago se realizará hasta el cuarto trimestre de 2026, con reconocimiento retroactivo desde abril, una vez concluyan las adecuaciones al sistema.
Un segundo grupo excluido en esta primera quincena son los funcionarios registrados en Integra I que tuvieron ascensos, descensos o recalificaciones entre diciembre de 2018 y marzo de 2023: debido a un incidente en la plataforma, sus anualidades no quedaron incorporadas en el depósito inicial.
Hacienda informó que el monto correspondiente a estas anualidades se pagará el 28 de julio, de acuerdo con el calendario de la Tesorería Nacional, y aseguró que ninguna persona perderá lo que le corresponde legalmente.
Marco legal y política salarial 2026
El aumento obedece a la “Política de Remuneración para el Sector Público 2026”, aprobada por el Consejo de Gobierno en febrero de este año, cuya aplicación se desarrolla mediante el Decreto N.° 45515-H-PLAN y acuerdos de la Autoridad Presupuestaria.
La lógica central es dirigir el mayor beneficio a los niveles salariales más bajos del Gobierno Central, donde los funcionarios pueden recibir hasta ¢20.000 adicionales entre el aumento general y el incremento extra.
Según Mideplan, la disposición beneficia directamente a más de 28.000 funcionarios en los primeros niveles de la escala salarial y se acompaña de un proceso de migración de alrededor de 6.500 servidores del esquema de salario compuesto al de salario global.
El decreto también extiende el incremento general a ciertos pensionados del sector público, conforme a las normas de cada régimen, lo que amplía el alcance del ajuste más allá de la planilla activa.
Impacto en la estructura salarial
En términos de estructura, el diseño del aumento combina un monto fijo general con un componente adicional concentrado en los salarios bajos, lo que introduce una leve progresividad dentro del universo de trabajadores con salario compuesto.
Quienes se encuentran justo por encima de ¢514.600 ven un incremento adicional reducido en comparación con los que están en la base de la escala, lo que podría atenuar parcialmente las brechas entre niveles salariales inferiores y medios.
Sin embargo, una parte importante del sector público, particularmente quienes ya están bajo salario global, queda fuera de este ajuste específico y continúa sujeto a sus propias reglas de revisión salarial.
Además, los retrasos para el personal del MEP y para los funcionarios afectados por el fallo en Integra I generan una aplicación desigual en el tiempo, con grupos que deberán esperar varios meses más para ver reflejado el incremento en sus cuentas.
Claves para entender qué pasa a julio de 2026
- El aumento general es de ¢10.000 sobre el salario base para todo el personal con salario compuesto, vigente desde el 1.º de abril.
- Quienes ganan entre ¢287.000 y ¢514.600 reciben otros ¢10.000 adicionales, para un total de hasta ¢20.000 mensuales más.
- El ajuste ya se está depositando a funcionarios de ministerios, Defensoría y TSE en Integra I, incluidos cuerpos policiales, pero MEP y ciertos funcionarios con cambios de puesto entre 2018 y 2023 aún no ven el aumento.
- El pago es retroactivo desde abril y se realiza con las respectivas deducciones por cargas sociales e impuesto sobre la renta.
Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por inteligencia artificial.
